LA JURISDICCIÓN «DIRIMENTE» DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ARGENTINA: DE LAS HOSTILIDADES DE HECHO AL CONFLICTO AMBIENTAL EN LAS RELACIONES INTRAFEDERALES

1. Las diferencias entre la jurisdicción dirimente y la ejercida en las causas civiles entre provincias. Los artículos 117 y 127 de la Constitución nacional[Subir]

La diferencia entre la competencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para entender en las demandas de una provincia contra otra conforme al art. 117 y la jurisdicción dirimente emergente del art. 127 no es sencilla.

El art. 117 establece que la Corte ejercerá su jurisdicción de forma originaria y exclusiva en todos los asuntos en que una provincia sea parte.

Una primera distinción es sistemática: el art. 117 se encuentra entre las atribuciones del Poder Judicial, mientras que el art. 127 está ubicado en el título correspondiente a los Gobiernos de provincia. Pero la distinta ubicación no es suficiente para explicar la diferencia entre uno y otro tipo de función asignada a la Corte Suprema de Justicia.

Para intentar detectar estas diferencias, se pondrá el acento en los conflictos ambientales, porque es sobre esta materia sobre la que la Corte ha abierto la jurisdicción dirimente en los últimos quince años.

La Corte abre su jurisdicción originaria conforme al art. 117 en los casos en que una provincia sea parte y lo hace como tribunal con jurisdicción plena exclusivamente, pudiendo examinar los hechos, la prueba y resolver sobre el derecho aplicable. Requiere la existencia de una «causa civil». Este supuesto se encuentra receptado en la Ley N.º 48 (B. O. 25/08/1863) y reglamentado por el art. 24 del Decreto-ley N.º 1285/58 (B. O. 4/02/1958 y modificatorias) en virtud del cual quedan comprendidas: las causas que versan entre dos o más provincias, o una provincia y el Estado nacional; las causas civiles que versen entre una provincia y algún vecino o vecinos de otra, o ciudadanos o súbditos extranjeros; y las que versen entre una provincia y un Estado extranjero.

Por conflictos entre dos provincias en materia ambiental y más recientemente, en lo que aquí interesa, el Tribunal abrió su competencia originaria en La Pampa, Provincia de c/ San Juan, Provincia de y otro (Estado Nacional) s/ amparo ambiental, en Sentencia del 27 de mayo de 2021 (Fallos 344:1235), en la que la actora es una provincia y las demandadas son otra provincia y la nación, por la construcción de una represa reclamando la realización de estudio de impacto ambiental y audiencia pública. En este caso invocó el art. 117.

Pareciera que la jurisdicción originaria «judicial» de la Corte correspondiente al art. 117 se abre cuando los conflictos involucran a dos provincias entre sí y además a otros sujetos de la relación federal como el Estado nacional.

Ahora bien, qué sucede cuando la demanda es únicamente entre dos provincias, ya que la causa puede tramitar originariamente ante el Supremo Tribunal conforme al art. 117 o por la vía de la jurisdicción dirimente del 127.

Conforme a lo expuesto en párrafos anteriores, una primera característica es que la jurisdicción originaria dirimente del art. 127 se abre ante conflictos entre dos provincias cuando estos no incluyen al Estado nacional ni a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pese a ser sujetos de la relación federal —ello sin perjuicio de las particularidades en las que la Corte ha citado al Gobierno nacional como tercero en la jurisdicción dirimente—.

Una segunda característica es que refiere al ejercicio de facultades reservadas y no concurrentes, ya que las causas que tramitan o han tramitado ante la jurisdicción dirimente refieren al uso que cada provincia da a los recursos naturales sobre los que tiene el dominio originario conforme al art. 124 último párrafo, particularmente sobre los recursos hídricos.

Ahora bien, la doctrina no es uniforme acerca de que exista una diferencia real entre la jurisdicción «judicial» del art. 117 y la jurisdicción dirimente del art. 127.

Señalaba Néstor Sagües (‍1993: 525) antes de la reforma de 1994 que, en principio, toda diferencia de criterios es encausable procesalmente por los trámites en vigor ante la instancia originaria de la Corte prevista por los arts. 100 y 101 (hoy 116 y 117). Ejemplificaba que los problemas patrimoniales o de aprovechamiento de ríos comunes o interprovinciales, de traba en la circulación de bienes o personas, e incluso hechos de hostigamiento tenían solución en los procesos declarativos o de condena existentes, donde también se pueden dictar medidas cautelares, todo ello sin perjuicio de los remedios de la intervención federal o el uso de la fuerza pública por el Estado federal. Tampoco es obstáculo para el planteo de una «causa» la aplicación del derecho de gentes en lugar de las disposiciones de la legislación civil nacional.

Sostenía también el autor (‍Sagües, 1993: 557) que la jurisdicción peculiar de la Corte prevista por el art. 109 (actual art. 127) correspondía a reclamos provenientes no de actos antijurídicos de una provincia contra otra, porque estos tramitarían por los procesos ordinarios, sino de actos contrarios a la cortesía interprovincial o de diferencias políticas como programas de acción realizados por una provincia que, aunque no sean ilegales, pueden perjudicar a otra. Afirmaba que, en tales supuestos, la queja no tendría por meta la aplicación de un precepto jurídico, sino la modificación de programas de gobierno, de actos opuestos a la convivencia interprovincial o de actitudes estimadas inconvenientes.

Continúa diciendo el autor (‍Sagües, 2017: 524), luego de la reforma de 1994, que esta forma de intervención de la Corte es sustitutiva de otras vías como la negociación y el acuerdo y que no configura una causa civil en el sentido judicial del vocablo porque refiere a las relaciones políticas provinciales en las que la Corte tiene amplias facultades para determinar el derecho aplicable al litigio. Altavilla (‍2009: 125) coincide con el autor citado en que excluye esta actuación de la que corresponde a la Corte conforme al art. 117 de la CN.

Para Ekmekdjian (‍2016: 621) el texto del art. 127 confiere competencia a la Corte en asuntos que podrían denominarse como «cuestiones políticas no justiciables», es decir, «no necesariamente conflictos judiciales en los cuales deba aplicarse el derecho, sino de cualquier conflicto interprovincial que, de otra forma, no tendría solución pacífica».

Señala Risso (‍2010: 618) que la actuación de la Corte prevista por el art. 127, si bien pertenece a la competencia originaria de la Corte, no corresponde al art. 117, pues este nada dice al respecto.

Para Quiroga Lavié et al. (‍2009: 1260), la jurisdicción «dirimente» es un supuesto especial de competencia originaria y exclusiva —Bidart Campos (1998: 447) en el mismo sentido— creada en sustitución de la guerra entre provincias y por ello está ubicada dentro del título de los Gobiernos de provincia y no en la sección del Poder Judicial de la nación. Se denomina «dirimente» porque la Corte actúa más como árbitro que como juez en conflictos que de otra manera deberían considerarse como políticos. Por ello se distingue de la competencia originaria del art. 117 de la CN, aunque en ambas interviene el Tribunal en única instancia. Señala también que en estos casos no es preciso que exista un conflicto entre las provincias regulado por el derecho, sino que basta que haya quejas de una contra otra o recíprocos reclamos en virtud de los cuales, si una provincia encuentra que le asiste razón en relación con una situación o actos en que se encuentre comprometida otra, podrá invocar la jurisdicción que le otorga el art. 127.

En el mismo sentido, Altavilla (‍2009: 127) expresa que se trata de una función no judicial porque no hay causa civil ni controversia de las que ordinariamente resuelven los jueces y que opera como una garantía de paz entre sujetos de derecho público integrantes de una federación.

Para Sabsay y Onaindia (‍1994:374) la potestad originaria y exclusiva de la Corte para entender en los conflictos que se susciten entre provincias es una reiteración de lo ordenado en el art. 117 y significa que la Corte es el único órgano judicial habilitado para dirimir tales contiendas.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación en algunos casos ha invocado conjuntamente los arts. 117 y 127 para justificar su competencia para entender en conflictos entre provincias. Así, en la causa Provincia de Buenos Aires vs Provincia de Santa Fe s/sumarísimo - derivación de aguas, Sentencia del 13 de julio de 2000 (Fallos 323:1877), dispuso que correspondía su intervención originaria —en el caso de índole cautelar— conforme al art. 117 y 127 de la CN,

Añadió que

En la causa La Pampa, Provincia de vs Mendoza, Provincia de s/uso de aguas, por Sentencia del 25 de abril de 2017 (Fallos 340:535), la Corte rechazó la excepción de incompetencia planteada por la provincia de Mendoza invocando únicamente el art. 127 de la CN, destacando que se trata de una atribución al Supremo Tribunal de raigambre constitucional, de naturaleza restrictiva y no susceptible de ser ampliada ni limitada por normas legales. En la Sentencia del 1 de diciembre de 2017 (Fallos 310:2478) dictada en la misma causa, en su voto en disidencia, el juez Rosenkrantz agregó que la intervención de la Corte en la controversia «responde tanto a la existencia de una causa o asunto en los términos de los arts. 116 y 117 de la CN, cuanto a la presentación de una queja de la provincia de La Pampa de acuerdo con lo dispuesto en el art. 127 de la Constitución». Añadió:

En la causa La Pampa, Provincia de s/demanda art. 127 de la Constitución Nacional, en Sentencia del 27 de febrero de 2018, la Corte rechaza la pretensión de La Pampa para que el Tribunal, frente al laudo arbitral del presidente de la nación dictado con motivo de la obra Portezuelo del Viento, sobre la que no hubo acuerdo entre todos los gobernadores de las provincias integrantes del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO), ordene la remisión del expediente administrativo que dio lugar al mencionado laudo, a fin de que «se dirima la cuestión en debate en pos del federalismo nacional». En este caso el fundamento del rechazo fue que no se estaba frente a una «causa o queja que, con arreglo a lo dispuesto en los arts. 117 y 127 de la CN, deba ser juzgada o dirimida por este Tribunal».

En la causa Buenos Aires, Provincia de vs La Pampa, Provincia de s/ordinario, en Sentencia del 30 de mayo de 2017, la Corte expresa que la causa corresponde a la competencia originaria de la Corte conforme los arts. 117 y 127 de la CN. En Río Negro, Provincia de vs La Pampa, Provincia de s/ordinario, en sentencia de igual fecha, la Corte consideró que la cuestión era análoga a la referida precedentemente y correspondía a la jurisdicción originaria prevista en el art. 117, debiendo sustanciarse por el proceso ordinario. Ambos juicios refieren a un problema de usos del río Curacó en una cuenca interprovincial.

De los fallos reseñados, es posible advertir que la Corte, tanto en los votos de las mayorías de sus integrantes como en las disidencias, no siempre ha distinguido con claridad una u otra actuación. No obstante, la jurisdicción dirimente ejercida bajo el paraguas del art. 127 parece tener un contenido más político que jurídico, sin perjuicio de lo cual, como señala el referido voto del vocal Rosenkrantz, es una jurisdicción que puede mutar hacia lo jurídico cuando las partes no logren arribar a acuerdos para resolver la controversia y sea necesario que la Corte diga el derecho aplicable. Esta parece ser la orientación que está tomando la causa La Pampa, Provincia de vs Mendoza, Provincia de s/uso de aguas, porque por Sentencia del 17 de julio de 2020 (Fallos 343:608), ante la falta de acuerdo entre las provincias, el Tribunal fijó un caudal mínimo que debe asegurar la provincia de Mendoza a la provincia de La Pampa.

Más recientemente, el juez Rosatti en su voto disidente en la causa Provincia de Buenos Aires vs Provincia de Santa Fe s/sumarísimo - derivación de aguas, Sentencia del 3 de diciembre de 2019 (Fallos 323:1877), intentó aclarar este punto cuando expresó que «la denominada jurisdicción dirimente no se refiere exactamente a una causa civil, en el sentido contencioso con que esa expresión es utilizada en las leyes 27 y 48 —reglamentarias de los artículos 116 y 117 de la Constitución— […] [sino que] debe existir cuanto menos un conflicto entre diferentes provincias».

Pese a la imprecisión de algunos de los precedentes jurisprudenciales reseñados, es posible advertir que para la Corte la función jurisdiccional de resolución de controversias en causas judiciales planteadas entre provincias es de naturaleza diferente a la dirimente en la que sus facultades son de índole conciliatoria o mediadora, con amplias facultades en materia procedimental, y cabe la posibilidad de que, en caso de no lograr una composición de intereses entre las provincias en disputa, derive en una función jurisdiccional en la que el Tribunal sea el que declare el derecho aplicable y resuelva la controversia.

También se observa que la Corte ha intensificado el ejercicio de esta competencia dirimente cuando se trata de cuestiones vinculadas a la materia ambiental, particularmente las referidas a la gestión de cuencas hídricas que comprenden varias provincias y que ha puesto el acento durante el trámite de los procesos en la actuación de los comités de cuenca interprovinciales como ámbitos para que las provincias alcancen soluciones concertadas. Esta orientación de la Corte parece ser no solo una cuestión jurídica, sino política, puesta de manifiesto en su intervención cada vez más intensa en las diferentes causas entabladas por particulares contra los estados provinciales y nacional, y en la creación por medio de la Acordada 8/2015 de la Secretaría de Juicios Ambientales en su ámbito, asignándole la tramitación de todas aquellas causas cuyo contenido verse sobre cuestiones ambientales, cualquiera que sea la materia y el estado en que se encuentren.

Cabe señalar que, aunque se ha dicho que la solución que aporta el actual art. 127 CN ha sido por décadas un eficaz instrumento para resolver en los Estados Unidos uno de los conflictos interestaduales más frecuentes, la utilización de sus aguas compartidas (Connecticut v. Massachusetts - 282 U. S. 660 —1931— y New Jersey v. New York - 283 U. S. 336 —1931—) (‍Cenicacelaya, 2014: 144), y la Corte invocó dichos precedentes en la Sentencia del 3 de diciembre de 1987 (Fallos 310:2748), la Constitución norteamericana no contiene un dispositivo similar al mencionado art. 127 de nuestra carta magna. No obstante ello, y según los antecedentes citados por la sentencia de nuestra Corte, la Corte norteamericana consideró que la jurisdicción y el procedimiento ante este tipo de controversias son diferentes a los de demandas entre particulares; que nace de la propia génesis de la creación de los poderes que la CN confirió a la Corte como sustituto para el arreglo diplomático de las controversias entre entes soberanos y una posible respuesta al uso de la fuerza que se encuentra abolida del sistema. También destacó el Supremo Tribunal norteamericano que estas disputas podían ser resueltas aplicando la ley federal, la ley local y la ley internacional, según lo requieran las circunstancias del caso. Cabe preguntarse frente a fallos como el de 1987, que contiene abundantes citas de jurisprudencia norteamericana —que, como se dijo, no contiene una disposición similar a la de la CN—, si realmente la jurisdicción dirimente del 127 es diferente a la jurisdicción sobre «causas civiles» prevista en el art. 117.

Más aún, esta diferencia procedimental que intenta diseñar la Corte se desdibuja también en el fallo del año 1987 en el voto disidente de vocal Fayt que dispone cuál es el caudal hídrico mínimo que debía asegurar la provincia de Mendoza a la provincia de La Pampa, de lo que se sigue que en el voto disidente, luego de marcar las peculiaridades de la jurisdicción dirimente, se pronuncia diciendo el derecho y no como ámbito en el cual las provincias son las que arriban a una solución del conflicto. Más recientemente, este vuelco hacia lo judicial queda de manifiesto en la causa La Pampa, Provincia de vs Mendoza, Provincia de s/uso de aguas, porque por Sentencia del 17 de julio de 2020 (Fallos 343:608), ante la falta de acuerdo entre las provincias, en la parte dispositiva suscrita de modo unánime, fijó un caudal mínimo que debe asegurar la provincia de Mendoza a la provincia de La Pampa, como ya se señaló.

2. Diferencias entre jurisdicción dirimente y arbitraje[Subir]

El instituto no puede ser confundido con el arbitraje internacional. Para ello resulta útil recordar que, como agregó Carlos S. Fayt en su disidencia en la Sentencia de 3 de diciembre de 1987 (Fallos 310:2748), la competencia de la Corte nace

El arbitraje internacional, en cambio,

3. El procedimiento aplicable en la jurisdicción dirimente[Subir]

El procedimiento aplicable para el ejercicio de la jurisdicción dirimente es de creación pretoriana.

En primer lugar, para habilitar la intervención de la Corte debe existir una «queja» o «reclamación» de una provincia contra otra, según señaló en la causa Viozzi, Atilio Pedro, Sentencia del 4 de diciembre de 1967 (Fallos 269:378): «La Corte Suprema carece de jurisdicción para conocer originariamente en la causa iniciada a raíz de un incidente entre funcionarios policiales de dos provincias, si el hecho no dio lugar a reclamaciones entre ellas».

El máximo tribunal exige que la queja provincial se instrumente a través de una demanda judicial. Así lo resolvió en la causa Gobernador de la Provincia de Mendoza vs. Provincia de San Juan, Sentencia del 15 de junio de 1932 (Fallos 165:83).

Este requisito formal ha sido motivo de crítica (‍Altavilla, 2009: 138) por su excesivo rigor en cuanto la Corte autolimita su propia función dirimente emanada directamente de la CN por normas de derecho interno, confundiendo la jurisdicción dirimente con la judicial. En realidad, bastaría la sola queja provincial para habilitar su jurisdicción, porque el art. 127 es operativo y, como tal, no necesita reglamentación del Congreso para entrar en vigor.

Importa traer a colación que la actuación de las provincias en este tipo de controversia excluye la actuación de los ciudadanos de cada una de ellas. Es así que, con fundamento en la jurisdicción dirimente ejercida en la referida causa La Pampa, Provincia de vs Mendoza, Provincia de s/uso de aguas, la Corte, por Sentencia del 26 de diciembre de 2017, en su voto mayoritario rechazó el amparo ambiental en la causa Pallazani, Miguel Ángel vs Mendoza, Provincia de, en la que el actor, invocando su condición de «afectado» y de vecino de la provincia de La Pampa, promovió demanda por daño ambiental colectivo contra la provincia de Mendoza a fin de que se le ordene el cese de las actividades que afectan al caudal fluvial ecológico del río Atuel inferior y que adopte las medidas para garantizar un uso equitativo de sus aguas respecto de los habitantes pampeanos. La Corte consideró que los intereses del demandante se encontraban representados por la provincia de La Pampa en el primero de los litigios mencionados en este párrafo.

El procedimiento se rige básicamente por los principios rectores del proceso civil y, si bien la carga de la prueba corresponde a quien invoca los hechos, la Corte cuenta con amplias facultades instructorias para indagar la verdad real más que la verdad formal. La amplitud de estas facultades se pone de manifiesto en las cuestiones referidas a la materia ambiental, conforme la habilitación otorgada a los jueces por el art. 32 de la Ley General de Ambiente 25.675. Así, en la causa La Pampa, provincia de vs Mendoza, Provincia de s/uso de aguas, por Sentencia del 21 de octubre de 2014, dispuso la citación del Estado nacional como tercero, por resolución del 2 de junio de 2015, conforme al art. 32 de la Ley General de Ambiente amplió el plazo para contestar demanda a la provincia de Mendoza, y por Sentencia del 25 de abril 2017 (Fallos 340:535), además de rechazar las excepciones de incompetencia y falta de legitimación activa opuestas por la provincia de Mendoza y sin haber ordenado la apertura a prueba, la Corte resolvió realizar audiencias públicas conforme a las disposiciones de la Ley General de Ambiente y la Acordada 30/2007, admitió la presentación de amicus curiae según Acordadas 28/2004 y 14/2006. Frente a la incomparecencia del Estado nacional a la audiencia pública convocada por la Corte, por resolución del 10 de octubre de 2017 notificó al Estado nacional que debía concurrir mediante funcionarios facultados a la celebración de dichas audiencias. No obstante, es preciso tener en cuenta que, en las causas ambientales como la señalada Mendoza Beatriz vs Provincia de Buenos Aires y otros, las facultades ejercidas por el Tribunal también fueron muy amplias, excediendo el marco normal del proceso ordinario.

En ese orden, sin embargo, la Corte ha señalado límites relativos derivados de la cosa juzgada en las sentencias emitidas en ejercicio de la jurisdicción dirimente. Es así que en la causa La Pampa, Provincia de vs Mendoza, Provincia de s/acción posesoria y uso de aguas, por Sentencia del 17 de marzo de 2009 (Fallos 332:582), la Corte rechazó la intervención como terceros de la Fundación Chalideuvú - Movimiento Popular Pampeano para la Defensa de Nuestros Recursos Hídricos y Ecosistemas (FUNCHAD) y la Asociación Civil Alihuen (árbol de pie), quienes la habían solicitado con el propósito de que se convoque a la provincia de La Pampa, a la provincia de Mendoza, a la Defensoría del Pueblo de la Nación y a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado nacional a una audiencia oral y pública. La Corte consideró allí que

Añadió que

4. El tipo de sentencias en la jurisdicción dirimente[Subir]

Las sentencias en este tipo de procesos pueden incluirse en las que se han denominado como atípicas o manipulativas (‍Esaín, 2018: 4), exhortativas (‍Sagües, 2020: 10) o estructurales (‍Pereira, 2022: 697) porque en ellas se instruye u ordena a las provincias involucradas mediante mandatos de ejecución y exige a los jueces que supervisen la etapa de ejecución.

A mi juicio, es posible detectar en las sentencias de la jurisdicción dirimente diferentes contenidos: declarativo, exhortativo o condenatorio. Estas características pueden verse en la Sentencia del 3 de diciembre de 1987 (Fallos 310:2478) en la que el voto de la mayoría declaró que el río Atuel era interprovincial y la inoponibilidad a la provincia de La Pampa de un convenio celebrado entre el Estado nacional y la provincia de Mendoza, exhortó a las provincias a celebrar convenios tendientes a una participación razonable y equitativa en los usos futuros de las aguas del río Atuel o crear un ente de cooperación entre las partes, mientras que el voto en disidencia de Carlos S. Fayt ordenó a la provincia de Mendoza realizar obras en el río. Más recientemente, en la Sentencia del 3 de diciembre de 2019 (Fallos 342:2136) el voto de la mayoría declaró concluido el proceso, ordenó a las partes, provincia de Santa Fe y provincia de Buenos Aires en el caso, coordinar el manejo del agua en la cuenca de la laguna La Picasa, desarrollar las obras necesarias de infraestructura para prevenir, regular o controlar el escurrimiento de aguas de la laguna, controlar las obras hídricas no autorizadas en el área de la cuenca y fortalecer la Comisión Interjurisdiccional de la Cuenca de la laguna La Picasa como instancia de colaboración para la gestión de los recursos hídricos de la región. Ejemplo de sentencia exhortativa es la Sentencia del 1 de diciembre de 2017 (Fallos 310:2478) en la causa La Pampa, Provincia de vs Mendoza, Provincia de s/uso de aguas, en la que el Tribunal corrió traslado de la demanda y, contestada esta y admitida la intervención del Estado Nacional como tercero, sin abrir a prueba y luego de un breve intercambio de posiciones, convocó a una audiencia pública donde recibió los alegatos de las partes y a los amigos del Tribunal y emitió un pronunciamiento que contiene mandatos en los que ordena, estableciendo plazos al efecto, que las provincias fijen un caudal hídrico ecológico y presenten conjuntamente con la nación un programa de ejecución de obras, y las exhorta a aportar los recursos necesarios para el fortalecimiento del Comité Interjurisdiccional del Atuel Inferior (CIAI). En este mismo sentido dictó sentencia en la causa con fecha 22 de mayo de 2018 (Fallos 341:560) en la que, ante el vencimiento del plazo otorgado en el fallo anterior, fijó un nuevo plazo para que ambas provincias y el Estado nacional arriben a una solución dirimente del conflicto e indiquen el porcentaje de los costos de las obras que cada una de las jurisdicciones afrontará; que las tres jurisdicciones debían tener en cuenta la propuesta presentada por la provincia de Mendoza el 9 de mayo de 2018; y que, en caso de que no arriben a un acuerdo, informen las razones que lo expliquen; asimismo, la Corte se reserva, para el caso de no llegarse a una solución acordada, la definición del curso ulterior del proceso.

Más tarde, en Sentencia dictada el 16 de julio de 2020 (Fallos 343:603), la Corte señaló que, si bien había optado por

De esta manera, fijó un caudal mínimo de aguas que debía asegurar la provincia de Mendoza a la provincia de La Pampa. Es posible advertir en esta sentencia no tanto un contenido exhortativo cuanto un contenido condenatorio, es el Tribunal el que fija las prestaciones que debe cumplir una provincia con relación a la otra.

Esta última sentencia, como lo resuelto en el voto disidente del Dr. Fayt en el fallo del 3 de diciembre de 1987 (Fallos 310:2478), en la que fijó el caudal mínimo que debía asegurar la provincia de Mendoza a la provincia de La Pampa, creo que dificulta la diferenciación entre la jurisdicción ejercida por la Corte conforme al art. 117 y la jurisdicción dirimente a la que venimos refiriendo, porque suponen un cambio de rol que la propia Corte reconoce en el fallo de 2020 al ser ella quien determina, concreta y acabadamente, la conducta que debe seguir una de las partes, abandonando el rol dirimente en el cual la Corte aparece como una facilitadora de la solución que las provincias deben alcanzar por sí mismas.

De lo que no cabe duda es de que a través de la jurisdicción dirimente de la Corte se verifica una forma de justicia dialógica en la cual se busca fomentar el diálogo interinstitucional, en un tipo de litigio estructural (Linares, 2014: 190) en el que los jueces tienen poder de agenda política con capacidad de obligar a las autoridades representativas a que aborden y den solución a ciertos problemas, pero, en principio, no imponen una decisión particular a las autoridades representativas, en este caso, de las provincias.

No puede concluirse este análisis sin recordar que el voto disidente de Carlos Fayt en la Sentencia del 3 de diciembre de 1987 (Fallos 310:2478) agregó la dimensión ética del rol de las provincias en este tipo de conflictos al señalar que deben «cobrar cabal conciencia de que son partes de una misma Nación, y que por ello importará más en definitiva a sus intereses la solución en común de sus problemas que la satisfacción de sus pretensiones primarias» (pues) «el mayor provecho que puede generarse de tal conciencia es la comprensión de las ventajas de la elaboración de un proyecto en unión que satisfaga a ambas partes y de sumar sus esfuerzos en la realización de dicho proyecto». En este sentido, el principio rector para la actuación de las provincias es el de lealtad federal.

5. La jurisdicción dirimente, los recursos naturales y las cuestiones de límites entre provincias[Subir]

Las cuestiones de límites entre provincias no son materia de la jurisdicción judicial ni dirimente de la Corte, sino que corresponden al Congreso de la Nación conforme lo dispone el art. 75 inc. 15 de la CN, según el cual corresponde al Congreso: «Arreglar definitivamente los límites del territorio de la Nación, fijar los de las provincias, crear otras nuevas, y determinar por una legislación especial la organización, administración y gobierno que deben tener los territorios nacionales, que queden fuera de los límites que se asignen a las provincias».

Algunos de recursos naturales de los que cada provincia tiene el dominio originario se encuentran en zonas limítrofes de provincia o bien son compartidos por una o más. Es el caso de los ya señalados recursos hídricos integrados en cuencas geográficas que desafían, como ya señaló la Corte, el sistema federal mismo como concepto racional toda vez que los límites provinciales quedan excedidos por la cuenca hídrica de índole territorial. Si bien el Tribunal viene aplicando la jurisdicción dirimente a los recursos hídricos, también se ha planteado respecto de los recursos mineros, pero sin que se pudiera llegar a una solución por cuanto estaban involucradas cuestiones de límites interprovinciales que afectaban el dominio de los recursos y su dilucidación correspondía al Congreso.

Por Sentencia del 5 de mayo de 2009 (Fallos 332:989) en la causa Provincia de Catamarca vs Provincia de Salta s/ordinario, por voto de la mayoría (jueces Ricardo Luis Lorenzetti, Elena I. Higton de Nolasco, Carlos S. Fayt, Enrique Santiago Petracchi y Carmen M. Argibay), la Corte declaró prima facie su competencia originaria para entender en la causa conforme a los arts. 116, 117 y 127 de la CN y ordenó correr el traslado de la demanda en la que la provincia de Catamarca planteaba que la provincia de Salta efectuaba actos de disposición de recursos naturales mineros que se encontraban dentro de los límites de la demandante. Importa señalar que el voto en disidencia de Carlos Maqueda consideró que no correspondía la competencia de la Corte por cuanto el planteo de la provincia de Catamarca exigía expedirse respecto del límite con la provincia de Salta, aspecto sobre el que debía intervenir el Congreso de la Nación conforme al art. 75 inc. 15 de la CN, criterio que más tarde sería adoptado por la mayoría. En efecto, por Sentencia del 27 de octubre de 2015 (Fallos 338:1060), y luego de contestada la demanda por la provincia de Salta, la Corte cambio el criterio y consideró necesario realizar un nuevo examen de la competencia del Tribunal. Expresó que la vía elegida por la provincia de Catamarca no era

Señaló que correspondía al Congreso Nacional, conforme a las facultades conferidas por el art. 75 inc. 15 de la CN, establecer el límite separativo del territorio de ambas provincias y que ello impedía a la Corte resolver a cuál de las dos provincias pertenecen los recursos naturales en disputa. Consecuentemente, declaró su incompetencia para entender en la causa (voto de los jueces Lorenzetti y Highton de Nolasco y voto propio del juez Maqueda).

Sin vinculación directa con los recursos naturales, en la causa Santiago del Estero, Provincia de c/ Catamarca, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad y de certeza, la provincia de Santiago del Estero peticiona la declaración de inconstitucionalidad del art. 293 de la Constitución catamarqueña, en su parte pertinente, al desconocer lo establecido en la Ley Nacional 22.742, que fija los límites entre las provincias de Santiago del Estero y la de Catamarca. En Sentencia del 20 de agosto (Fallos 3338:748), la Corte excluye su intervención por considerar que la cuestión a decidir podía significar pronunciarse sobre una cuestión de límites, asunto que debía resolverse en el ámbito del Congreso de la Nación.

Señala Néstor Sagües (‍2017: 181) que, si hay un litigio entre provincias, entre particulares, o entre nación y provincias, el Poder Judicial debe resolverlo habiendo fijado el Congreso los límites, o estando estos establecidos previamente. El problema ocurre si el límite no está determinado por el Congreso ni por el derecho preexistente. Expone que alguna respuesta debe existir, porque resultaría irracional dejar la litis sin solución, y que una vía de encauzamiento del asunto sería que la justicia, con los elementos en su poder, dictara sentencia decidiendo el problema, en cuyo caso, la vigencia del fallo se ceñiría al caso concreto sin perjuicio de lo que en definitiva resuelva el Congreso a tenor del art. 75 inc. 15 de la CN.

Por su parte, entiende Bidart Campos (‍1998: 447) que, si la controversia implica juzgar sobre los límites ya establecidos, la competencia es de la Corte Suprema.

En ese orden se registra un antecedente de la Corte interviniendo como árbitro frente a un compromiso sobre límites alcanzado entre las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe en el que, por Sentencia del 13 de junio de 1882 (Fallos 24:199), entendió que se trataba de «un compromiso entre estados federales [que] participa de la naturaleza del arbitramento internacional», en la causa «Provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe en la cuestión de Límites». Más tarde, en la causa Provincias de Santa Fe y Córdoba, por Sentencia del 28 de septiembre de 1911 (Fallos 1114:425), consideró:

El Alto Tribunal, en la causa Pereyra Iraola, Leonardo c/ Provincia de Buenos Aires, por Sentencia del 11 de abril de 1921 (Fallos 133:372), tiene dicho también:

También en la causa Provincia de Jujuy c/ Provincia de Salta, en Sentencia del 26 de marzo de 1954 (Fallos 228:264), dijo: