UN PARLAMENTO SIN TAQUÍGRAFOS:
LAS SESIONES SECRETAS EN LA HISTORIA
DEL PARLAMENTARISMO ESPAÑOL (1875-‍1936)

1. La franquicia postal parlamentaria: un fraude permanente[Subir]

La franquicia postal tenía su origen en los reinos medievales. Con la práctica parlamentaria regular del primer liberalismo se introdujo para los parlamentarios a raíz de la ley electoral de 1837, cuando se debatió y no aprobó la remuneración los cargos parlamentarios. Durante el periodo que estudiamos, hasta que en 1920 se introdujo la compensación de quinientos pesetas por diputado para gastos de correo, la franquicia postal parlamentaria para los diputados y senadores estará vigente la mayor parte del tiempo, con algunos breves periodos de supresión.

El establecimiento de la franquicia postal para los diputados y senadores pretendía facilitar la correspondencia con sus electores, ya que con este privilegio disponían de exención total para los envíos de su correo. Cada diputado y senador disponía de un sello de tinta con la mención de la franquicia y el organismo que representaba, que se estampaba en la carta o paquete para el envío gratuito. Con el privilegio de la franquicia, cada parlamentario podía enviar su correspondencia con el correo oficial sin el pago de gastos de envío. Este privilegio podía ser personal (diputados y senadores) u oficial (ministerios, Gobierno…) y se mantuvo durante la época isabelina y casi todo el sexenio democrático, hasta que en julio de 1874 se suprimió, otorgándose, por el contrario, un presupuesto en sellos de correos (primera emisión en 1850).

Entre las causas de esta primera supresión estuvo la práctica habitual de usar la correspondencia de forma privativa y abusiva por parte de los diputados o sus allegados, y no de forma pública. Sin embargo, con las primeras Cortes de la Restauración borbónica se restableció la franquicia postal para los parlamentarios, lo que motivó la discusión de su conveniencia en el Congreso de los Diputados en enero de 1877, ya que su práctica no reunía un consenso amplio entre los diputados.

De hecho, las denuncias por el fraude de los diputados con las franquicias no cesaron hasta su segunda supresión en 1892. Un ejemplo nos lo da el periódico La Época, que el 24 de enero de 1882 denunciaba:

Por su parte, el republicano asturiano Manuel Pedregal, en la sesión del 28 de marzo de 1890, exhortó a la cámara a que suprimiera «la franquicia postal de los diputados, que es origen de grandes abusos», añadiendo que el franqueo postal ordinario ya era por entonces una excepción, puesto que estaba eximida casi toda la correspondencia oficial emitida por autoridades y funcionarios públicos.^‍[11]

A su lado, Adolfo Posada observó que esta exención no tenía una justificación racional, por lo que Inglaterra e Italia (en 1874) la habían suprimido. Por contra,

En este sentido, Valentí Almirall denunciaba en su libro España tal como es, escrito en 1886, que

En paralelo, Posada seguía su crítica argumentando que «indudablemente, estas exenciones y franquicias no tienen defensa racional», por lo que proponía «retribuir directamente y sin rodeos de ninguna clase, que siempre se prestan a mil abusos, el cargo de representante del país. Después de todo, los miembros del Parlamento desempeñan una función, prestan un servicio, y todo servicio público debe ser siempre retribuido» (‍‍Posada, 1890: 220-‍221).

Lo cierto es que la crítica de Posada no estaba exenta de razón. Entre febrero y junio de 1891, desde las Cortes se enviaron con franquicia postal gratuita 878 523 cartas, a razón de unas 241 misivas mensuales de promedio por parlamentario (1213 entre diputados y senadores), una cantidad exagerada a simple vista, pero indicativa del problema. ^‍[12] Entre las corruptelas habituales estaba la de envíos particulares, de allegados y otros satélites.

Ante la envergadura del problema, no ha de extrañar que se presentara a discusión una proposición de ley de supresión de este beneficio por el senador conservador Manuel Azcárraga en marzo de 1892, que el Ministerio de Hacienda decidiera prescindir de ella para «salvar» al erario en el mes de junio o que se discutiera su legalidad en la sesión secreta del uno de julio de 1892. Para los republicanos federales esta supresión era pueril porque no resolvía nada de la problemática del Tesoro, pero sobre todo porque dejaba al diputado como el «sastre del campillo».^‍[13] Sin embargo, el artículo del proyecto de presupuestos se aprobó en el Senado sin demasiado debate, argumentando a favor la ejemplaridad de los parlamentarios a la hora de hacer frente a las cargas públicas, y en contra el posible desprestigio de las cámaras.^‍[14] Para compensar la pérdida de la franquicia postal parlamentaria, en la sesión del Senado del 1 de julio de 1892 se decidió repartir un donativo de cien sellos de quince céntimos, que era lo que valía el franqueo entre provincias, a cada uno de los diputados de la península y ciento cincuenta a los de Ultramar, aunque el malestar entre muchos de los parlamentarios por la supresión era evidente.^‍[15]

Con posterioridad, en mayo de 1894, nuevamente se propuso en sesión secreta que se restableciera la franquicia, que los sellos computaran como un gasto de escritorio y que se procediese de la misma manera como se hacía en el resto de las dependencias del Estado. El 10 de julio de 1894 se debatía de nuevo la cuestión, llegando la Cámara a la conclusión de que:

El cálculo aproximado de lo que representaba este gasto por parte de la Comisión de Gobierno Interior era de 1200 pesetas diarias, pero como faltaba crédito en el presupuesto de la Cámara para gastarlo, se decidió posponer la decisión.

Finalmente, el 13 de diciembre de 1894 la Comisión elaboró una propuesta para el restablecimiento de la franquicia postal parlamentaria, que el año siguiente se convirtió en la ley de 25 de marzo de 1895, que, en su artículo único, restableció de nuevo la franquicia postal para los diputados y senadores. Para regular la situación, en 1896 se emitieron unos timbres especiales para las cartas de los parlamentarios. Poco después, la ley electoral de 1907 reiteraba en su art. 9 que el cargo de diputado era gratuito y voluntario, aunque se aceptaba que los diputados disfrutasen de algunas ventajas, como viajar gratis en el transporte público y enviar correo con exención.

Sin embargo, los abusos con la franquicia continuaban y el presupuesto para gastos de representación se incrementaban. Los ecos sobre la corrupción parlamentaria en los envíos llegaron a oídos de la prensa. El 24 de diciembre de 1907, el periódico republicano El Globo explicaba que un diputado de Solidaridad Catalana había denunciado en una sesión secreta del Congreso

La mala práctica de este privilegio se extendía a otros países de Europa como Francia, donde en 1908 «los diputados franceses deben escribir todos los días del año sendas 27 cartas, ya que cada uno resulta consumiendo al año 10.000 pliegos timbrados para cartas con sus correspondientes sobres a juzgar por el consumo total anual que pasa de 8 millones de cada cosa».^‍[18]

El escándalo era tan evidente en Madrid que el periódico El Fusil especificaba que:

Ante estos abusos, en noviembre de 1910 resurgieron los lamentos por el fraude de la franquicia postal pagada a los diputados, igual que en julio de 1918 cuando en sesión secreta se denunciaron nuevas arbitrariedades. Para solucionar parte del problema, en noviembre de 1910 se tomó en consideración librar a los diputados sobres sellados y numerados. Para un periodista de El Fusil esta medida no solucionaba nada: «Ni se corta el abuso ni se restringirá nada. Yo no soy diputado y si mañana se me pasa por las narices, tendré tantos sobres franqueados y tantos volantes en blanco como quiera, y si se me lo propongo podré alfombrar con ellos la Carrera de San Gerónimo desde el Congreso a la Puerta del Sol». Porque, según explicaba, «si un humilde fusilero encuentra estas facilidades ¿Qué no encontrará el sastre que les fía la ropa á los diputados, la patrona que les abre crédito, el comerciante que les fía 10 duros y la fulana que les come los cuartos?». De hecho, su denuncia descubría la mala praxis del franqueo parlamentario: «Si alguna diferencia en las costumbres lleva aparejada la reforma, será la de que los diputados que antes tenían que molestarse, al ir camino del Congreso, en recoger correspondencia del amigo, del sastre, del comerciante, del tendero o de la fulana, ahora se ahorrarán esta molestia entregándoles un paquete de sobres franqueados y unos cuantos volantitos». Y concluía: «Apuesto a que gracias a las medidas adoptadas por la comisión del gobierno interior, circularán con franquicia parlamentaria doble número de cartas y paquetes».^‍[20]

Además, el mismo periódico proponía una semana más tarde:

Aunque es evidente que había cierta sorna en la propuesta, es probable que hubiese un trasfondo de denuncia en ella.

Finalmente, en abril de 1920, en el debate de los presupuestos generales del Estado se suprimió la franquicia postal de los parlamentarios, aunque, por el contrario, a iniciativa del conde de Romanones, líder del Partido Liberal, se decidió en sesión secreta entregar directamente la cantidad de quinientas pesetas por este concepto, con carácter irrenunciable, inembargable e intransferible, lo cual significó añadir una partida de dos millones y medio de pesetas al presupuesto interior del Congreso (‍‍Rubí y Casals, 2021: 541; ‍‍Soldevilla, 1921: 89). En la sesión secreta del 22 de abril de 1920 el conde de Romanones propuso establecer alguna compensación para indemnizar a los diputados por la franquicia postal parlamentaria a sabiendas de que los parlamentarios españoles eran los únicos en Europa que no percibían dietas y que Francia acababa de incrementar la indemnización parlamentaria. Indalecio Prieto sostuvo que la minoría socialista era partidaria de las dietas, y que sin la franquicia postal se ponían cortapisas a la comunicación con los electores. La supresión de la franquicia venía impuesta por el proyecto de reforma tributaria que se acababa de aprobar, aunque no se especificaba ninguna cantidad. En esta sesión, Romanones y el reformista Manuel Pedregal defendieron a ultranza la soberanía de la cámara en lo concerniente a su presupuesto interior para fijar la cantidad. Al final, fueron Prieto y el diputado liberal canario Félix Benítez de Lugo los que redactaron la proposición, aceptada por el republicano Julià Nougués en nombre de la Comisión de Gobierno Interior, de entregar las quinientas pesetas en concepto de gastos de correo.

2. La gratuidad en el transporte[Subir]

A la franquicia postal se sumó un segundo privilegio durante la Restauración: la libre circulación de los diputados en las líneas férreas de España. Efectivamente, en la sesión secreta de 14 de junio de 1883 se presentó una proposición solicitando la concesión a todos los diputados de «billetes de libre circulación en todas las vías férreas de España».^‍[22] La propuesta dividió inicialmente a la cámara. Francisco de Borja Queipo de Llano, octavo conde de Toreno, diputado conservador por el distrito de Cangas de Tineo, se mostró favorable a la medida, mientras que José Canalejas estuvo en contra, una posición que fue refrendada por el diputado gallego del partido liberal, Urbano Feijoo Sotomayor, el conservador Francisco Romero Robledo y el republicano Eleuterio Maisonnave, entre otros.^‍[23] Se aprobó en reñida votación y se acordó formar una comisión exprofeso para estudiar la medida. En diciembre de 1901 se modificó el procedimiento, de manera que a partir de entonces sería el Congreso el que vendería a los diputados los billetes subvencionados. Para ello tendría que llegar a un acuerdo con las compañías. Se empleó a fondo el exministro de hacienda regeneracionista, Raimundo Fernández Villaverde, como miembro de la Comisión de Gobierno Interior.

En marzo de 1904 se concedió a los diputados 6000 kilómetros de viaje en ferrocarril. En diciembre de 1907 se adoptaron tarjetas de libre circulación para todo el año en las cuatro líneas ferroviarias más importantes del país. En la sesión del 29 de enero de 1919, el diputado republicano Julià Nougués solicitó que los billetes francos fuesen en butacas de trenes de lujo. A primera vista sorprende la propuesta, pero no tanto si tenemos en cuenta que en la misma sesión se denunciaron las pésimas condiciones de confortabilidad de los trenes de la compañía del Noreste, en cuyos vagones chorreaban goteras e, incluso, algunos no tenían ni puertas ni ventanas acristaladas.

Durante la Segunda República, los diputados también disfrutaron gratuitamente de viajes en avión, algo que algunos venían gozando. En enero de 1932, el diputado y canónigo Santiago Guallar solicitó prescindir de la partida de pago de billetes en avión a los diputados. La Subsecretaría de Comunicaciones hacía unos días había dispuesto que a los diputados se les concedería un asiento gratuito y dos más a mitad de precio, habiendo de abonar el importe a los interesados. El Estado republicano había decidido nacionalizar el servicio. A pesar de existir alguna voz en contra, los diputados estuvieron más que agradecidos con esta medida, de manera que a partir de este momento el Congreso no tuvo que abonar los billetes, sino que directamente el Estado los asumiría.

3. Dietas e incompatibilidades[Subir]

La decisión de retribuir con quinientas pesetas a los diputados por gastos de correo en 1920 no tuvo buena prensa en tiempos de regresión económica, escasez y austeridad, por lo que la propuesta del diputado demócrata Julián Van Baumberghen de establecer una indemnización de mil quinientas pesetas para el cargo de diputado aun tuvo peor acogida pública. Discutida su propuesta en sesión secreta, el 6 de julio de 1922, la Comisión de Gobierno Interior acordó establecer una remuneración intermedia entre la propuesta de Van Baumberghen y lo que se percibía por gastos de correo. Finalmente, la Comisión propuso una indemnización «decorosa y digna», de mil pesetas mensuales, que había de contribuir «a la depuración y prestigio del régimen» al estimular la labor parlamentaria. Asimismo, se aseguró que no entrara en vigor hasta la formación de las nuevas Cortes para evitar que los autores de la medida no persiguieran «otros estímulos que los del ennoblecimiento y dignificación del mandato parlamentario».^‍[24] Se llegó a esta conclusión después de un agrio debate que discurrió en sesión pública del Congreso, lo que propició la división entre partidarios y detractores.

Entre los partidarios, Indalecio Prieto, del PSOE, quien, además de incidir en que su partido era el único que en su programa defendía la indemnización parlamentaria, denunció la moral «profundamente hipócrita y populachera» de los que se oponían a las dietas, pues entre la izquierda había el convencimiento que las dietas podían facilitar la representación en los diputados con peores recursos económicos. Por otra parte, los detractores reprochaban a los primeros que esta era una medida ilegal porque la ley electoral de 1907 declaraba gratuito y renunciable el cargo de diputado, y contraria a la constitución y a la ley de contabilidad. Otra duda que asaltaba el ánimo de los diputados era que no sería admisible que un diputado cobrara indemnización sin haber pisado el hemiciclo en toda la legislatura. Esta idea se fue imponiendo porque en las votaciones para aprobar la ley hubo una gran ausencia de diputados. Concretamente, en la primera 38 votaron en contra, por 19 a favor, aunque la votación no fue válida por falta de quorum; y en la segunda, que sí fue válida, fueron 43 los votos a favor, por 41 en contra. El aluvión de telegramas y cartas de protesta enviados a la Cámara empujaron a la Comisión de Gobierno Interior a mantener las quinientas pesetas en concepto de franquicia postal y que el resto se percibiría si las Cortes estaban abiertas y se asistía a las sesiones. El tema se aplazó hasta la elección de unas nuevas Cortes.

Con el nuevo Parlamento constituido, en la sesión del 28 de junio de 1923, los nuevos diputados, conscientes de las dificultades de la medida que adoptar, acordaron que se tendría en cuenta la regularidad en las tareas parlamentarias y se dejó en suspenso si la dieta pasaba de quinientas a mil pesetas. La cuestión no quedó zanjada porque en la sesión secreta del 23 de julio se siguió debatiendo e introduciendo nuevos matices, como la distinción observada por la minoría conservadora entre indemnización y remuneración por el cargo de diputado. O, como sugirió Nougués en nombre de la minoría republicana, aplicar el abono de salario solo a aquellos diputados que no cobraran a través de otras vías y suprimirlo a los que percibieran más de doce mil pesetas. En último término, la comisión aceptó que la percepción de las mil pesetas en concepto de dieta vulneraba la ley electoral, quedando finalmente en suspenso. Finalmente, se acordó mantener las quinientas pesetas en concepto de franquicia y que la cuestión de las dietas quedara para una futura proposición de ley. El triunfo del golpe de Estado de Primo de Rivera en septiembre de 1923, y la consiguiente dictadura, aplazó una vez más la polémica cuestión de las dietas parlamentarias.

Una vez proclamado el régimen republicano, se recuperó el interés por el cobro de dietas. No obstante, el debate se vio ensombrecido y de alguna manera contaminado por el escándalo del llamado enchufismo y por la acumulación de cargos (‍‍Rubí y Casals, 2021). Las sesiones secretas republicanas se hicieron eco de la problemática de las incompatibilidades parlamentarias. En la sesión del 30 de octubre de 1931, el socialista Indalecio Prieto, flamante ministro de Hacienda del Gobierno provisional y partidario de las dietas, recordó al diputado de la minoría agraria, Antonio Royo Villanova, que existían ciento treinta diputados funcionarios y que el ejercicio del cargo de diputado no era compatible con un destino en provincias. Este último replicó que muchos diputados de haberlo sabido no se hubiesen presentado a las elecciones. Una cuestión que se trasladó a discusión pública a iniciativa del presidente, el socialista Julián Besteiro.

Esta cuestión incluso le costó el cargo de vicepresidente del Congreso de los Diputados, el republicano radical aragonés Manuel Marraco Román. La razón de fondo era la publicación de un artículo en la prensa donde, a juicio de la cámara, se había criticado la política llevada a cabo por la mayoría ministerial sobre las incompatibilidades parlamentarias.^‍[25] El radical-socialista Joaquín Pérez Madrigal y otros diputados presentaron una proposición, el 26 de julio de 1932, en la que censuraban la conducta de Marraco por creer que había injuriado a la cámara tratándose de un vicepresidente. Marraco dimitió del cargo, aunque afirmó no retirar su opinión en virtud de la libertad de expresión reafirmándose en su postura. Igualmente, su grupo parlamentario le exigió que desechara las palabras injuriosas, pero el parlamentario aragonés solo estaba dispuesto a ignorar la palabra «indecente». Lluís Companys, disgustado por la dura oposición en la larga discusión del estatuto de autonomía catalán, incidía en que el diputado no había dado explicaciones satisfactorias. Finalmente, Marraco retiró todas las palabras y conceptos que se consideraban ofensivos, sin que se diera a conocer el asunto a la prensa.

De manera simultánea, la idea que los diputados cobraran un sueldo mensual siguió arrojando ríos de tinta. Así, en enero de 1935, en pleno bienio republicano conservador, se resucitó la cuestión en boca del diputado traspasado a republicano radical Pérez Madrigal, que lamentó que los diputados de la izquierda «que se hallan ausentes de las tareas parlamentarias y algunos laborando fuera del Parlamento en favor de la revolución, no dejen por ello de acudir personalmente o por medio de autorización escrita a cobrar las dietas como tales diputados les corresponde». ^‍[26].

En una sesión posterior, Royo Villanova sugirió que el autor del dictamen llevara una lista de los diputados que se ausentaban del pleno y que el presidente, en consecuencia y atendiendo a sus atribuciones, podía suprimirles las dietas. Pero no todas las situaciones personales eran similares, puesto que en la minoría socialista existían diputados que estaban en el exilio después de la revolución de octubre de 1934. Se acordó que las dietas las percibieran personalmente excepto aquellos que estaban en prisión preventiva. Se aprovechó el debate para plantear la imposición de sanciones individuales a propuesta de los diputados de la derecha, Calvo Sotelo, Antonio Goicoechea y Gil Robles. A este respecto, Goicoechea se declaró «incompatible moralmente con los diputados que persisten en su actitud revolucionaria sin manifestar que rompían su solidaridad con la rebeldía», insistiendo en que el acuerdo se tenía que haber adoptado en sesión pública. ^‍[27]

1. La gestión del suplicatorio y la reconducción del escándalo[Subir]

Sin duda, una de las cuestiones más debatidas en las actas de las sesiones secretas de la Cámara Baja fueron los suplicatorios o el permiso que dispensaba el Parlamento para autorizar el procesamiento de los diputados. La autorización siempre era controvertida porque la finalidad de la inmunidad parlamentaria era proteger al diputado de los ataques políticos que pudieran perjudicar su labor como representante de la soberanía. El dictamen de 29 de diciembre de 1837 rezaba que la inmunidad era una garantía de la inviolabilidad y de la independencia de los diputados para «desempeñar dignamente su importante cargo». Durante el período histórico tratado, el origen del suplicatorio podía ser muy variado, pero descollaban los delitos de imprenta, los desórdenes públicos, los improperios proferidos en mítines, injurias y calumnias a la autoridad, desobediencia y delitos de corrupción, entre muchas otras causas. Mientras el número de suplicatorios fue pequeño y controlable, incluso se discutían en sesión pública, pero todo cambió cuando en 1904 se contempló, mediante la reforma del reglamento del Congreso —aprobado en 1847, pero modificado en diversos momentos—, la creación de una Comisión Permanente de Suplicatorios para proceder sobre el posible procesamiento de los diputados. Esta comisión debería estar dirigida por el presidente de la cámara y formada por ocho miembros seleccionados mediante el voto de los diputados, que podían elegir un máximo de cuatro candidatos.

El entonces presidente del Gabinete, Antonio Maura se empleó a fondo para encauzar una problemática que podía dañar gravemente la imagen del Parlamento y poner en tela de juicio la inviolabilidad de los parlamentarios al ser fuente de malentendidos y conflictos. El político conservador estaba empeñado en acabar con la que consideraba escandalosa conducta de utilizar la inmunidad parlamentaria para eludir la responsabilidad criminal. Incluso mandó recabar información sobre los suplicatorios habidos desde la legislatura de 1837-‍1838 hasta 1904.^‍[28] También se modificó el procedimiento de discusión y aprobación de las peticiones de suplicatorio que llegaran desde las instancias judiciales, sustituyendo el acuerdo suscrito el 2 de julio de 1894, y la concesión posterior si se creyera conveniente de la autorización prevista en el art. 47 de la constitución de 1876.

Hasta el debate de 1904, la fórmula para resolver los suplicatorios era concederlo automáticamente para delitos comunes y denegarlo para los políticos. Según Fernández-Miranda,

El origen de la cuestión estaba en que los periódicos republicanos colocaban a uno de sus diputados como director, amparándose en su inmunidad. Con esta estrategia publicaban opiniones atrevidas que solían ir contra el Gobierno. Para Maura, esta actuación era indigna de un parlamentario, por lo que se propuso acabar con ella. Por su parte, los liberales y los republicanos defendían la inmunidad alegando la mala fe de los conservadores. Para los republicanos del Gorro Frigio, detrás de las maniobras de Maura y su Gobierno se escondía la persecución política contra su partido. Para ellos, «la cuestión de los suplicatorios, en la que el señor Maura ha puesto todo su empeño para que las Cámaras acordasen el procesar a un sinnúmero de diputados, entre ellos el valiente propagandista Alejandro Lerroux».^‍[29] Curiosamente, se salió del atasco parlamentario gracias a una propuesta de Lerroux, el líder republicano, que propuso, y así se aprobó, que en la cuestión de los suplicatorios solo entendiese el Tribunal Supremo.

En la deliberación previa, el diputado republicano Josep M. Vallès i Ribot discrepó del acuerdo tal como estaba formulado por entender que era anticonstitucional al no requerir expresamente un dictamen específico de la Comisión de Suplicatorios: que no era suficiente dar un margen de treinta sesiones como límite máximo para autorizar un suplicatorio, puesto que si en el curso de estas sesiones no se discutía, se daba por concedido. Para el veterano federal, el permiso debía ser expreso y no tácito. A su lado, Salmerón afirmó que la prerrogativa sobre suplicatorios correspondía al Parlamento en exclusiva y no al Gabinete.^‍[30] A pesar de que la minoría republicana se sintió directamente amenazada, Salmerón reconoció que era necesario dar una respuesta y que una cosa eran los delitos comunes y otra los de carácter político: «Y todos hemos querido, todos hemos deseado, para sanear las condiciones de la representación nacional que no pueda ampararse con la inmunidad parlamentaria el que cometa delitos que nada tienen ver con nuestras soberanas funciones».^‍[31] Esta distinción reunió el consenso de liberales y republicanos, pero no convencía del todo a Maura, para quien todos, comunes y políticos, eran delitos comprendidos en el Código Penal, coincidiendo en esto con el diputado integrista Ramón Nocedal. Tampoco sus señorías deseaban una especie de amnistía general regalando la inmunidad. En todo caso, esta doctrina, que se siguió aplicando en el futuro, contribuyó a desnaturalizar el principio de la inmunidad parlamentaria.

Con un ánimo conciliatorio, Maura, que había intervenido en el redactado, quería encontrar una solución óptima, aunque transitoria, para los suplicatorios pendientes, puesto que a veces se iban acumulando sin darles respuesta. Paralelamente se concedió en el mismo mes de julio el suplicatorio del diputado Miguel Bañón por una causa judicial de falsedad, corte fraudulento de maderas y extracción de pinos en montes del Estado ubicados en el municipio de Santiago de la Espada (Jaén). Pero la batalla importante se dio con los suplicatorios originados por delitos políticos cometidos por diputados republicanos (Lerroux, Rodrigo Soriano, Blasco Ibáñez, Julià Nougués, etc.), razón por la que se tuvo que llegar a una especie de transacción absolviendo los originados por delitos políticos. Un acuerdo interno, al fin y al cabo, no desprovisto de grietas e interpretaciones encontradas según la mirada partidista. En cualquier caso, la denegación del suplicatorio comportaba la suspensión de la incoación de la causa judicial y, por extensión, su sobreseimiento.

El principal caballo de batalla de los debates era el procedimiento de la espera de treinta sesiones, al final de las cuales se daba por autorizado el suplicatorio, algo que ya se expresó desde el primer momento.^‍[32] Podría pasar que por razones varias no se llegara a discutir y que el plazo prescribiera, dando por resultado un permiso no debatido. Este era el gran temor expresado por los republicanos, los principales destinatarios de los suplicatorios. El acuerdo del mes de julio de 1904 se resquebrajó en octubre cuando se pudo constatar que ya habían transcurrido once sesiones tratando el suplicatorio de Lerroux sin que se hubiese llegado a ninguna conclusión.^‍[33]

En la sesión pública del 29 de octubre, el reputado abogado y diputado republicano Emilio Menéndez Pallarés discrepó de la necesidad de esperar a las treinta sesiones porque el presidente de la cámara podría posponer sistemáticamente la discusión y que caducara el plazo en perjuicio del diputado. En segundo lugar, sostuvo que el juez competente debía ser el Tribunal Supremo y no un juzgado de instrucción. Lo que en realidad se deliberaba era si los suplicatorios anteriores a la reforma del reglamento -unos 27, puesto que ya se habían denegado 181 en julio anterior- deberían seguir el mismo criterio o no. A pesar de no compartir la letra del anexo, Maura consideraba que el plazo era suficiente para avalar la inmunidad del parlamentario. El republicano Nougués terció contrariamente asegurando que estos suplicatorios no eran constitutivos de delito, «sino en una época de persecución de los republicanos como aquella que dio lugar a los 144 suplicatorios que aquí en su día fueron denegados». ^‍[34] Finalmente, como hemos dicho, tras la propuesta de Lerroux se aprobó que en la cuestión de los suplicatorios solo entendiese el Tribunal Supremo.

En general, el forcejeo en torno a la concesión o denegación de un suplicatorio con frecuencia derivaba en la valoración de la culpabilidad, si realmente se había producido delito y en qué circunstancias, desembocando en un auténtico juicio cuando este no era el cometido de la cámara, sino el de apreciar el carácter arbitrario de la persecución, si detrás pudiera existir un móvil político. Al final, las decisiones estaban sometidas a los intereses de la mayoría parlamentaria y al principio de autodefensa del Parlamento. También se siguió el criterio de autorizar el procesamiento cuando existía un delito perseguido a instancia de parte. Con frecuencia se discutía sobre si había que ir al fondo del asunto, algo que competía a los tribunales de justicia, o solamente averiguar si existía un motivo de persecución política. En definitiva, siempre se corría el riesgo de utilizar con provecho partidista el principio de la inmunidad parlamentaria.

Desde 1904 hasta 1917 se siguieron ventilando los suplicatorios en sesión secreta, pero el número de sesiones se redujo a veinte, hasta que una ley de amnistía hizo posible la denegación de la mayoría que se presentaban. Muchos de ellos criticaban la corrupción municipal y el comportamiento público del rey Alfonso XIII en determinadas cuestiones, entre otras composturas. Mientras tanto, la ley de 9 de febrero de 1912 reguló la forma de proceder contra senadores y diputados, en la que solo era competente el Tribunal Supremo para juzgarlos. También fue decisivo el RD de indulto de 12 de noviembre de 1919 que comprendía de una manera expresa los delitos y faltas cometidas mediante la imprenta.

Al margen de estas soluciones salomónicas, la práctica de denegar sistemáticamente los suplicatorios originados por delitos de imprenta condujo a una situación de una cierta impunidad para el círculo de allegados de los parlamentarios (‍‍Fernández-Miranda, 1977: 127). La manera de eludir la acusación era no firmar un artículo bajo la sombra protectora de un parlamentario que era quien se responsabilizaba de los artículos o bien de las editoriales.

Durante la Segunda República, se concedieron en sesión secreta algunos permisos para el procesamiento de diputados.^‍[35] Los delitos fueron similares a los que habían originado los suplicatorios durante la Restauración: delitos de imprenta y de prensa, los mayoritarios, injurias y calumnias por querella, tenencia ilícita de armas, y rebelión militar. En la primera legislatura, se dejó en suspenso el criterio anteriormente establecido de conceder los suplicatorios de delitos a instancia de parte, así como no siempre se consideró al Tribunal Supremo competente en el procesamiento. Entre ellos, el del tradicionalista vasco José Luis Oriol en junio de 1933, acusado de evasión de capitales, cuyo dictamen favorecía la denegación, pero el voto particular se tomó en consideración, votándose la concesión.