SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DICTADAS DURANTE EL PRIMER CUATRIMESTRE DE 2024

Durante el primer cuatrimestre de 2024 se han dictado las sentencias que se reseñan a continuación:

A) Las sentencias dictadas en recursos de inconstitucionalidad han sido once.

La Sentencia (en adelante STC) 7/2024, de 16 de enero, resuelve el recurso interpuesto por más de cincuenta diputados del grupo parlamentario Vox del Congreso de los Diputados en relación con el art. 2.2 del Real Decreto Ley 16/2021, de 3 de agosto, por el que se adoptan medidas de protección social para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica. Con carácter previo, el Tribunal examina la pervivencia del objeto del recurso debido a la pérdida de efectos y la derogación de los incisos impugnados, en la redacción dada mediante el RDL 16/2021, no priva totalmente de objeto al recurso, lo cual le lleva a concluir que han decaído las tachas de inconstitucionalidad relativas a la vulneración de los derechos de propiedad y a la tutela judicial efectiva en su vertiente del derecho a la ejecución de las resoluciones, pero que pervive el motivo de impugnación sobre el art. 86.1 CE en su doble vertiente.

Respecto a la concurrencia del presupuesto habilitante, el Tribunal considera que el Gobierno ha hecho explícita de forma sucinta, pero razonable, la situación de extraordinaria y urgente necesidad.

En cuanto a la queja relativa a la afectación al derecho de propiedad, el Tribunal trae a colación la doctrina constitucional sobre los límites materiales a los decretos leyes, así como la del contenido del derecho de propiedad y la posibilidad de su afectación mediante decreto ley fijadas en las SSTC 9/2023 y 15/2023, que enjuiciaron la versión inicial del art. 1 bis. De este modo, alcanza la misma conclusión que en las citadas resoluciones porque la medida de suspensión de los lanzamientos de viviendas establecida en los incisos impugnados es idéntica a la entonces sometida a enjuiciamiento. En consecuencia, desestima esta queja al concluir lo siguiente:

En consecuencia, se declara la pérdida sobrevenida de objeto del recurso en lo que hace a los motivos de impugnación relativos al derecho de propiedad (art. 33 CE) y al derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales en sus propios términos (art. 24.1 CE) en relación con la potestad de jueces y tribunales para hacer ejecutar lo juzgado (arts. 117 y 118 CE), mientras que se desestima el resto.

Formulan un voto particular discrepante conjunto los magistrados Ricardo Enríquez Sancho, Enrique Arnaldo Alcubilla, Concepción Espejel Jorquera y César Tolosa Tribiño.

La STC 15/2024, de 30 de enero, resuelve el recurso interpuesto por más de cincuenta diputados del grupo parlamentario popular en el Congreso respecto de la Ley Orgánica 4/2021, de 29 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para el establecimiento del régimen jurídico aplicable al Consejo General del Poder Judicial en funciones. La sentencia sigue básicamente lo ya establecido en la STC 128/2023. En ella, en primer lugar, se declara la desaparición sobrevenida parcial del recurso, debido a que el legislador había expulsado del ordenamiento uno de los preceptos controvertidos; en segundo lugar, rechaza que se hubiera producido una vulneración formal al considerar el Tribunal que se hubieran vulnerado las normas procedimentales parlamentarias, ni tampoco, frente a la invocación de los recurrentes, el derecho de la Unión Europea. En tercer lugar, se desestima que se haya producido una inconstitucionalidad material, dado el margen de decisión que la Constitución atribuye a las Cortes para la elección de los miembros del CGPJ, a lo que se suma la excepcionalidad institucional existente ante el retraso en la renovación del CGPJ.

En relación con el nuevo art. 570 bis LOPJ, por la supresión o restricción funcional del Consejo en relación con la facultad de interponer conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional, el Tribunal recuerda que no es una facultad directamente derivada de la Constitución, sino atribuida por el legislador, por lo que no resultaría vulnerado el art. 165 CE.

Finalmente, rechaza que se trate de una ley singular o de caso único, puesto que se dirige a todos los supuestos en los que el CGPJ esté en funciones.

En atención a todos esos argumentos, desestima el recurso.

Formulan un voto particular los magistrados Enríquez y Tolosa, en el que remiten a la argumentación del que formularon en la STC 128/2023; otro voto particular está firmado por los magistrados Arnaldo y Espejel, en el que también remiten al firmado en la STC 128/2023, pero al que añaden algunas precisiones sobre aspectos que solo afectan a la sentencia presente.

La STC 19/2024, de 31 de enero, resuelve el recurso interpuesto por cincuenta diputados del grupo parlamentario Vox en el Congreso respecto de la disposición adicional quinta de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital, y la disposición final trigésima de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para el año 2022, que da una nueva redacción al primer párrafo de la citada disposición. Los recurrentes alegaban que la cesión a las comunidades autónomas del País Vasco y Navarra de competencias en relación con el ingreso mínimo vital (ejecución de ciertas funciones y prestación de servicios, incluido el pago de la prestación) suponía una vulneración de la competencia exclusiva del Estado para el establecimiento de la legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social (art. 149.1.17 CE).

El Tribunal, después de acotar el análisis a la redacción vigente del precepto cuestionado y recordar su jurisprudencia respecto de la condición del ingreso mínimo vital (STC 158/2021, de 16 de septiembre, FJ 3) como «ejercicio de una función del Estado» inherente al sistema de la Seguridad Social, reitera (apoyándose en la STC 124/1989, FJ 3) que la caja única y el modelo unitario de la Seguridad Social constituyen un límite para las competencias de gestión que pueden asumir las CC. AA. del País Vasco y Navarra. Estas premisas llevan al TC a desestimar el recurso, ya que las funciones que se ceden en la Ley 19/2021 son la iniciación, la tramitación, la resolución y el control de los expedientes del ingreso mínimo vital, esto es, no se trata de actuaciones que tenga encomendadas la Tesorería General de la Seguridad Social, sino el Instituto Nacional de la Seguridad Social (que es una entidad gestora de la Seguridad Social), por lo que no se ve comprometida la caja única. En la misma línea argumental, el TC recuerda que, para llevar a cabo estas funciones, las CC. AA. han de aplicar normativa íntegramente estatal, por lo que no se pone en riesgo el modelo unitario de la Seguridad Social.

Finalmente, en lo relativo a la constitucionalidad de la cesión de pago de la prestación, el TC también desestima el recurso planteado. Tanto el convenio como el concierto posibilitan que ambas CC. AA. asuman el pago del ingreso mínimo vital (pues recaudan la práctica totalidad de los tributos con los que se ha de financiar) y luego lo descuenten del cupo (País Vasco) y la aportación (Navarra) que les corresponda.

La STC 20/2024, de 31 de enero, resuelve el recurso interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid en relación con el art. 29 del Real Decreto Ley 14/2022, de 1 de agosto, de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, en materia de becas y ayudas al estudio, así como de medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la dependencia energética del gas natural. Tras examinar la consolidada doctrina constitucional sobre el presupuesto habilitante y su aplicación al presente supuesto, el Tribunal concluye que «el Gobierno ha aportado una justificación explícita y razonada de su opción normativa». Así, considera que, frente al razonamiento de que no era necesario reaccionar con tanta inmediatez pudiendo haberse aplicado el procedimiento legislativo de urgencia, la sentencia señala que «lo que se pretendía con el precepto impugnado era precisamente generar efectos súbitos, que con otros instrumentos se hubieran dilatado necesariamente en el tiempo». Sobre la naturaleza materialmente reglamentaria de algunas de las disposiciones impugnadas, recuerda que nuestro sistema de fuentes no contempla reservas de reglamento. Y, por último, concluye que queda acreditado el requisito de la conexión de sentido de las medidas adoptadas y la situación de urgencia. En consecuencia, concluye que no se aprecia un uso inadecuado de la figura del decreto ley.

El fallo declara la pérdida sobrevenida de objeto del recurso de inconstitucionalidad respecto a los motivos de impugnación relativos a los apartados 1, 2, 4 y 5 del art. 29 del Real Decreto Ley 14/2022 y desestima todo lo demás.

Un voto particular es formulado conjuntamente por los magistrados Enrique Arnaldo Alcubilla y Concepción Espejel Jorquera.

La STC 25/2024, de 13 de febrero, resuelve el recurso interpuesto por más de cincuenta diputados pertenecientes a los grupos parlamentarios Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, Republicano, Plural y Grupo Mixto del Congreso de los Diputados en relación con la Ley del Parlamento de Andalucía 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía. La inconstitucionalidad general de la norma aducida por los recurrentes traería causa de la existencia de un vicio en la tramitación, al haberse canalizado esta por el procedimiento de urgencia. El Tribunal, apoyándose en su doctrina sobre vicios procedimentales, rechaza la existencia de tacha de inconstitucionalidad por esta causa, ya que «[l]a declaración de urgencia, adoptada por el órgano competente a propuesta de uno de los sujetos legitimados para ello, es una opción procedimentalmente válida, que per se no da lugar a un vicio de inconstitucionalidad del procedimiento legislativo» (STC 234/2000, FJ 13).

Descartada la inconstitucionalidad general de la Ley del Parlamento de Andalucía 7/2021, el TC procedió a enjuiciar los preceptos concretos objeto de recurso. Respecto del art. 19.1.a, en el que se regulan los derechos y deberes de propiedad del suelo rústico, los recurrentes alegaban que su regulación entrañaba una vulneración del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), así como del derecho a la autonomía local (art. 140 CE), y, de manera mediata, la competencia sobre legislación básica del art. 149.1.23 CE, pues entraba en contradicción con lo dispuesto en el art. 13.1 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (TRLSRU). Después de analizar el precepto, y tomado en consideración el resto de disposiciones de la ley que inciden en el régimen de uso del suelo rústico, se descarta que el art. 19.1.a sea contrario al principio de seguridad jurídica. Sin embargo, se ve abocado a realizar una interpretación conforme de este para evitar la vulneración del principio de autonomía local. En efecto, aunque el Alto Tribunal considera perfectamente constitucional la opción legislativa adoptada (la regulación de usos prohibidos en lugar de explicitar las actividades permitidas), sí precisa que cuando el artículo se refiere a suelo rústico especialmente protegido por legislación sectorial se ha de entender que su uso ordinario, en lugar de estar prohibido, solo va a «estar permitido [conforme a lo dispuesto] por dicha ordenación, pues se trata de una limitación que viene impuesta por la legislación aplicable por razón de la materia».

En lo relativo al art. 21.1 de la ley, en el que se enumeran las actuaciones sobre suelo rústico consideradas ordinarias, el TC también recurre a la técnica de la interpretación conforme; esta vez para precisar el sentido y alcance de los incisos «mineros», «a las energías renovables» y «actividades mineras» previstos en el apartado 1 de ese art. 21. Respecto de esas actividades, el TC considera que, si bien pueden clasificarse como usos ordinarios de suelo rústico, deberán llevarse a cabo de manera que se controle su impacto ambiental, evitando que su ejecución provoque una transformación de la naturaleza rústica del terreno (lo que acontecería si esos usos provocasen «la pérdida irreversible de su capacidad vegetativa»).

En la medida en que el contenido del apartado 2.b del art. 21 sobre edificaciones destinadas a uso residencial o alojamientos no supone una urbanización del suelo rústico y es subsumible dentro de los criterios fijados en el art. 13.1 TRLSRU, el TC no encuentra tacha de inconstitucionalidad alguna en ese precepto. Tampoco considera que el art. 22.1, referido a las actuaciones extraordinarias en suelo rústico, suponga una vulneración de los arts. 9.3 y 140 CE, pues, al igual que ocurría con el art. 19.1.a, la técnica de la prohibición resulta constitucionalmente aceptable, más si cabe cuando las actuaciones extraordinarias que pudieran darse están revestidas de garantías adicionales. No ocurre lo mismo con el apartado segundo del art. 22. En este caso, el TC declara inconstitucional y nula una parte de este, concretamente el final del primer párrafo, en el que se establece: «Asimismo, vinculadas a estas actuaciones, podrán autorizarse conjuntamente edificaciones destinadas a uso residencial, debiendo garantizarse la proporcionalidad y vinculación entre ambas». El TC considera que no se prevén las garantías suficientes para evitar que las actuaciones previstas en este inciso puedan derivar en usos del suelo rústico que vulneren lo dispuesto por el legislador básico en el art. 13.1 TRLSRU, pudiendo entrañar una disminución del nivel de protección ambiental por él impuesto.

Sí considera constitucionales los arts. 50 y 53 de la Ley 7/2021. Entendían los recurrentes que estos artículos podían suponer una vulneración de la autonomía local (arts. 137 y 140 CE), sin embargo, esta posibilidad queda desestimada. Tanto la declaración de interés autonómico (art. 50) como la suspensión cautelar de instrumentos de ordenación urbanística (art. 53) cuentan con una regulación legal suficientemente delimitada y que, además, responde a intereses supralocales. Distinta consideración le merece al TC la exención de licencia urbanística municipal para los usos mineros prevista en el art. 137.2f. Para el TC, el precepto autonómico contraviene lo previsto en la legislación básica (art. 11.4.a TRLSRU). En efecto, esta exige licencia municipal para aquellas actuaciones que comporten movimientos de tierras y explanaciones, algo inevitable cuando se trata de aprovechamientos mineros; por consiguiente, la palabra «mineros» prevista en la enumeración del art. 137.2.f es declarada inconstitucional y nula.

La eventual inconstitucionalidad de los arts. 151.1 y 153.1 es abordada conjuntamente. El TC, después de señalar la inexistencia del aducido 153.1f y reconducir el recurso al 153.1, acota aún más el objeto al indicar que, en realidad, solo se discute la constitucionalidad del inciso «resulten […] no conformes con ella», común a ambos preceptos. El análisis de este lleva al TC a negar que se establezca una solución unívoca para todos los supuestos, lo que comportaría una afectación del derecho a la igualdad (art. 14 CE), señalando las distintas posibilidades de actuación legalmente previstas. Tampoco considera el Alto Tribunal que el principio de no regresión se vea afectado, pues el modo en que se regula el restablecimiento de la legalidad territorial y urbanística no comporta una rebaja en los estándares de protección.

Entienden los recurrentes que el régimen de desafección de las vías pecuarias sujetas a planeamiento urbanístico previsto en la disposición adicional cuarta contraviene lo dispuesto en los arts. 10 a 12 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias, y, con ello, estaría infringiéndose la competencia sobre legislación básica del art. 149.1.23 CE. El TC descarta que tal vulneración se produzca respecto de los apartados 3 y 4 de la disposición adicional; sin embargo, sí considera que los apartados 1 y 2 son inconstitucionales y nulos, pues estarían habilitando «la desafectación implícita de determinadas vías pecuarias que hubieran adquirido la condición de suelo urbano», lo que supone una disminución del nivel de protección previsto en la legislación básica y, por tanto, una vulneración del art. 149.1.23 CE.

El apartado 2.f de la disposición derogatoria es el último de los preceptos objeto de recurso. Conforme a esta disposición, queda derogada la norma 45.4.a del Decreto 206/2006, de 28 de noviembre, por el que se adapta el plan de ordenación del territorio de Andalucía. Para los diputados recurrentes, esta previsión incurre en tres causas de inconstitucionalidad: modifica mediante ley una norma reglamentaria, lo que comportaría una modificación arbitraria y contraria al art. 9.3 CE; incumple la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y, por lo tanto, ocasionaría una vulneración mediata del art. 149.1.23 CE, y, finalmente, la derogación de la norma 45.4.a entrañaría una infracción del principio de no regresión. El TC considera que la derogación resulta razonable (no arbitraria) y congruente con el establecimiento de un modelo distinto de crecimiento sostenible, compatible con la legislación de evaluación ambiental.

En síntesis, el TC declara inconstitucional y nula una parte del art. 22.2, los apartados 1 y 2 de la disposición adicional cuarta y la palabra «mineros» del art. 137.2.f. Además, realiza una interpretación conforme respecto de las previsiones del art. 19.1.a y de ciertos conceptos del art. 21.1 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía.

La STC 29/2024, de 28 de febrero, resuelve el recurso interpuesto por más de cincuenta senadores del grupo parlamentario socialista respecto de la Ley 1/2020, de 8 de octubre, por la que se modifica la Ley 9/2001, de 17 de julio, del suelo de la Comunidad de Madrid, para el impulso y reactivación de la actividad urbanística. En ella se declara extinguido el recurso por pérdida sobrevenida de su objeto al haber sido derogada la ley impugnada.

La STC 32/2024, de 28 de febrero, resuelve el recurso interpuesto por más de cincuenta diputados del grupo parlamentario popular en el Congreso respecto de la disposición adicional quinta de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital, en la redacción dada por la disposición final trigésima de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para el año 2022. El recurso es desestimado siguiendo básicamente lo establecido en la STC 19/2024.

La STC 44/2024, de 12 de marzo, resuelve el recurso interpuesto por más de cincuenta diputados del grupo parlamentario popular en el Congreso respecto de diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 17/2020, de 22 de diciembre, de modificación de la Ley 5/2008, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista. El Tribunal comienza por encuadrar la norma autonómica controvertida en la materia de «políticas de género». En el enjuiciamiento de constitucionalidad de los preceptos impugnados, el Tribunal afirma que la ley controvertida tiene como finalidad la erradicación de la violencia machista, pero sin incidir en el ámbito penal, de modo que «tampoco produce, con la extensión de sus efectos a las mujeres transgénero que no hayan acometido el cambio registral, una ampliación del sujeto pasivo de los tipos penales»; argumentación que reitera en torno al consentimiento, de manera que «la definición ofrecida por el legislador autonómico agota su eficacia en los objetivos que son propios de una norma de carácter asistencial insertada en las políticas de género, con independencia de la relevancia o utilidad que dicha definición tenga para la consecución de aquellos» (FJ 3). Con similares argumentos se desestima igualmente la invocada inconstitucionalidad del art. 1 de la Ley 17/2020, pues

Por el contrario, sí es declarado inconstitucional el art. 16 de la ley catalana por afectar a la reserva del art. 81.1 CE, dado que «[l]a norma impugnada establece condiciones que inciden en la organización y funcionamiento de los partidos políticos, llegando incluso a imponer obligaciones respecto de personas que no son siquiera afiliados del partido político sino meramente simpatizantes» (FJ 5).

Formula un voto particular la magistrada Balaguer por discrepar de la argumentación vertida. El magistrado Arnaldo formula otro voto particular al considerar que el alcance de la declaración de inconstitucionalidad tendría que haber llevado al fallo parte de los argumentos expresados en los fundamentos con respecto a otros preceptos de la ley.

La STC 65/2024, de 11 de abril, resuelve el recurso interpuesto por el presidente del Gobierno en relación con los apartados 2 y 65 del art. único de la Ley Foral 17/2021, de 21 de octubre, por la que se modifica la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de contratos públicos. Antes de entrar al fondo del asunto, el TC valora si las modificaciones legislativas acaecidas durante el procedimiento han podido afectar a la pervivencia del asunto y, después de comparar el contenido de las dicciones impugnadas con el actual (incorporado por la disposición final segunda, apartado siete de la Ley Foral 35/2022, de 28 de diciembre, y por la disposición final séptima de la Ley Foral 2/2024, de 13 de marzo), concluye que se ha producido una pérdida de objeto del recurso en lo atinente a la disposición adicional vigésimo primera, así como en lo dispuesto en la letra m) del art. 7.1 de la Ley Foral 2/2018; es decir, en las previsiones que disciplinaban el régimen aplicable a la adquisición pública de medicamentos. De esta forma, la competencia del art. 149.1.16 CE deja de ser objeto de controversia.

Sin embargo, la causa pervive respecto del art. 7.1, letra l), añadido por el apartado 2 del art. único de la Ley Foral 17/2021. Este precepto excluye de su ámbito de aplicación determinados servicios de abogacía (representación y asesoramiento jurídico), así como servicios de certificación y autenticación ante notario. El TC declara inconstitucional y nula esta previsión, pues es contraria a lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Ello es así porque, a pesar de que el contenido del art. 7.1.l reproduce lo previsto en la Directiva 2014/24/UE, ello no obsta para que, de conformidad con el principio de subsidiariedad, sea el legislador nacional el que decida si tales servicios «deben quedar sometidos a las normas de contratación pública». Esta interpretación, además de responder a la doctrina del TC «en relación con la incorporación a nuestro ordenamiento interno de las directivas europeas», resulta congruente con lo resuelto por el TJUE en la STJUE de 6 de junio de 2019, asunto C-264/18, P.M. y otros c. Ministerraad.

La STC 67/2024, de 23 de abril, resuelve el recurso interpuesto por más de cincuenta diputados del grupo parlamentario popular en el Congreso respecto de la disposición final primera de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para el año 2022. En ella se aplica la doctrina acerca de los límites materiales de la ley de presupuestos, la cual ya ha sido objeto de numerosas sentencias. En este caso, una vez descartado que el precepto cuestionado forme parte del núcleo esencial de ese tipo de ley, procede examinar si puede formar parte del denominado «contenido eventual», lo que se descarta al tratarse de «una norma en materia de función pública, que no guarda conexión con el régimen retributivo de los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional ni tiene incidencia económica directa con los ingresos o los gastos, al no suponer un incremento o minoración de los ingresos de las administraciones públicas que se vean afectadas».

El fallo declara la inconstitucionalidad y nulidad de la disposición controvertida, si bien esa declaración de nulidad no alcanza a los procesos selectivos y provisión de puestos de trabajo que se hubieran producido con anterioridad (FJ 4).

Formula un voto particular discrepante la magistrada Balaguer.

La STC 68/2024, de 23 de abril, resuelve el recurso interpuesto por el presidente del Gobierno respecto de la Ley del Parlamento de Galicia 4/2023, de 6 de julio, de ordenación y gestión integrada del litoral de Galicia. El recurso es parcialmente estimado, de modo que declara la inconstitucionalidad y, por tanto, nulidad del apartado 3 del art. 60, puesto que la regulación que recoge, permitiendo el tratamiento y vertido de aguas en la ribera del mar, es contraria al art. 44.6 de la Ley de Costas y, de modo mediato, al art. 132.2 CE, y la expresión «gallegas» del apartado 2 del art. 59.2, dado que no es posible justificar un trato privilegiado para las embarcaciones gallegas frente al resto de embarcaciones. Asimismo, declara que no es inconstitucional el primer párrafo del apartado 2 del art. 55 siempre que se interprete

Formula un voto particular discrepante la magistrada M.ª Luisa Balaguer.

B) Las sentencias dictadas en cuestiones de inconstitucionalidad han sido cuatro.

La STC 11/2024, de 18 de enero, resuelve la cuestión planteada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en relación con el art. 3.1, apartados primero y segundo, del Real Decreto Ley 3/2016, de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y otras medidas urgentes en materia social. Específicamente, ese precepto añade una disposición adicional (la decimoquinta) y modifica la disposición transitoria decimosexta de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del impuesto sobre sociedades. Los cambios normativos operados en la regulación del impuesto tienen como cometido incrementar su capacidad recaudatoria, para lo que ensanchan su base imponible y limitan ciertas deducciones. La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, apoyándose en lo resuelto en la STC 78/2020, de 1 de julio, considera que las medidas adoptadas rebasan los límites materiales del real decreto ley, al afectar de manera sustancial al deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos (art. 31.1 CE).

El Pleno del Tribunal, tras recordar que es constitucionalmente posible que, mediante decreto ley, «se puedan establecer, modificar o derogar prestaciones patrimoniales de carácter público, siempre que […] no se afecte al deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos que establece el art. 31.1 CE», procede a analizar si, en este caso, se ha excedido el marco reservado al decreto ley. Para ello, toma en consideración el tributo afectado (impuesto sobre sociedades), el modo en que se aplica el principio de capacidad económica (en este caso, las modificaciones afectan a la base imponible) y el alcance de la regulación (el propio real decreto considera que son «de relevancia»). En atención a los parámetros expuestos, el TC declara inconstitucionales y nulos los preceptos cuestionados, pues afectan al deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos y, por tanto, vulneran el art. 86.1 CE.

Esta sentencia cuenta con un voto particular, del magistrado Enrique Arnaldo Alcubilla, quien, sin cuestionar el sentido del fallo, sí disiente de la limitación de los efectos de la nulidad establecidos en esta, pues considera que la sola apelación a la seguridad jurídica, sin una mayor justificación, no debería servir para quebrar el vínculo entre inconstitucionalidad y nulidad. Concluye el magistrado criticando el que esa práctica se haya convertido en «una suerte de cláusula de estilo […] en las sentencias […] que declaran la inconstitucionalidad de normas tributarias».

La STC 16/2024, de 30 de enero, declara extinguida, por desaparición sobrevenida de su objeto, la cuestión planteada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en relación con el art. 3.1, apartados primero y segundo, del Real Decreto Ley 3/2016, de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y otras medidas urgentes en materia social. En efecto, los preceptos cuestionados fueron expulsados del ordenamiento en los términos de la STC 11/2024.

La STC 63/2024, de 10 de abril, resuelve la cuestión planteada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en relación con diversos preceptos de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral. La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo se interroga acerca de si la reserva de ciertas funciones consultivas y de cooperación en favor de las organizaciones sindicales más representativas vulnera los arts. 14 y 28.1 CE.

En el análisis de los óbices procesales, el TC inadmite parcialmente la cuestión, pues excluye de esta la disposición adicional primera y la disposición final quinta, por no tener una conexión directa con el pleito. Respecto del resto de preceptos considera suficiente la argumentación de conjunto que realiza la Sala de Contencioso-Administrativo del TS, en la que se apunta a una inconstitucionalidad estructural o sistémica derivada del criterio utilizado (mayor representatividad o representatividad en el ámbito de actuación correspondiente).

El enjuiciamiento del objeto de la cuestión lleva al TC a desestimarla. Después de recordar la relevancia en el ordenamiento jurídico de la formación profesional para el empleo (SSTC 88/2014, FJ 3, y 123/2014, FJ 3), así como su doctrina respecto de los modelos de financiación, concluye que el diseño y criterios establecidos en la Ley 30/2015 son objetivos y razonables. El Alto Tribunal considera que las funciones atribuidas (planificación y programación de planes anuales y plurianuales) encajan en el ámbito de la participación sindical, esfera en la que el criterio de la representatividad se ha venido considerando conforme al derecho a la libertad sindical. En la misma línea, descarta que el modelo establecido vulnere el derecho a la igualdad, pues la gestión económica de los fondos opera con un régimen de concurrencia competitiva, y el resto de medidas no imponen diferencias de trato que puedan considerarse discriminatorias.

La STC 69/2024, de 23 de abril, resuelve la cuestión planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en relación con el inciso «sin que en ningún caso pueda ser inferior a cinco mil euros» del art. 17 bis 3.b de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos. En ella, tras repasar la doctrina constitucional sobre la proporcionalidad sancionatoria, advierte que el Tribunal de Cuentas había llamado la atención sobre la desproporcionalidad de las sanciones mínimas previstas en la ley controvertida. Por una parte, «al depender la infracción sancionada del límite de gastos de cada formación política y del porcentaje del exceso de gasto, las formaciones y partidos con límite de gasto elevado […], la sanción proporcional superará normalmente el límite mínimo de cinco mil euros, de modo que este resultará materialmente inaplicable». Por otra parte, «el carácter taxativo del límite mínimo cuestionado impide cualquier modulación o individualización de sus efectos para adaptarlos a las circunstancias del caso concreto» (FJ 5.d).

El fallo estima la cuestión y declara inconstitucional y nulo por vulnerar el art. 25.1, en relación con los arts. 6 y 23.1 CE, el inciso cuestionado «sin que en ningún caso pueda ser inferior a cinco mil euros» del art. 17 bis 3.b de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos. Asimismo, extiende, por conexión o consecuencia, esa misma declaración de inconstitucionalidad a los incisos «en ningún caso las sanciones previstas en los apartados […] b) serán inferiores a cincuenta mil euros» del art. 17 bis 1, y «sin que en ningún caso pueda ser inferior a veinticinco mil euros» del art. 17 bis 2.b de la misma ley orgánica.

C) Se ha dictado una sentencia sobre una cuestión prejudicial de validez sobre normas forales fiscales.

La STC 46/2024, de 12 de marzo, resuelve la cuestión planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 3 de Donostia-San Sebastián en relación con diversos preceptos de la Norma Foral del territorio histórico de Gipuzkoa 16/1989, de 5 de julio, del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. El órgano judicial que ha planteado la cuestión considera que el sistema objetivo y obligatorio de determinación de la base imponible vulnera el principio de capacidad económica como criterio de imposición (art. 31.1 CE), pues no tiene en cuenta la realidad del mercado inmobiliario ni los efectos de la crisis económica.

El Pleno del Tribunal, después de confirmar la aplicabilidad temporal de los preceptos enjuiciados y, por tanto, la pervivencia del objeto de la cuestión, procede a estimarla y, consecuentemente, declara la nulidad de los mencionados artículos. Para ello, se remite a lo resuelto en la STC 182/2021, de 26 de octubre, en la que aborda un supuesto sustancialmente idéntico, pero referido al Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Esta sentencia cuenta con un voto particular, del magistrado Enrique Arnaldo Alcubilla, que reitera su posición respecto de la limitación de efectos en las sentencias que declaran la inconstitucionalidad de disposiciones tributarias expuesta en el voto formulado en la STC 11/2024.

D) La sentencias dictadas en recurso de amparo han sido cincuenta y tres.

En atención al fallo, veinticinco han resultado estimados, de los cuales dieciséis han tenido el carácter de devolutivos; los recursos desestimados han sido veintiséis.

La STC 62/2024, de 10 de abril, declara extinguido el recurso por pérdida sobrevenida de su objeto.

La STC 64/2024, de 10 de abril, declara también la pérdida de su objeto en este caso por satisfacción extraprocesal de este.

Los actores se clasifican de la siguiente forma:

La STC 22/2024, de 12 de febrero, aprecia que se ha producido una discriminación debido a que, ante la declaración de un despido nulo al haber estado motivado por el embarazo de la actora, se le negó el derecho a percibir los salarios de tramitación debido a una interpretación rigorista del art. 116.2 LJS en conexión con el art. 53.4.b LET.

Desestiman los amparos presentados por administración de la vacuna contra la covid-19 la STC 4/2024, de 15 de enero (en este caso administrada a una persona mayor con discapacidad) y las SSTC 5 y 6/2024, de 15 de enero, 13 y 14/2024, ambas de 29 de enero, 24/2024, de 12 de febrero, 41/2024, de 11 de marzo, 56, 58, 59 y 60/2024, todas de 8 de abril, en relación con menores, y, ante las divergencias de criterio de los padres, se destaca el criterio del interés superior del menor en torno a la autorización para vacunar. En todas ellas se sigue la doctrina de la STC 38/23.

La STC 26/2024, de 14 de febrero, estudia el caso de una menor de 4 años, con padres separados, escolarizada en colegio concertado religioso elegido por el padre y en contra de las convicciones de la madre, a la que la jurisdicción ordinaria reconoce el derecho a elegir si su hija asiste o no a clase de religión. El Tribunal considera que no se ha realizado correctamente la ponderación de los derechos en juego y no se ha atendido al interés superior de la menor, pues no se consideró que, siendo un centro de ideario religioso, no solo se transmite la fe en la clase de religión, sino, como el propio ideario señala, en todas las actividades del centro, por lo que se ha dejado sin contenido el derecho de la madre. En la sentencia se afirma que, en un contexto de divergencia sustancial e irreconciliable entre los progenitores, lo más acorde al interés superior del menor es que la formación escolar se desarrolle en un entorno de neutralidad, para que este desarrolle sus propias creencias con información transmitida de manera objetiva; también en atención a la neutralidad del Estado (y, por tanto, de los órganos judiciales).

Formulan un voto particular discrepante los magistrados Ricardo Enríquez, Concepción Espejel y César Tolosa. Entienden que la sentencia mayoritaria parte de la base de que un ideario religioso de un colegio condiciona el desarrollo del menor en este aspecto. También consideran que, de acuerdo con jurisprudencia anterior, debería haberse hecho alusión al deber de escuchar al menor.

Por su parte, firma un voto concurrente el magistrado Juan Carlos Campo, quien considera que en el presente caso no estaban en juego los derechos de los padres, sino la libertad religiosa de la menor, que solo podía salvaguardarse en un centro neutral con el fenómeno religioso.

La STC 10/2024, de 18 de enero, analiza una supuesta vulneración del derecho al ejercicio de un cargo representativo en la cual se desestima el recurso de amparo interpuesto por más de cincuenta senadores del grupo parlamentario popular contra: a) el acuerdo de la presidenta del Congreso, por el que se deniega la convocatoria de reunión extraordinaria de la mesa y se informa de que para la convalidación de los decretos leyes es requisito suficiente que hayan sido publicados en el BOE, no siendo preceptiva ni condición de validez del procedimiento la remisión por el Gobierno de los informes recabados con ocasión de su aprobación, sin perjuicio de la facultad de los diputados de recabar de las Administraciones públicas los informes o documentos que obren en poder de estas, y b) el acuerdo de la mesa del Congreso por el que se comunica al GPP que para la convalidación de los decretos leyes es requisito suficiente que hayan sido publicados en el BOE, reiterando los argumentos del acuerdo de la presidenta.

Los acuerdos parlamentarios impugnados daban respuesta a dos escritos presentados por el grupo recurrente en los que se ponía de manifiesto la no remisión a la Cámara del dictamen del Consejo de Estado, emitido con carácter previo a la aprobación por el Consejo de Ministros del RDL 36/2020. En el primero de ellos, se denunciaba que la omisión del dictamen había sustraído a los diputados un elemento de juicio esencial para fijar su postura en el trámite de convalidación o derogación del RDL 36/2020. En el segundo se añadía que esta omisión les privaba de un elemento esencial para el ejercicio de su función legislativa, ya que el Congreso había acordado la tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, por lo que era preciso que el Gobierno remitiera los «antecedentes necesarios», tal y como exigen los arts. 88 CE y 109 RCD en relación con los proyectos de ley. Los recurrentes alegaron vulneración del ius in officium al entender que el dictamen del Consejo de Estado n.º 783/2020 tenía carácter preceptivo y que debía haber sido remitido por el Gobierno al Congreso como antecedente necesario, no solo en el trámite de convalidación del RDL 36/2020, sino también una vez que la Cámara había acordado su tramitación como proyecto de ley. Con carácter previo, el Tribunal delimita el objeto de enjuiciamiento al precisar que en las solicitudes desestimadas por los acuerdos parlamentarios impugnados no se ejercitaba una solicitud de información o documentación de las previstas en el art. 7 RCD, sino que se referían únicamente a la afectación del ius in officium de los diputados cuando no se remiten a la Cámara los antecedentes necesarios para formar su criterio en relación con una iniciativa legislativa.

El Tribunal trae a colación su doctrina sobre la omisión o remisión tardía de antecedentes (SSTC 108/1986 y 238/2012), y sobre el papel de la mesa de la Cámara en la interpretación individualizada de los materiales que son imprescindibles para poder realizar el control formal que se plasma en la calificación y en la decisión sobre admisibilidad de los proyectos de ley, que debe hacer de forma motivada y de manera razonable (SSTC 38/1999 y 177/2002). La sentencia considera «decisivo para apreciar la vulneración denunciada examinar la diligencia de los demandantes durante el procedimiento parlamentario». Así, concluye que en el presente caso «el grupo recurrente debería haber actuado con la debida diligencia y haber expresado su queja por este motivo antes de la convalidación del real decreto ley, cosa que no hizo de manera tempestiva» (FJ 3.a).

El Tribunal rechaza que se haya vulnerado ius in officium de los recurrentes por la no remisión del dictamen del Consejo de Estado, en relación con el ejercicio de sus funciones durante el trámite de convalidación del RDL, al no imponer esa obligación ni la Constitución ni el Reglamento del Congreso, puesto que el art. 151.1 RCD únicamente exige que el real decreto ley haya sido objeto de publicación en el Boletín Oficial del Estado (FJ 3.b).

En cuanto a la segunda vulneración denunciada, sostiene el TC que en los arts. 86.3 CE y 151.4 RCD

El hecho de que un decreto ley «pase a tramitarse como proyecto de ley no viene a mutar su verdadero origen y naturaleza. Se trata de dos tipos normativos distintos» (FJ 4.b).

Formulan un voto particular conjunto los magistrados Ricardo Enríquez Sancho, Enrique Arnaldo Alcubilla, César Tolosa Tribiño y Concepción Espejel Jorquera.

La STC 30/2024, de 28 de febrero, es resuelta por el Pleno y en ella se analiza y rechaza la vulneración del ejercicio del derecho al ejercicio de funciones representativas. En concreto se impugnan dos acuerdos parlamentarios (uno de la mesa y otro de la mesa de la Comisión de Justicia de la Cámara Baja) adoptados en relación con la tramitación de la proposición de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para el establecimiento del régimen jurídico aplicable al Consejo General del Poder Judicial en funciones. Alegan las actoras que los actos parlamentarios cuestionados son resultado de una interpretación restrictiva de preceptos que pueden suponer una limitación al ejercicio de su derecho como representantes e incumplir el deber de motivación suficiente y adecuada. Respecto del acuerdo de la mesa, la denegación de la emisión de informes del Consejo General del Poder Judicial y de la Comisión de Venecia, así como la apertura de un trámite de audiencia a los agentes afectados por la proposición de ley orgánica (posteriormente confirmado en reconsideración). En relación con el acuerdo de la mesa de la Comisión de Justicia, también rechaza la emisión de informes del Consejo General del Poder Judicial y de la Comisión de Venecia, así como la petición de comparecencias de expertos. Entrando ya en la fundamentación jurídica de fondo, recuerda el Tribunal que, en relación con el acuerdo de la mesa, ya tuvo ocasión de pronunciarse en sus resoluciones previas: SSTC 128/2023, de 2 de octubre, y 15/2024, de 30 de enero, que resultan ahora de aplicación y que resolvieron sendos recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra la Ley Orgánica 4/2021, de 29 de marzo, resultado de la aprobación de la proposición de ley orgánica controvertida. Se rechaza en consecuencia la alegación referida a este acto. Por lo que respecta al acuerdo de la mesa de la Comisión de Justicia, dado que en este la denegación del trámite de informe y de comparecencias se fundó en la argumentación contenida en el acuerdo precedente de le mesa, y que este no mereció reproche constitucional alguno, se resuelve ahora que tampoco procede estimar el amparo en este punto.

Formulan un voto particular los magistrados Ricardo Enríquez Sancho y César Tolosa Tribiño, quienes discrepan de parte de la fundamentación y el fallo de la sentencia de la mayoría. Si bien aceptan la existencia de una doctrina del Tribunal sobre los mismos hechos, aunque en procedimientos de muy diferente naturaleza, señalan que, en cambio, no quedaba cubierta por las SSTC 128/2023 y 15/2024 (que no trataron tal cuestión). Asimismo, formula un voto particular discrepante con argumentación y fallo la magistrada Concepción Espejel Jorquera.

Igualmente el derecho al ejercicio de funciones representativas es el objeto de la STC 31/2024, de 28 de febrero, que resulta desestimado por aplicación de la doctrina expresada en las SSTC 144 y 148/2022 al haberse producido una reparación de facto con efectos retroactivos de la pretensión. Por su parte, la STC 45/2024, de 12 de marzo, se vincula directamente con la STC 31/2024, reproduciendo su argumentación.

La legalidad penal es el objeto de la STC 8/2024, de 16 de enero, en la cual se analiza el recurso de amparo promovido Alberto Rodríguez contra la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y contra el auto por el que se desestima el incidente de nulidad de actuaciones interpuesto contra la citada sentencia. En esta se condenaba al demandante en amparo, diputado en el Congreso en la XIV legislatura, como autor de un delito de atentado a agentes de la autoridad «a la pena de un mes y quince días de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena», si bien, en aplicación de los dispuesto en el art. 71.2 CP, la «pena de prisión se sustituye por la pena de multa de noventa días con cuota diaria de seis euros».

A juicio del recurrente, la sentencia impugnada «aplicó una pena no prevista en el ordenamiento jurídico como es la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo, al considerar que la pena de multa que sustituye a la pena de prisión no es una pena autónoma, sino una ejecución de la pena de prisión impuesta», y, como resultado de esta interpretación, se vio privado de su escaño en aplicación del art. 6.2 LOREG. Así, alega que no existe ninguna norma que imponga que la pena accesoria permanezca vigente y ejecutable cuando la pena principal sea sustituida por multa en aplicación del art. 71.2 CP.

El Tribunal trae a colación lo decidido en las SSTC 121/2021 y 136/1999 sobre la delimitación del alcance de la exigencia de proporcionalidad en relación con la naturaleza y extensión de la pena. De este modo, estima que

De este modo, el Tribunal concluye que,

En consecuencia, estima el recurso al considerar que se ha vulnerado el derecho fundamental del demandante de amparo a la legalidad penal (art. 25.1 CE), desde la perspectiva del principio de prohibición de interpretación extensiva o analógica de los preceptos sancionadores.

Formulan un voto particular conjunto los magistrados Concepción Espejel Jorquera, Ricardo Enríquez Sancho, Enrique Arnaldo Alcubilla y César Tolosa Tribiño.

Consecuencia de la anterior, pero en este caso con el acento en el derecho al ejercicio de un cargo público representativo, es la STC 18/2024, de 31 de enero. El Tribunal, en aplicación de lo resuelto en la STC 8/2024, falla que, en la medida en que la pena de prisión era el presupuesto normativo que ha dado lugar a la aplicación del art. 6 LOREG en el acuerdo ahora cuestionado a los efectos de fundamentar la pérdida de la condición de diputado, debe estimarse que dicho acto vulnera objetivamente el art. 23.2 CE del actor. Además de declarar la violación, el dispositivo concluye con el restablecimiento del recurrente en el goce de su derecho, mediante la nulidad del acuerdo de la presidenta del Congreso de los Diputados, sin pronunciamiento alguno sobre una posible retroacción de las actuaciones puesto que la XIV legislatura ya se encuentra finalizada.

Formulan un voto particular conjunto los magistrados Concepción Espejel Jorquera, Ricardo Enríquez Sancho, Enrique Arnaldo Alcubilla y César Tolosa Tribiño, reiterando el criterio ya expresado en su voto particular previo a la STC 8/2024, al considerar que tal pronunciamiento incurrió en incongruencia interna en sentido lógico y procesal, al suponer la primera vez en que el Tribunal Constitucional modificaba la pena que deba imponerse a un condenado.

La STC 49/2024, de 8 de abril, siguiendo la doctrina de la STC 47/2023, aprecia una vulneración de la legalidad sancionadora, debido a que se decretó la expulsión del recurrente por su mera estancia irregular sin que concurrieran circunstancias agravantes, como exige la legislación española, y por otorgar un efecto directo a la Directiva 2008/115/CE, en contra del propio derecho de la Unión y de la jurisprudencia del TJUE.

Entre las sentencias en las que se ha abordado el derecho a la tutela judicial efectiva cabe distinguir los diversos derechos que engloba el art. 24 CE:

Las resoluciones impugnadas procedían de los siguientes órganos:

Los magistrados firmantes de votos particulares (algunos de ellos firmados por más de un magistrado y otros con adhesiones) han sido los siguientes: