Eduardo Ferrer Mac-Gregor (coord.): La garantía jurisdiccional de la constitución. A cien años del Verfassungsgerichtshof Österreich, a cuarenta años del Tribunal Constitucional de España. XII Encuentro Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2023, 2 tomos, pp. 1288.

Resulta indiscutible el significativo progreso que ha experimentado el derecho procesal constitucional en las últimas décadas, a tal grado de considerarse como una de las disciplinas con mayor presencia en la actualidad. Este avance se atribuye principalmente a la renovada concepción de la Constitución como una verdadera norma jurídica que amerita su salvaguarda mediante la adopción y perfeccionamiento de diversos mecanismos procesales, junto con la meticulosa sistematización legislativa de dichos instrumentos. La instauración de diversas instancias jurisdiccionales encargadas de resolver los conflictos derivados de la aplicación de las normas constitucionales y convencionales ha sido fundamental en esta transición, siendo primordialmente los tribunales constitucionales y supranacionales los actores clave en la interpretación y operatividad de los ordenamientos modernos.

La confluencia de estas circunstancias ha propiciado un amplio desarrollo doctrinal en la materia, reflejado en la prolífica publicación de obras y en la creación de revistas especializadas en Iberoamérica y en ciertas partes de Europa. La enseñanza del derecho también se ha revolucionado al promover la impartición de esta disciplina en los diversos planes de estudio de carácter universitario. Este contexto ha estimulado la creación de múltiples asociaciones e instituciones científicas de renombre en el plano nacional e internacional, las cuales incentivan la investigación y el intercambio de valiosos conocimientos en el campo del derecho procesal constitucional^[1].

Un ejemplo destacado de esta evolución es la existencia del actual Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional (IIDPC). Esta trascendental institución científica, integrada por distinguidos juristas en la materia y presidida por el Dr. Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, quien también es coordinador de la obra que se recensiona, ha desempeñado un papel fundamental en la difusión académica de esta disciplina mediante la realización de cursos, seminarios, simposios y publicaciones a lo largo del mundo hispanohablante. Es menester destacar que el Instituto ha sido el organizador de múltiples Encuentros Iberoamericanos de Derecho Procesal Constitucional^[2] que han contribuido al florecimiento de lo que hoy en día podemos denominar un «canon iberoamericano de derecho procesal constitucional», permitiendo abordar y resolver las problemáticas inherentes de los distintos sistemas jurídicos y contextos culturales.

Precisamente la obra materia de la presente recensión constituye la recopilación de cerca de un centenar de ponencias presentadas durante el congreso internacional que más recientemente ha convocado el Instituto. Nos referimos al XII Encuentro Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional, que tuvo verificativo en Madrid del 9 al 11 de marzo de 2022, en las instalaciones del Senado y del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, respectivamente^[3]. A diferencia de los anteriores Encuentros Iberoamericanos, este último giró en torno a la garantía jurisdiccional de la Constitución, a manera de conmemoración de los cien años del Verfassungsgerichtshof Österreich (1920) y los cuarenta años de existencia del Tribunal Constitucional de España (1980). Pero también como un sentido reconocimiento póstumo a los juristas Héctor Fix-Zamudio (1924-‍2021) y Pablo Pérez Tremps (1956-‍2021), quienes fueron forjadores y maestros intelectuales del derecho procesal constitucional y de la justicia constitucional en Iberoamérica y Europa.

Se trata de una importante obra compuesta por dos tomos que incluye en su totalidad dieciocho capítulos, a su vez reflejo de las mesas temáticas abordadas en el XII Encuentro Iberoamericano, en la que el lector podrá identificar un trabajo distinto e inédito que reviste numerosas virtudes, como su actualidad, diversidad y profundidad. Es necesario hacer especial mención a que en esta también se recoge la participación inaugural del Encuentro, que estuvo a cargo del presidente emérito de la Corte Costituzionale della Repubblica italiana, Gustavo Zagrebelsky, en la que enfatizó la necesidad de reflexionar sobre las jurisdicciones constitucionales, a partir de profundizar en el entendimiento de la Constitución como tarea. Asimismo, se compilan las valiosísimas e históricas ponencias concernientes al pasado, presente y futuro del Tribunal Constitucional español, que fueron expresadas por la presidenta y presidentes eméritos que dirigieron fielmente el Alto Tribunal entre 1992 y 2021, reunidos por primera ocasión en el Antiguo Salón de Sesiones del Senado de España.

En este relevante esfuerzo académico se exponen temas ya conocidos que ameritan su permanente reflexión, así como innovadores tópicos que dilucidan los desafíos que enfrenta esta reciente disciplina y la justicia constitucional en general. El leitmotiv de los contenidos de la obra radica en el análisis de la garantía jurisdiccional de las constituciones estatales y su interacción con el goce efectivo de novedosos derechos en el marco evolutivo de las jurisdicciones trasnacionales. El momento de elaboración de esta contribución científica resulta especialmente significativo al insertarse en un período marcado por la pandemia del COVID-19, los conflictos geopolíticos y el vertiginoso avance tecnológico.

Es fundamental resaltar que la obra de referencia se distingue por la amplia pluralidad de ponentes y por la diversidad de visiones expuestas en los trabajos recopilados. La participación de alrededor de un centenar de constitucionalistas y procesalistas de reconocido prestigio académico y jurisdiccional constituye un aspecto que es digno de reconocimiento. En esta labor académica se congregan una multitud de juristas provenientes de distintos países de América y Europa^[4], que ofrecen a los interesados en esta una invaluable oportunidad para adentrarse en un mar de serios conocimientos que analizan detalladamente los desafíos y paradigmas que atraviesan los respectivos sistemas de justicia constitucional.

La exitosa creación de esta obra corresponde en buena medida al brillante trabajo de coordinación que fue llevado a cabo por el doctor Eduardo Ferrer Mac-Gregor. No es producto del azar la calidad de primer orden de los temas abordados, ni tampoco la minuciosa selección de importantes ponentes en este hito intelectual. El jurista Ferrer Mac-Gregor es indudablemente uno de los forjadores contemporáneos del derecho procesal constitucional, habida cuenta de sus trascendentales contribuciones académicas como reconocido investigador y de sus destacados aportes jurisdiccionales como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como por su distinguido liderazgo al frente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional.

Una vez expuesto el panorama general de la obra que se recensiona, se adoptará una metodología que permita abordar de manera efectiva la importante variedad de temas tratados, teniendo en cuenta su vasta extensión y profundidad. Dada la particular naturaleza de este trabajo, nos enfocaremos en destacar de forma conjunta y sucinta los aspectos más sobresalientes, a manera de acercamiento para cada uno de los contenidos previstos en los dieciocho capítulos correspondientes, que funja como incentivo para la respectiva lectura de esta monumental obra colectiva que no reviste desperdicio alguno.

En el primer capítulo se compilan las históricas ponencias de la presidenta y presidentes eméritos del Tribunal Constitucional español, que estuvieron bajo la moderación del decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, don Ricardo Alonso García. En estas participaron Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo Ferrer (1992-‍1995), Álvaro Rodríguez Bereijo (1995-‍1998), Pedro Cruz Villalón (1998-‍2001), María Emilia Casas Baamonde (2004-‍2010), Pascual Sala Sánchez (2011-‍2013), Francisco Pérez de los Cobos Orihuel (2013-‍2017) y Juan José González Rivas (2017-‍2021), con la finalidad de reflexionar sobre el pasado, el presente y el futuro de esta trascendental institución, que ha moldeado positivamente la historia constitucional de España.

El hilo argumentativo de los respectivos trabajos, en cuanto al pasado del Tribunal, se orienta a subrayar la acertada integración y funcionamiento de los primeros años, destacando las memorables presidencias de don Manuel García Pelayo (1980-‍1986) y don Francisco Tomás y Valiente (1986-‍1992). Adicionalmente, se resalta el papel decisivo del Tribunal Constitucional en el entendimiento actual de los derechos fundamentales, del Estado autonómico y de la Constitución como un marco amplio de coincidencias ideológicas y políticas. Las aportaciones coinciden en que esta consolidación jurisprudencial se debe a la innovadora resolución de distintos recursos de amparo, recursos de inconstitucionalidad y conflictos de competencia. Entre los precedentes más célebres para quienes participan en este importante capítulo, se encuentra la STC 31/2010, de 28 de junio de 2010, que se ocupó de analizar la conocida reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña del año 2006.

Los contenidos de este apartado convergen en que el principal desafío del Alto Tribunal en los tiempos presentes radica en su composición y renovación, dada su predominante integración por miembros de la judicatura en detrimento de perfiles académicos, así como por la conocida y preocupante falta de renovación parcial de sus integrantes. En palabras de la expresidenta: «El incumplimiento del plazo de la renovación por tercios es tan grave como el que rige la celebración de las elecciones cada cuatro años» (p. 57). Finalmente, hay consenso intelectual en que la completa integración del derecho de la Unión en el sistema jurídico español, junto con las controversias derivadas del título VIII sobre el Estado de las autonomías, constituyen los aspectos en los que el Tribunal Constitucional deberá de centrarse con mayor rigor en el escenario futuro.

El segundo capítulo, titulado «In memoriam Héctor Fix-Zamudio (1924-‍2021): legado al derecho procesal constitucional», representa un merecido homenaje póstumo a la figura excepcional del doctor Fix-Zamudio, cuyas invaluables aportaciones perduran en el campo de estudio de los derechos humanos, el derecho constitucional y procesal constitucional, tanto en Iberoamérica como en Europa, al ser uno de los forjadores de esta novel disciplina. Este apartado reúne las contribuciones de destacados juristas como Pedro Salazar Ugarte (México), Manuel Aragón Reyes (España), Carlos Ayala Corao (Venezuela), Allan R. Brewer-Carías (Venezuela), Eduardo Ferrer Mac-Gregor (México), Domingo García Belaunde (Perú), Cecilia Mora-Donatto (México) y Néstor Pedro Sagüés (Argentina), quienes comunican, desde sus respectivos contextos, las reflexiones académicas y experiencias personales que compartieron con el homenajeado.

A través de los diversos ensayos, se muestra que el profesor Fix-Zamudio fue un hombre excepcional, no solo por haber sido un brillante jurista y juzgador adelantado para su tiempo, sino también por sus valiosas cualidades y virtudes como persona, amigo y maestro. Referirse al doctor Fix-Zamudio es hablar de grandeza y magnificencia, tanto en su labor jurídica como en su calidad humana. Cada trabajo recopilado refleja la admiración y respeto por la extraordinaria vida y obra del Dr. Fix-Zamudio, ofreciendo un testimonio conmovedor de su imborrable legado en la comunidad jurídica. Este capítulo resulta de obligada consulta, toda vez que proporciona una visión íntima y profunda de la magna labor de este eminente jurisconsulto, cuyas enseñanzas siguen y seguirán vigentes entre nosotros.

En el tercero de los capítulos se recogen cuatro contribuciones académicas que versan sobre la relación entre los tribunales constitucionales y la democracia, siendo magistralmente presentada esta sección por la doctora Yolanda Gómez Sánchez. En el primer ensayo, el insigne catedrático Manuel Aragón Reyes examina la interacción de la justicia constitucional con la Constitución y la democracia, así como los diferentes aspectos de la ampliamente conocida «objeción democrática» y la interpretación constitucional. El autor concluye que la vinculación de referencia no debe entenderse en términos de una contradicción insuperable, sino más bien como una relación en la que la justicia constitucional actúa como requisito fundamental de la democracia constitucional. En el segundo trabajo, desde la perspectiva del caso venezolano, el profesor Allan R. Brewer-Carías profundiza sobre esta temática centrándose en la legitimidad democrática de la justicia constitucional. En este se destaca el papel crucial de la garantía del debido proceso en las sentencias constitucionales y su correspondiente reconocimiento por parte de los jueces extranjeros.

El rol institucional de los tribunales regionales de protección de derechos humanos frente a las determinaciones de los tribunales nacionales, concretamente cuando se analizan decisiones mayoritarias, es abordado en el tercer ensayo de este capítulo por la doctora Laurence Burgorgue-Larsen. El trabajo se dirige a examinar en detalle las formas en las que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP) articulan jurisprudencialmente su control jurídico, esto es, mediante la «deferencia» y la «intransigencia». En el último de los ensayos, el investigador Pedro Salazar Ugarte reflexiona sobre dos ejes temáticos: la justicia expedita y la flexibilidad del tiempo. En este trabajo se exponen los retos que atraviesan la justicia y la política en el contexto mexicano, mediante la disección de los tiempos en la impartición de justicia y a la luz de las implicaciones de ciertos decretos presidenciales.

El cuarto capítulo recopila múltiples investigaciones sobre los procedimientos y sistemas de nombramiento de jueces constitucionales, tanto en América como en Europa. A manera de presentación, la doctora María J. Roca (Universidad Complutense de Madrid) establece las bases generales de la discusión, enfatizando los riesgos de la politización de los procedimientos de elección de las magistraturas constitucionales. El caso español es atendido por el profesor Germán Fernández Farreres (Universidad Complutense de Madrid), quien estudia en profundidad los defectos del sistema de designación de los magistrados que componen el Tribunal Constitucional, especialmente los relativos a la renovación de sus integrantes. En su investigación propone «la eliminación de la regla de la renovación por terceras partes cada tres años, sustituyéndola por la de la renovación individualizada de los magistrados, según se vayan produciendo las vacantes» (p. 229). Lo concerniente al mecanismo previsto en el marco jurídico costarricense es retomado por el catedrático Rubén Hernández Valle (Universidad de Costa Rica) al explicar cuidadosamente la necesidad de implementar una reforma constitucional y legal que comprenda los requisitos de elegibilidad, el plazo de elección y el sistema de reelección de los magistrados de la Sala Constitucional.

La doctora Andrea Pozas Loyo (Universidad Nacional Autónoma de México) se orienta a exponer la importancia de las «normas no escritas» sobre los nombramientos de jueces constitucionales en la República mexicana. En este ensayo analiza principalmente la práctica que regía el equilibrio en la designación de candidatos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir, entre los pertenecientes al Poder Judicial de la Federación y los provenientes de otras ramas profesionales y académicas del derecho. Como cierre del capítulo, el jurista italiano Roberto Romboli (Universidad de Pisa) ahonda en los requisitos para ser considerado un «buen» juez constitucional (independencia, imparcialidad, competencia técnica y sensibilidad política), así como en los diferentes sujetos que tienen la capacidad de elegir y ser elegidos jueces constitucionales.

Los capítulos quinto y sexto se adentran en dos temáticas de suma importancia que ameritan su imperiosa reflexión: la interpretación constitucional y convencional, y el control de convencionalidad en América Latina. En el primer apartado se condensan los diversos estudios que examinan el panorama general de la interpretación constitucional (Javier García Roca); la interpretación de las normas sobre derechos humanos, a partir del contexto jurídico mexicano (José Luis Caballero Ochoa); la definición, objeto, método y sujetos que intervienen en la interpretación constitucional (Raúl Canosa Usera); la interpretación constitucional como instrumento de mutación o transformación desde la experiencia uruguaya (Eduardo Esteva Gallicchio), y el cambio procedimental de la academia en la interpretación de la Constitución (Francisca Pou Giménez).

El segundo apartado de referencia aborda una serie de trabajos académicos que exploran las grandes líneas actuales del control de convencionalidad en el continente americano (Néstor Pedro Sagüés); el control internacional del control interno de convencionalidad (Carlos Ayala Corao); el método que los jueces internos deben seguir para realizar un efectivo control de convencionalidad (Ernesto Rey Cantor), y el novedoso reconocimiento jurídico del derecho a la doble conformidad penal en Ecuador, al tenor del diálogo jurisprudencial interamericano (Daniela Salazar Marín). Estas ponencias ofrecen una visión que resulta necesaria para abordar la complejidad de aristas que se suscitan en la «sociedad abierta de los intérpretes constitucionales» y de las jurisdicciones trasnacionales.

En el capítulo séptimo, denominado «Independencia judicial: desafíos en los sistemas democráticos», se recogen importantes contribuciones sobre uno de los pilares más importantes del Estado de derecho. En el primer estudio, el magistrado Murillo de la Cueva escudriña los presupuestos constitucionales de esta, centrándose en los retos que se despliegan dentro del sistema jurídico español derivados de los nombramientos de los jueces y de las repercusiones de la opinión pública. En el segundo trabajo, la doctora Biglino Campos dilucida las iniciativas emprendidas por parte de la Comisión Europea ante esta situación, destacando el empleo del mecanismo del Estado de derecho, la redacción de informes y la retención de fondos del presupuesto de la Unión Europea. Asimismo, subraya la relevancia de lo resuelto por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en las C-46/16, C-277/19 y C-896/19 para mitigar el deterioro institucional que han sufrido los Estados miembros por la creciente vulneración de la independencia judicial.

La tendencia a la expansión de los «gobiernos iliberales» y sus efectos nocivos en la independencia judicial también es retomada por el catedrático Bustos Gisbert en la tercera investigación. En esta se profundiza sobre la defensa de la independencia judicial desde el soft law del Consejo de Europa y a través de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, particularmente en lo relativo a los derechos sustantivos y de tutela de los jueces, y del derecho al juez independiente establecido por la ley. En el cuarto estudio, el profesor Concha Cantú se ocupa concretamente de ciertos retos que ponen a prueba el principio de independencia judicial en las democracias constitucionales: la profesionalización, el formalismo jurídico, la estructura y organización interna, la comunicación judicial, el constitucionalismo multinivel y la congruencia jurisprudencial.

A manera de colofón del capítulo, en el quinto trabajo el jurista Silva Meza apunta al preocupante escenario que enfrenta actualmente la independencia judicial en México. El análisis se direcciona en exponer el progreso histórico de la independencia judicial que ha experimentado la Suprema Corte mexicana, los retos que vive la judicatura a partir del nuevo panorama político imperante desde el año 2018 y su respectiva proyección hacia el futuro. Especialmente, se examinan los riesgos introducidos por una reforma del Poder Judicial de la Federación que impacta significativamente en la independencia judicial. Las provechosas aportaciones expuestas en este capítulo permiten reflexionar sobre las posibles estrategias y soluciones que pueden emplearse para preservar y garantizar la independencia judicial en América y Europa, puesto que su íntegra defensa constituye una responsabilidad compartida en un verdadero Estado constitucional y democrático.

El capítulo octavo está orientado hacia el exhaustivo estudio de uno de los procesos constitucionales más extendidos a nivel mundial: el amparo constitucional. Este apartado reúne diversas investigaciones que profundizan en sus novedades y desafíos, a través del riguroso análisis de distintos sistemas jurídicos. En relación con el recurso de amparo español, el profesor Faustino Cordón Moreno (Universidad de Navarra) dedica sus esfuerzos a reflexionar sobre su eficacia desde el punto de vista jurisprudencial y legislativo, centrándose en la temática sobre la «especial trascendencia constitucional» del recurso. Por su parte, el profesor José Manuel Chozas Alonso (Universidad Complutense de Madrid) aborda lo relativo al derecho fundamental a la predeterminación legal frente a las implicaciones procesales con motivo de los aforamientos en España.

Atento al paradigma que importa la llamada «cuarta revolución industrial», el jurista Gerado Eto Cruz (Universidad Nacional de Trujillo) se adentra de manera profunda en la novedosa existencia del amparo digital. En el trabajo se desarrolla una completa aproximación conceptual que comprende la evolución de este nuevo escenario, así como los distintos aspectos positivos y negativos de los procesos constitucionales digitales: la rapidez y eficacia de los juicios de cara a los riesgos cibernéticos, la virtualidad de los procesos frente a la «sociedad de la transparencia» y el derecho de defensa ante la «hiperconectividad».

En cuanto al juicio de amparo mexicano, la profesora María Elisa Franco Martín del Campo (Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM) analiza su efectividad para la protección de los derechos de las personas, a la luz de los criterios del Comité de Derechos Humanos de la ONU y de los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En última instancia, el doctor Luis Fernando Rentería Barragán (Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora) se ocupa del particular desenvolvimiento del juicio de amparo directo, destacando la compleja relación jurídica que se entabla entre los tribunales pertenecientes al orden federal y local en el marco del federalismo en México.

En el capítulo noveno de esta trascendental obra se recopilan cuatro trabajos que discuten sobre múltiples tópicos relacionados con los órganos y sistemas de justicia constitucional en Europa y América. En el primer ensayo, la investigadora Karina Ansolabehre (México) se orienta a desarrollar una propuesta que permita estudiar la capacidad de los tribunales para consolidar un discurso judicial relativo a los cambios constitucionales. El análisis radica en el actuar de la Suprema Corte de Justicia de México frente a la reforma constitucional en materia de derechos humanos del año 2011, como modelo para evaluar la viabilidad de la respectiva propuesta. En el segundo trabajo, el profesor Humberto Nogueira Alcalá (Chile) presenta diversas consideraciones de naturaleza comparativa entre el Tribunal Constitucional chileno vigente y la propuesta de una nueva Corte Constitucional, profundizando en el estatuto general (integración, organización y funcionamiento) y las atribuciones (control preventivo y reparador) correspondientes.

El avance «nomogenético» de la Corte Suprema de Justicia de Argentina es abordado en el tercer ensayo de este capítulo por el distinguido jurista Néstor Pedro Sagüés (Argentina). Entre los contenidos que reflejan el respectivo avance, se analizan los siguientes: los efectos expansivos de la doctrina jurisprudencial; las normas subconstitucionales «bloqueadas» y «blindadas»; la emisión de lineamientos normativos y normas mediante sentencias; la admisión del control oblicuo, preventivo e hipotético de constitucionalidad; y la restauración de leyes derogadas a través de la «reviviscencia». En la última investigación, el catedrático Alejandro Saiz Arnaiz (España) presenta un vasto trabajo en torno a la evolución y expansión de la justicia constitucional en Europa desde 1945 hasta el 2000.

El décimo y el décimo primer capítulo reúnen una serie de disertaciones académicas que diseccionan, respectivamente, la protección de los derechos sociales y las aristas de la acción de inconstitucionalidad de leyes y conflictos competenciales entre órganos y poderes del Estado. En el primer grupo de trabajos se analiza el cuadro general de este novedoso conjunto de derechos (Encarnación Carmona Cuenca); las propuestas para acrecentar la protección judicial de los derechos sociales en el contexto mexicano (Juan Manuel Acuña); los avances sobre la judicialización de los DESCA en América Latina (Víctor Bazán); la intervención de la justicia constitucional en los casos de derechos sociales que envuelvan presupuestos políticos (Rodrigo Gutiérrez); los desafíos en la aplicación de los estándares interamericanos de protección de los derechos sociales (Juana María Ibáñez Rivas), y la salvaguarda de los derechos sociales frente a su neutralización (Luis Jimena Quesada).

En el segundo grupo de ensayos se examinan las ideas fundamentales sobre las acciones de inconstitucionalidad y conflictos de competencias (Emilio Pajares Montolío); la acción abstracta en el sistema de control de constitucionalidad checoslovaco de 1920 (Joaquín Brage Camazano); la acción de control de las leyes en el marco de la integración supraestatal europea (Ana Carmona Contreras); las sentencias interpretativas y la invalidez por defectos en la deliberación legislativa en los procesos de inconstitucionalidad peruanos (Eloy Espinosa-Saldaña Barrera), y la reconfiguración en los contenidos y alcances de la controversia constitucional en México (Marcos del Rosario Rodríguez).

En el décimo segundo capítulo, bajo el título «In memoriam Pablo Pérez Tremps (1956-‍2021): legado a la justicia constitucional», se compilan las ponencias de reconocidos juristas como Luis López Guerra (Universidad Carlos III de Madrid), Luis Aguiar de Luque (Universidad Carlos III de Madrid), Itziar Gómez Fernández (Universidad Carlos III de Madrid), Rubén Hernández Valle (Universidad de Costa Rica), Ana María Ovejero Puente (Universidad Europea de Madrid), Miguel Revenga Sánchez (Universidad de Cádiz), Roberto Romboli (Universidad de Pisa) y Alejandro Saiz Arnaiz (Universidad Pompeu Fabra), con motivo de un digno reconocimiento póstumo a la obra y vida del doctor Pérez Tremps, cuyas importantes contribuciones perdurarán siempre en la memoria colectiva.

En este trascendental apartado, el lector podrá sumergirse en un análisis diferenciado del amplio legado académico, jurisdiccional y personal de don Pablo Pérez Tremps. Se retoma su notable desarrollo académico, desde sus primeros años como estudiante hasta su consolidación como catedrático y autor de obras fundamentales en América y Europa. Asimismo, se profundiza en su trayectoria como letrado y magistrado del Tribunal Constitucional de España, acentuando sus innovadores criterios en materia constitucional y derechos humanos. Se resaltan sus cualidades personales, como su afabilidad y bonhomía, que lo convirtieron en una figura por demás querida y respetada. En conjunto, este capítulo ofrece una visión cercana e integral que permite advertir la admiración y el respeto de quienes lo rodeaban, así como el impacto del homenajeado en el estudio de la justicia constitucional.

El décimo tercer capítulo de la obra reúne las reflexiones de destacados constitucionalistas que abordan una temática crucial en la actualidad: el control de convencionalidad y europeidad. Raúl Canosa Usera, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, proporciona una visión panorámica sobre este tópico a manera de marco introductorio. La novedosa redefinición del control de validez y de la mediación normativa es íntegramente explorada por el profesor de la Universidad de Granada, Francisco Balaguer Callejón. En el estudio se destaca la necesidad de implementar nuevos criterios e instrumentos para gestionar las complejas relaciones que surgen entre los distintos ordenamientos jurídicos a partir de la integración supranacional, enfatizando la relevancia de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El alcance del control de convencionalidad en el sistema jurídico español, a partir de las implicaciones y desafíos que derivaron de la resolución de la STC 140/2018, de 20 de diciembre de 2018, es evaluado por la letrada del Tribunal Constitucional español Itziar Gómez Fernández. En el respectivo trabajo se profundiza sobre el contexto, el contenido y las diversas críticas formuladas a la sentencia de referencia, así como sobre los escenarios que deberán enfrentarse en un futuro: aceptación jurisdiccional, recuperación jurisprudencial de la competencia y reforma constitucional. Finalmente, el distinguido jurista Luis López Guerra, antiguo juez del TEDH, atiende en detalle un asunto que responde a la denominada «superabundancia» de las demandas presentadas ante el Tribunal de Estrasburgo: la adopción del procedimiento de opinión consultiva, recientemente introducido por el Protocolo 16 al Convenio Europeo de Derechos Humanos. En la ponencia se concluye, tomando en consideración las opiniones consultivas resueltas hasta el año 2022, la posible falta de eficacia de este mecanismo para reducir significativamente la carga laboral del Tribunal.

En el décimo cuarto capítulo, denominado «COVID-19, Parlamento y justicia constitucional», se compendian las investigaciones que analizan los desafíos particulares que sufrieron los Estados a nivel mundial, en concreto los Parlamentos y los sistemas de justicia constitucional, en el escenario de la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2. A manera de presentación del apartado, se expone el estado general del Estado de derecho y la democracia ante esta cuestión (Paloma Biglino Campos). En relación con el caso español, se abordan en detalle temas fundamentales: el papel del Tribunal Constitucional y la intervención del Parlamento durante la pandemia, mediante el análisis del ATC 7/2012 y las SSTC 83/2016, 148/2021, 168/2021, 183/2021 (Piedad García-Escudero Márquez); y la regulación general del voto parlamentario telemático en el paradigma del COVID-19, con especial énfasis en su utilización en la reciente reforma laboral y su entendimiento jurisprudencial por parte del Alto Tribunal (Rafael Rubio Núñez y Carlos Fernández Esquer).

Por lo que hace a las problemáticas suscitadas en la República mexicana, se reúnen un par de trabajos que diseccionan lo siguiente: las insuficiencias del marco constitucional mexicano ante cuestiones de emergencias sanitarias, particularmente las relativas a los órganos jurisdiccionales pertenecientes al Poder Judicial de la Federación, así como en materia de controles democráticos (Alfonso Herrera García); y las situaciones jurídicas más trascendentales que se presentaron en el seno del Poder Legislativo mexicano a partir de la pandemia, durante las legislaturas LXIV y LXV (Cecilia Mora-Donatto). Este apartado nos permite identificar los aciertos y desaciertos de los sistemas jurídicos ante el manejo de la pandemia del COVID-19, de manera que nos acerca serias propuestas para el fortalecimiento del Estado de derecho ante futuros escenarios.

El décimo quinto de los capítulos recopila una serie de ponencias que diseccionan el contenido, los efectos y la ejecución de las sentencias constitucionales y convencionales. Como introducción, el catedrático Javier Díaz Revorio (Universidad Castilla-La Mancha) aborda la complejidad y las implicaciones de las decisiones judiciales en el ámbito constitucional y convencional, así como los desafíos que enfrentan los sistemas jurídicos para garantizar su cumplimiento. Las clasificaciones y tipologías de las sentencias constitucionales, desde una perspectiva de derecho comparado, son analizadas por el profesor Giovanni A. Figueroa Mejía (Universidad Iberoamericana). En el estudio se reflexiona sobre su noción general, se discuten las dificultades asociadas con el análisis comparativo correspondiente y se examinan las diversas variantes de las sentencias «típicas» y «atípicas».

El doctor Javier García Roca (Universidad Complutense de Madrid) se ocupa del cambio de rumbo en el ámbito de la ejecución de las sentencias constitucionales y convencionales. En particular, dilucida cómo el TC ha implementado medidas para garantizar el efectivo cumplimiento de sus resoluciones, como es el caso del nuevo incidente de ejecución de sentencias, así como la progresiva expansión del TEDH en la supervisión de sus resoluciones, mediante la colaboración del Comité de Ministros y de la sociedad civil. En la contribución del profesor Osvaldo A. Gozaíni (Universidad Buenos Aires) se desarrolla el ámbito científico de las sentencias constitucionales y su relación con la teoría general del proceso, como su autonomía científica y técnica de construcción. En último término, los impactos de las sentencias del Tribunal de Estrasburgo sobre el marco jurídico ruso son rigurosamente atendidos por la doctora Argelia Queralt Jiménez (Universidad de Barcelona).

Los capítulos décimo sexto y décimo séptimo representan una inmersión detallada en dos temas cruciales para el campo de estudio de los derechos humanos. El primer conjunto de trabajos se centra en lo concerniente a la igualdad y no discriminación en el marco de los grupos en situación de vulnerabilidad. Se aborda el contexto fáctico iberoamericano y las principales líneas jurisprudenciales de la Corte Interamericana (Mariela Morales Antoniazzi); el entendimiento jurisprudencial y los retos del Tribunal Constitucional español sobre el derecho de igualdad y no discriminación (Encarnación Carmona Cuenca); la desventaja estructural en la jurisprudencia moderna de la Corte IDH (Laura Clérico y Anabella Viscelli); el enfoque de diferencia en el acceso a la justicia de niñas, niños y adolescentes (Ricardo Ortega Soriano); los desafíos de los derechos de las personas LGBTI en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (Flávia Piovesan y Jessica Tueller), y reflexiones sobre la relevancia del derecho antidiscriminatorio (Fernando Rey Martínez).

El segundo grupo de contribuciones académicas se enfoca en la libertad de expresión, la intimidad y las nuevas tecnologías. Se examina el panorama de estos derechos en el siglo xxi, a manera de introducción (Cristina Izquierdo Sanz); el origen, consolidación y evolución del concepto «vida privada social» en la jurisprudencia del TEDH (Ignacio García Vitoria); la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional español respecto del derecho a la propia imagen y las redes sociales (María Garrote de Marcos); el desarrollo jurisprudencial y hermenéutico de la Corte Constitucional italiana sobre la intimidad en el contexto de las nuevas tecnologías (Sabrina Ragone), y las dicotomías que presenta la libertad de expresión en el escenario de la comunicación digital (Miguel Revenga Sánchez).

El capítulo final de esta magnífica obra estudia dos procesos constitucionales de relevancia y actualidad: el habeas corpus y el habeas data. A manera de presentación de este último apartado, el profesor José Julio Fernández Rodríguez expone la panorámica de estas garantías jurisdiccionales, destacando su papel fundamental en la protección de la libertad individual y el derecho de protección de datos de las personas. En el primer trabajo, el doctor Hermógenes Acosta de los Santos expone los problemas normativos, estructurales y prácticos que desnaturalizaron e impidieron el pleno funcionamiento del habeas corpus en la República Dominicana: su deficiente previsión legal, las prácticas judiciales y su falta de comprensión por parte de los jueces. En la segunda contribución, el catedrático José María Coello de Portugal disecciona el desarrollo y problemáticas actuales de los derechos fundamentales de privacidad, específicamente en el contexto jurídico español y europeo.

El análisis detallado de las exhaustivas contribuciones académicas a la garantía del habeas corpus por parte del prestigioso jurista Domingo García Belaunde es abordado en el cuarto trabajo por el doctor José F. Palomino Manchego. En último término, la profesora María Sofía Sagüés se ocupa del estudio del habeas corpus como proceso estructural en el panorama de Argentina. En la investigación se reflexiona ampliamente sobre la jurisprudencia de la Corte IDH en relación con las violaciones estructurales de derechos humanos; la violación estructural de los derechos de las personas privadas de su libertad; las experiencias jurisdiccionales latinoamericanas sobre la materia, y la inexistencia de un medio idóneo de tutela que haga frente a la situación.

En definitiva, la obra objeto de la presente recensión representa una trascendental contribución académica fruto del XII Encuentro Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional. Esta no solo constituye una recopilación de las significativas ponencias presentadas en dicho congreso internacional, sino también una radiografía profunda y multifacética de los distintos desafíos que enfrenta esta importante disciplina y la justicia constitucional en general. Su valor reside en la magistral exposición de la complejidad y riqueza de los múltiples temas tratados por cerca de un centenar de reconocidos juristas, ofreciendo tanto un análisis de sobrada solidez teórica como serias meditaciones prácticas que permiten evaluar las potenciales soluciones para el perfeccionamiento de las actuales jurisdicciones constitucionales en América y Europa.

Estamos ante un monumental esfuerzo colectivo indudablemente llamado a perdurar en la posteridad, al constituir una lectura de obligada consulta para académicos, estudiantes, jueces y cualquier profesional del derecho interesado en adentrarse en los sustanciales debates contemporáneos del derecho procesal constitucional a nivel mundial y en la respectiva construcción de estudios jurídicos especializados. La garantía jurisdiccional de la constitución pertenece a aquel grupo selecto de obras que logran inspirar y desafiar a quienes se sumergen en sus páginas, convirtiéndose en una elemental referencia en la materia que invita a reflexionar sobre la manera de consolidar los mejores principios y valores democráticos en los sistemas constitucionales de nuestro tiempo.