LA AMNISTÍA EN EL SISTEMA ESPAÑOL: CUESTIÓN DE INTERPRETACIÓN Y DE CONTROL CONSTITUCIONAL^[1]

2.1. Inespecificidad de la Constitución sobre la amnistía: el proceso constituyente; referencia al derecho comparado[Subir]

Siguiendo un criterio lógico, el primero de los argumentos que designo aquí como mayores ha de ser referido al silencio de la Constitución sobre la amnistía: el art. 62.i CE determina como atribución del rey «ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales». Ni en este, que es que el precepto más directamente relacionado con la gracia, ni en otros de la Constitución se hace referencia a la amnistía. Una falta de especificación que es tenida por los contrarios a la admisibilidad de tal institución en nuestro ordenamiento como la piedra basilar alrededor de la cual giran los demás argumentos sobre la idea de que una potestad tan extraordinaria como es la de amnistiar no puede presumirse, sino que ha de venir necesariamente explicitada en el texto constitucional para que pueda entenderse posible. Y así lo corrobora (según este, desde luego, muy importante sector doctrinal, y con él, de opinión política y mediática) el hecho de que en el proceso constituyente, no figurando en el Anteproyecto de Constitución ninguna especificación del derecho de gracia («Corresponde al Rey: […] i) Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley», determinaba el entonces art. 54.h, que terminaría siendo el actual 62.i), se introdujese la prohibición de indultos generales y, sin embargo, no se aceptase la amnistía cuando esta fue propuesta por dos enmiendas presentadas, siendo —se añade como pretendido dato lógico— aquellos menos que estas (argumento a minori ad maius).

Aparentemente es un objeción muy relevante a la posibilidad de la amnistía en nuestro sistema. Sucede, no obstante, que no solo es replicable, sino que lo es en modo tal que la objeción se vuelve argumento en favor de la posibilidad que combate.

De entrada, la réplica más evidente es que la voluntas constituentis, siendo desde luego un criterio de interpretación de los preceptos constitucionales en casos de duda, no es determinante sobre la voluntas constituitionis, esto es, sobre la voluntad actual del texto constitucional según lo interpreten primero el legislador y luego el TC. El nuestro no es el sistema norteamericano en el que la tendencia hermenéutica «originalista» tenga la enorme influencia que tiene allí, como consecuencia de su singular Constitución y del modo de reforma. Si por un momento se hace abstracción de la amnistía de la que trae causa este trabajo y se piensa «en modo genérico», de estar la gran mayoría de los representantes parlamentarios de acuerdo en conceder una determinada amnistía, es fácil aventurar que se llevaría a cabo sin grandes problemas^[10].

Señalado esto, el argumento de que la veda del indulto general supone prohibir lo menos frente a lo más, que es la amnistía, y que, por ende, carece de lógica entender esta permitida estando aquel expresamente prohibido, requiere rechazar que, participando uno y otra de la naturaleza general de medidas de gracia, la naturaleza privativa de cada una, es decir, su cualidad específica, las hace insusceptibles de comparación: ni por el órgano concedente y su correspondiente modo normativo, ni por sus efectos. El propio intérprete supremo de la Constitución, siendo su jurisprudencia sobre la institución parca y referida a la amnistía preconstitucional según se ha dicho antes, dejó meridianamente claro como una de sus escasas referencias generales a esta la impropiedad de esa comparación:

Y ya concretamente respecto de la no aprobación de las enmiendas presentadas en la tramitación parlamentaria de la Constitución planteando introducir la amnistía en ella como fundamento de su imposibilidad, para su correcta consideración se requiere conocer tres cosas: el contenido de las enmiendas, su justificación respecto de lo dispuesto en el texto que pretendían enmendar y, en especial, el motivo de su no aceptación. El resultado de este escrutinio resulta ciertamente decepcionante en el caso de ambas enmiendas en lo referido a la amnistía. La primera^[12] simplemente aduce como justificación «razones sistemáticas» en el contenido del primer artículo dedicado a las Cortes, limitándose a introducir la amnistía como atribución específica de esta respecto de la de ejercicio de la potestad legislativa. La justificación de la segunda, que añade la prohibición de los indultos generales a la inclusión de la amnistía^[13], resulta singular, porque, antes de exponerla, presupone que la nueva Constitución reconocerá la amnistía, de modo que quien la presenta explica que «se trata de una limitación constitucional para los indultos generales indiscriminados y para las amnistías»; y, ciertamente, así lo justifica en el apartado específico para ello^[14]. Posiblemente por su escasa calidad tales enmiendas no merecieron debate tras su presentación y tampoco fueron mantenidas para el Pleno (en los términos de Requejo Pagés [‍2001: 84], «en el proceso constituyente de 1978 el debate sobre la gracia simplemente no existió»), limitándose los diputados a aceptar la prohibición de indultos generales, pero respetando la opción de la Ponencia constitucional de no constitucionalizar la amnistía, tal y como a continuación se verá con detenimiento.

A la vista de lo señalado, del lance de las enmiendas no aprobadas cabe colegir lo contrario de lo que se ha indicado que algunos deducen, justamente porque el resultado de su presentación es que se adopta la propuesta de una de ellas de prohibir los indultos generales. Hecho que comporta necesariamente preguntarse no por qué dejó de adoptarse la amnistía, sino por qué no se prohibió como se hizo con los indultos generales, cuando simplemente hubiera bastado con añadir a la nueva redacción del precepto que aprobó la referencia a la imposibilidad de los indultos generales dos vocablos: «Corresponde al Rey: […] i) Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales ni amnistías». No habiéndolo hecho, entender no permitida una ley de amnistía supone excepcionar el ejercicio de la potestad legislativa que expresamente dispone para las Cortes Generales el art. 66.2 CE. En este sentido resulta oportuno recordar una de las sentencias más relevantes en la historia del Tribunal Constitucional, la STC 76/1983, de 5 de agosto, en la que se señala que «[n]o cabe duda […] que las Cortes Generales, como titulares “de la potestad legislativa del Estado” (art. 66.2 de la Constitución), pueden legislar en principio sobre cualquier materia sin necesidad de poseer un título específico para ello» (FJ 4), añadiendo a continuación lo que va de suyo: que «esta potestad tiene sus límites, derivados de la propia Constitución»; términos que volvería a recordar casi tres décadas más tarde en la STC 136/2011, de 13 de septiembre, FJ 3. Máxime cuando, como se ha puesto de relieve^[15], la misma Constitución, a la hora de regular más adelante la iniciativa legislativa estatal, impide la que verse sobre «lo relativo a la prerrogativa de gracia» únicamente a la modalidad popular de dicha iniciativa (art. 87.3), no al resto de los que legitima para ejercer tal iniciativa, esto es, el Congreso, el Senado y el Gobierno (87.1), ni tampoco a las asambleas de las comunidades autónomas, aunque sea en este caso una iniciativa intermediada por el Gobierno o por la mesa del Congreso (art. 87.2 CE); siendo de nuevo claro que, de haber existido una voluntad de prohibición de la amnistía, tampoco hubiera requerido en esta regulación más que otro mero inciso^[16]. Cierto que no deja de tener sentido también la regulación actual del art. 87 CE tal y como ahora mismo está, puesto que con la prohibición de iniciativa legislativa popular a «lo relativo a la prerrogativa de gracia» puede bien entenderse que se constriñe a la ley reguladora del indulto individual como única forma posible para quienes niegan la viabilidad de la amnistía. Pero no hay literalidad que impida entender posible dentro de la iniciativa legislativa de los demás legitimados también la gracia en forma de amnistía. Para descartar esta posibilidad ha de acudirse, necesariamente, a argumentos distintos del gramatical que, a su vez, resistan otros que la confirmen.

En fin, en el mismo sentido abunda el restante precepto constitucional que se refiere a la gracia, el art. 102.3, que excluye su beneficio a los miembros del Gobierno que incurran en responsabilidad criminal, con una redacción («La prerrogativa real de gracia no será aplicable a ninguno de los supuestos del presente artículo») que inevitablemente violenta la exclusión de cualquier tipo de gracia que no explicite como tal el constituyente (caso del indulto general).

En suma, en mi entender resulta indudable que el constituyente evitó con cuidado tanto la especificación de la amnistía como su prohibición. Esto segundo es manifiestamente trascendental, porque de no entenderla prohibida necesariamente habrá de entenderse permitida, en virtud del horror vacui inherente a la potestad normativa (no de otra índole) de quien manifiesta la voluntad general. Llegados a esta conclusión, lo que se plantea es por qué el constituyente optó por la inespecificación en el caso. Y muy en particular cabe preguntárselo por el simple hecho de que el legislador constitucional fue el mismo que, en su calidad de legislador ordinario, emanó la aludida Ley de Amnistía de 1977; y, más aún, lo hizo exactamente al mismo tiempo.

Efectivamente, la Ponencia constitucional, integrada por los siete diputados (re)conocidos coloquial y justamente como «padres de la Constitución», fue elegida por la Comisión Constitucional del Congreso el 1 de agosto de 1977 y comenzó a trabajar el 22 del mismo mes. Lo hizo en veintinueve sesiones, la última de las cuales tuvo lugar el 14 de diciembre de ese mismo año^[17]. La Ley de Amnistía que se aprobó por las Cortes fue la Ley 46/1977, de 15 de octubre, por tanto, promulgada cuando la Ponencia constitucional se encontraba hacia la mitad de sus trabajos y en un contexto en el que el lema coreado en las frecuentes manifestaciones que tenían lugar era, como recuerdan los numerosos libros, artículos y documentales sobre la transición política, «Libertad, amnistía y estatuto de autonomía». Sería, pues, imposible sin más que sus miembros se abstrajesen, a la hora de abordar la gracia en el Anteproyecto de Constitución que estaban elaborando, de lo que en relación con la amnistía estaban haciendo junto con el resto de los parlamentarios en su calidad de legisladores ordinarios y que concluyó en la ley citada^[18].

En esa Ponencia encargada de elaborar el Anteproyecto de Constitución fueron muy pocas las materias que no se aprobaron en primera deliberación. Una de ellas, sin embargo, fue la referida a la amnistía. Y justamente entre medias de dos de las sesiones en las que se deliberó sobre tal objeto fue aprobada la Ley de Amnistía de 1977, de 15 de octubre. Lo que aquí importa es lo que se recoge en la minuta de la segunda y definitiva sesión: «Por lo que se refiere a la materia de la amnistía, se acuerda no constitucionalizar este tema»^[19]. «No constitucionalizar» no es, obviamente, sinónimo de «prohibir» (salvo que se interprete la prohibición de los indultos generales es simplemente una redundancia superflua, porque tampoco hubiera sido necesaria tal especificación para entenderla como que va de suyo). Esta decisión, de «no constitucionalizar» la amnistía, es la que se mantendrá hasta la aprobación del texto final de la Constitución: ni se explicitará ni se prohibirá, en contra de lo que sucedió, en este segundo sentido, con los indultos generales.

De la Quadra-Salcedo Fernández del Castillo explica la razón de esta no constitucionalización de un modo desde luego coherente atendiendo precisamente al efecto que tal constitucionalización hubiera podido suponer en relación con los terroristas, realidad desgraciadamente más que abundante en esos difíciles años^[20]. Una explicación, sin duda, muy racional, y que adquiere notable relevancia a la vista de que no solo, como se decía antes, no hubo debate sobre esta cuestión en el proceso constituyente, sino que (con la excepción antes vista de Ortega Díaz-Ambrona) apenas puede encontrarse rastro de haberse tratado fuera de este atendidas las memorias, o sus equivalentes, de los ponentes de la Constitución que las han publicado, ni de algunos otros protagonistas de aquel proceso^[21]. Y, hasta donde sabemos, tampoco los ponentes que subsisten han comentado nada específicamente al respecto^[22]. Un silencio muy espeso visto desde la perspectiva actual, que, sin embargo, ha pasado inadvertido hasta la fecha y que parece que fue bastante más consciente que inconsciente atendiendo a las amnistías de los años 1976 y, sobre todo, 1977.

A mi juicio, cabe añadir a esa explicación apuntada por el profesor De la Quadra-Salcedo otra que derivo del nivel jurídico-intelectual tanto de los ponentes constitucionales como de los letrados que les asistían, conocedores del derecho comparado, en particular de los sistemas de nuestro entorno, que, como es lugar común, tuvieron muy gran influjo en nuestro texto fundamental. La derivo porque tales sistemas contemplaban (y contemplan) en sus constituciones la amnistía, o instituciones equivalentes, cuando se estaba redactando el texto español de 1978: Italia, Francia y Portugal expresamente; y, en el importante caso de Alemania, en que no es así, habían tenido lugar leyes con dicho contenido (‍Pérez del Valle, 2001: 191). Y luego otros más que no han tenido esa influencia: desde Países Bajos, pasando por Dinamarca o Suiza, hasta llegar a Grecia^[23]. Sin que aparezca alguno de estos sistemas que expresamente la prohíba. Mi impresión —puramente subjetiva, pero que no me parece peregrina— es que, a la vista de este panorama constitucional comparado y tras la concesión de una amnistía amplia por las propias Cortes constituyentes, los «padres de la Constitución» concluyeron que lo más conveniente era no ya solo evitar la especificación sobre la amnistía en la Constitución, sino incluso evitar en la mayor medida de lo posible el debate sobre la cuestión. En esa impresión abunda el que, andando los años, uno de los más egregios constitucionalistas que ha tenido este país y que, según hemos recordado antes, asistió a la Ponencia como uno de sus letrados, Rubio Llorente, afirmase con palmaria claridad: «El indulto […] no es […] la única forma posible del derecho de gracia. Éste puede ejercerse también como amnistía, y de esta nada se dice en la Constitución. Del silencio constitucional respecto de la amnistía no se sigue necesariamente su prohibición»^[24].

El resumen de lo expuesto sobre la ausencia en nuestra Constitución del término «amnistía» en relación con el proceso constituyente es que, contra lo mantenido por la opinión que ve en él un argumento indudable en contra de su posibilidad en nuestro sistema, no arroja tal resultado, sino más bien el contrario.

2.2. El carácter disruptivo de la amnistía en el Estado constitucional de derecho y su correcta comprensión[Subir]

3.1. Sobre la interpretación del bien jurídico en juego[Subir]

El preámbulo de la proposición de ley orgánica de la amnistía lleva a cabo constantes alusiones al interés general que la funda, por «la necesidad de superar y encauzar conflictos políticos y sociales arraigados, en la búsqueda de la mejora de la convivencia y la cohesión social», a «excepcionar la aplicación de normas vigentes a unos hechos acontecidos en el contexto del proceso independentista catalán en aras del interés general, consistente en garantizar la convivencia dentro del Estado de Derecho», a la «renuncia al ejercicio del ius puniendi por razones de utilidad social que se fundamenta en la consecución de un interés superior: la convivencia democrática», a «crear las condiciones para que la política, el diálogo y los cauces parlamentarios sean los protagonistas en la búsqueda de soluciones a una cuestión política con una presencia recurrente en nuestra historia», a avanzar «hacia la plena normalización de una sociedad plural que aborda los principales debates sobre su futuro mediante el diálogo, la negociación, y los acuerdos democráticos», etc., alusiones que pretenden fundamentar la amnistía de los intervinientes en el procés. Evidentemente, los proponentes de la gracia, aunque parecen tener asegurada la que entienden mayoría suficiente para la aprobación como ley orgánica de la medida entienden muy necesario justificarla y se emplean en tal intento de modo intenso y profuso, con el lenguaje visto. Una justificación, no obstante, innecesaria si la proposición contase con un parlamentario realmente amplio, del que el ejemplo paradigmático fue a lo acaecido con la última amnistía habida en este país, la preconstitucional aquí aludida, de 1977, que, proyectándose sobre ilícitos mucho más graves, carecía de preámbulo.

La cuestión, sin embargo, estriba en que existan elementos de juicio que permitan otorgar verosimilitud a la pretensión proclamada como «razón» del beneficio o, cuando menos, que no propicien lo contrario, esto es, la duda de que la amnistía que se propone obedece a otros fines. Dicho de otro modo, en la propuesta de una amnistía, en particular cuando exacerba la sensibilidad política y socialmente, importan más con vistas al apoyo que se requiere para su aprobación los antecedentes ciertos inmediatos o próximos que las proclamas sobre el futuro de la pretensión. Este es, por definición, incierto, y se presta a conjeturas sobre lo que puede suceder tras su concesión, mientras que aquellos tienen la certeza de lo sucedido, certeza tanto más efectiva cuanto más próximos o inmediatos sean. Por tales antecedentes ciertos entendemos nosotros hechos o datos, o sea, realidades objetivas susceptibles de contraste real, no interpretaciones, deducciones o inferencias.

Siendo esto así, en el caso que nos ocupa difícilmente puede ser otra la conclusión de que el bien superior que necesariamente requiere la amnistía que se propone en nada se compadece con los hechos que constituyen tales antecedentes, que son de dominio común y que, para su cabal comprensión, procede que se recuerden en forma cronológica. A saber:

Importa, y mucho, subrayar que todos los items de la relación señalados son facta, hechos puros, si así se puede expresar. No hay deducción, inferencia o derivación alguna de ellos, que, a los efectos que aquí importan, se eluden con toda intención. Y, en cuanto no cabe negar la existencia de tales hechos, la conclusión que de su conjunto resulta es una conclusión ineluctable según se adelantaba: no hay en el caso bien común de la comunidad política superior al que es el cumplimiento de la ley. No hay el interés general al que, con la frecuencia que se ha comentado, acude el extenso preámbulo de la proposición de ley para justificar la amnistía. Hay un interés privativo, de quien promueve la amnistía accediendo al dominio del Poder Ejecutivo de la nación, y de quienes se benefician directamente de ella mediante su habilitación jurídica personal al desaparecer el impedimento de su condena, real o potencial, por los ilícitos que hayan podido cometer. Una evidencia esta última que conduce directamente a añadir a la amnistía propuesta el fundamental reproche del «autoperdón», puesto que, aunque el beneficio se extienda a un número indeterminado de sujetos, la causa que se hace más evidente es el beneficio de los responsables perfectamente identificados de las formaciones políticas que firman el acuerdo con la formación mayoritaria que acepta la propuesta del perdón^[37].

3.2. Sobre el tipo de mayoría que ha de compartir la amnistía[Subir]

Inherente a la naturaleza del bien común, utilidad pública o interés general que requiere por fuerza la amnistía para considerarla constitucionalmente legítima, se encuentra la cuestión de quién ha de apreciar que tal bien o interés existe en el caso. Como ha quedado dicho, al que se le encomienda esa apreciación es, en principio, al Parlamento, como representante de los ciudadanos (del «pueblo español»: art. 66.1 CE). Esa apreciación ha de serlo por una mayoría parlamentaria suficientemente amplia que haga la medida constitucionalmente legítima, no tanto como tiende a pensarse —hemos razonado también antes— en el sentido de que tal abundante mayoría haya de apoyarla positivamente, cuanto en el sentido de que, al menos, no se opongan a ella, y a fortiori radicalmente, un número relevante de representantes^[38].

Desde que se insinuara la posibilidad de la amnistía que nos ocupa, quedó palmariamente claro que no iba a ser este el caso de la que se ha acabado por proponer. Y, en el momento en el que se entregan estas páginas, la diferencia en el Congreso de los Diputados cuando en él se ha votado el nuevo Dictamen de la proposición de ley orgánica (el que parece definitivo) entre los que la apoyan (177) y los que se oponen radicalmente a ella (172) ha sido de 5 votos en un conjunto de 350, resultado que deja patente la división enconada de la Cámara, prácticamente por mitad^[39]. En el Senado, por su parte, la mayoría de quienes se oponen es, en comparación, bastante mayor a la de quienes la apoyan (la diferencia supera, según las posiciones referidas de las distintas formaciones, la treintena de votos, sobre el casi centenar menos que son los senadores [266 en la presente legislatura], lo que cualifica más la diferencia). Una división esta que se traslada a la sociedad fuera de Cataluña, parece que incluso en mayor medida y más visiblemente, si se atiende a la concurrencia de personas en las manifestaciones contra ella convocadas por los principales partidos de la oposición. En definitiva, viene resultando, y de modo sostenido, justamente lo contrario a lo que demanda la naturaleza singularmente excepcional de la amnistía y a la finalidad que reitera el preámbulo de la propia proposición de ley: la existencia de un interés general consistente en restañar la convivencia social y política quebrada por la insurrección independentista. Incluso si las circunstancias numérico-políticas, por así expresarlo, hubiesen sido otras y hubieran hecho innecesario el apoyo parlamentario para mantenerse en el Gobierno a quienes hoy lo ocupan, la idea del retorno de la convivencia en el territorio del procés que exportada al resto del territorio nacional se constata que comporta la alta polarización social que ha venido comprobándose no resultaría constitucionalmente admisible. Porque, sencillamente, una amnistía en extremo divisiva de la comunidad política en cuyo seno se otorga resulta ser una contradicción en sus propios términos^[40].

Porque esto es así, resulta penosamente pobre la idea de que basta con lograr la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados para aprobar una ley con el carácter de ley orgánica que parece entenderse como la fuente necesaria para conceder amnistías en nuestro sistema, toda vez que no hay una ley más reforzada en cuanto al número de votos. A mi modesto entender, es bastante dudoso que haya de ser tal tipo de ley la que apruebe una amnistía, de entrada porque la Constitución nada determina sobre tal institución, lo que la convierte en una materia más de la genérica potestad legislativa que tienen las Cortes (contra lo que sucede en algunos ordenamientos, que, según se ha visto, explicitan mayorías para tal tipo de beneficio; otros, sin embargo, no lo hacen). Y desde el punto de vista sustantivo, porque una amnistía no lleva a cabo un «desarrollo “directo”» de derechos (que es lo que exige el art. 81.1 CE: STC 6/1982, de 22 de febrero, FJ 6: entrecomillado original) ni indirecto: lo que hace es determinar el alcance de la renuncia del Estado al ius puniendi para los casos de que se trate; el «desarrollo» normativo de los derechos que lo requieren (solo los de la secc. 1.ª del cap. 2.º del tít. I CE) entre los que tienen los amnistiados, lo hace en todo caso la ley penal en general, que resulta plenamente vigente para todos, incluidos los beneficiados si cometiesen los mismos ilícitos penales por causa distinta de la que cubre su beneficio ad hoc. En el caso que nos ocupa, la calificación de «orgánica» de la ley propuesta se limita a sus disposiciones finales, que modifican la L.O. del Tribunal de Cuentas y el Código Penal reintroduciendo la amnistía como causa de extinción de la responsabilidad contable y penal (que, como se ha comentado, en rigor es una explicitación solo aclaratoria, porque a toda amnistía le es inherente la exención de la responsabilidad derivada de los ilícitos que borra) y, en los términos en los que razonara en su día el TC (STC 76/1983, de 18 de agosto, FJ 51.d), la ley de amnistía sería en realidad pieza de otra ley orgánica (en este caso, el Código Penal) y, si no hay razones para que una ley sea orgánica, no procede que sea considerada tal.

Señalado lo anterior, sin necesidad de salir del texto constitucional, en rigor resultaría mucho más adecuado sin duda alguna a la naturaleza de la amnistía, a mi juicio, el tipo de ley que se prevé en su art. 150.3 (con un objeto que obviamente nada tiene que ver con el que aquí nos ocupa)^[41]. Y sería mucho más adecuado porque para que las Cortes puedan emanar una ley de tal tipo la Constitución requiere que la mayoría absoluta de ambas cámaras aprecie que realmente se da en el caso «el interés general» que demanda su finalidad^[42]; sin que, por lo demás, como dejara sentado el TC en la reiterada STC 76/1983, tal mayoría absoluta requerida en la Cámara baja, además de en la alta, haga de tal tipo de ley una ley orgánica. Esta exigencia de la mayoría absoluta de cada cámara constatando que existe en el supuesto concreto de que se trate un interés general para conceder una amnistía, y la carencia de naturaleza orgánica de la ley, resulta —reitero— mucho más acorde con la naturaleza de la institución de la gracia en forma de amnistía que el tipo de ley que determina el art. 81 CE. Con todo, incluso si tal mayoría absoluta en ambas cámaras fuese favorable a una amnistía, pero una parte notoriamente relevante de ambas se opusiese de modo rotundo, en mi entendimiento seguiría resultando constitucionalmente inviable.

3.3. Sucinta conclusión[Subir]

Tras todo lo expuesto hasta aquí, ¿en qué se traduce, por un lado, la ausencia de interés general en la concesión de la pretendida amnistía, y, por otro, la obvia insuficiencia de respaldo en las Cortes Generales, es decir, en el Parlamento como institución, caracteres que conllevan la total desnaturalización de la institución de la amnistía? O formulada la cuestión de otro modo: ¿en qué ha de traducirse el control de constitucionalidad de la Ley de Amnistía cuando esta desconoce, según ha quedado expuesto, las dos características esenciales que ha de presentar tal forma de gracia? A mi juicio, en la conclusión de que incurre indudablemente en una arbitrariedad expresamente prohibida a los poderes públicos por el art. 9.3 CE, interdicción «¡inmanente a todo ordenamiento jurídico!», como exclamase el gran autor alemán Otto Bachof (‍1951), y, en consecuencia, en la declaración de nulidad de la ley por ello. De la ley como tal norma en sí, es decir, sin necesidad de entrar en su contenido, que podrá acaso contemplar preceptos perfectamente constitucionales y que desplegarían sus efectos consiguientes si estuvieran en otro texto, continente de una amnistía rectamente entendida, pero que —siempre a mi juicio— no procede siquiera entrar a considerarse en el texto en que ahora están, viciado de inconstitucionalidad porque desfigura dicha institución haciendo que comporte cabalmente lo contrario de lo que la caracteriza, del fin para el que su excepcionalidad la hace posible.