LA TRIADA FUNDACIONAL: DERECHOS HUMANOS, POPULISMO Y DEMOCRACIA EN ARGENTINA (2003-‍2007)

1. La refundación[Subir]

Desde el momento en el que queda consagrado como presidente, Kirchner presenta su liderazgo como un punto de inflexión histórica. El gran catalizador de la construcción de esta frontera es un estilo refundacional que conjuga la descripción de pasado, la lucha contra el establishment y el empoderamiento de la rabia social (‍Migliucci, 2023: 5). Estos elementos fueron fundamentales en la construcción positiva de nuevas identidades dentro y fuera del Partido Justicialista (PJ) (‍Biglieri y Perelló, 2007: 67; ‍Novaro, 2011: 133; ‍Panizza, 2009: 27-‍31; ‍Aboy Carlés, 2005: 2-‍3).

Un concepto reiterado en la identificación de fronteras históricas es la apelación a la noción de modelo como límite identitario. Kirchner utiliza este concepto en 25 de los 111 discursos que componen la muestra teórica. En 16 de estos casos su utilización está asociada a la descripción de las características del pasado que define como un «ciclo histórico» caracterizado por una «forma de hacer política y gestionar el Estado» que, siendo funcional a los intereses de determinados sectores políticos y económicos, «martirizó a todos los argentinos» (‍Kirchner, 2003: 25 de mayo)^[11].

Desde las primeras lecturas de los discursos se identificaron tres etapas históricas claramente diferenciadas a través de las cuales Kirchner explica la evolución del modelo del pasado (etapas del pasado): «dictadura», «los 90» y «2001». Las referencias a estas etapas codifican 165 unidades de análisis distribuidas en 77 discursos pronunciados entre el 2003 y el 2007. En este sentido, la apelación al pasado como criterio de exclusión es recurrente a lo largo de toda la muestra teórica.

La narrativa destinada dotar de sentido una determinada selección del pasado tiene tres características subyacentes. En primer lugar, una ruptura ideológica con el pasado. En este caso no se trata de una innovación retórica, sino de la asimilación elementos disponibles en el campo de la discursividad. Desde el 2001, las principales demandas de la sociedad hacia la clase política se basaban en la crítica a la corrupción y a las consecuencias sociales de las reformas implementadas durante la década de los noventa. La categoría «los 90´» se encuentra presente en el 58,18 % de las unidades de análisis codificadas con las etapas del pasado. Kirchner toma estos elementos y los transforma en la imagen negativa del pasado desde un fuerte antagonismo al neoliberalismo como paradigma económico

En segundo lugar, la amplitud del intervalo histórico de referencia. La incorporación de la dictadura como parámetro extiende más allá del proceso de democratización iniciado en la década de los ochenta el carácter fundante del nuevo gobierno. El peso cuantitativo en el discurso de este elemento respecto de la década de los noventa es inferior, pero guarda una relevancia significativa en términos cualitativos^[12].

Finalmente, en tercer lugar, la perspectiva multidimensional del conflicto con el orden existente. Este dato es susceptible de analizarse al tener en cuenta, junto con las etapas del pasado, la descripción de todos los presupuestos que para Kirchner caracterizaron ese modo de hacer política y gestionar el Estado. Estos datos se incluyeron, como se ha mencionado, en la tipificación y codificación de las subcategorías del modelo del pasado identificadas como su ideología.

La relevancia y urgencia del escenario económico después del 2001 se refleja en el discurso de Kirchner. Este constituye el ámbito de mayor referencia respecto del modelo del pasado durante todo el período 2003-‍2007. En términos longitudinales es importante señalar que, a excepción del ámbito moral, el 66,94 % del contenido codificado con las subcategorías de ideología del pasado se encuentran en el período 2003-‍2005. Esto se debe, fundamentalmente, a la importancia de la estrategia de desendeudamiento que afrontó y defendió el Gobierno desde el primer momento su gestión. En este sentido, el 87,27 % de las unidades de análisis codificadas con la subcategoría «endeudamiento» se registren en el período 2003-‍2005. Siendo esta, por otra parte, la subcategoría de «ámbito económico» con mayor cantidad de referencias en toda la muestra teórica.

Para Kirchner, la principal característica del pasado que clausurar era un exagerado y gigantesco nivel de endeudamiento que define como una responsabilidad de malos gobiernos que, apoyados por sectores beneficiados por la especulación financiera y la ortodoxia liberal, condujeron a una recesión que mostró sus más graves consecuencias en el 2001 y 2002 (Kirchner, 2003: 25 de mayo; 2005: 21 de julio).

Como sostiene Novaro (‍2011: 131-‍133), el uso de la crisis como oportunidad para producir un corte en el proceso histórico no es nuevo; lo particular del caso es la forma en que poco a poco fue construyendo una agenda propia y original con el objetivo de hacer de la voluntad del presidente el motor del renacimiento de un nuevo país. Por ello, el carácter fundacional de su discurso se complementa presentando una alternativa superadora al pasado que se impugna a través de su propio proyecto político. Kirchner presentó su llegada al Gobierno como el final de un «ciclo histórico» y se mostró como un líder dispuesto «a dar vuelta la página de la historia», «no pactar con el pasado» y «construir un país diferente» (Kirchner, 2003: 14 de mayo). El cambio en su gobierno se define desde perspectivas fundacionales^[13] que debían dar lugar a una nueva forma de hacer política y gestionar el Estado. En estos términos, el objetivo fundamental de su gobierno radicaba en recuperar la conducción política de un proyecto autónomo de país que diferenciara su gestión de la llevada a cabo durante la década de los noventa. Para ello, desde la perspectiva del presidente el Estado debía asumir un rol «presencial, reparador, protector y promotor» como garante de la recuperación de los valores de la solidaridad y la justicia social (‍Kirchner y Di Tella, 2003: 33-‍34, 151, 159, 161-‍163; ‍Kirchner, 2003: 5 de junio).

Todo populismo, después de generar una ruptura fundacional, recompone el poder a través de la fetichización del Estado, desde ese momento definido como «popular». La articulación de la noción «de pueblo» se desarrolla dentro de una lógica que deposita en el poder estatal, y particularmente en su jefe, la máxima decisión. Los antagonismos originarios se recomponen en el principio nacional-estatal «que organiza desde arriba a la comunidad, enalteciendo la semejanza sobre la diferencia, la unidad sobre el disenso» (‍De Ípola y Portantiero,1989: 27-‍29).

El alcance del «proyecto nacional» se identificó en los discursos tipificando las subcategorías de sus cuatro principales objetivos. En los mismos, el peso cuantitativo de los objetivos políticos responde a la relevancia de la propuesta de cambio y, muy especialmente, a la importancia que adquirió la defensa de los derechos humanos.

Teniendo en cuenta los discursos en los cuales se encuentran presentes las 87 unidades de análisis codificadas con la categoría «defensa de los derechos humanos» es posible identificar el alcance de la vía judicial y política en esta materia para Kirchner. Las características de este contenido comportan un proceso narrativo en el cual, a diferencia de los Gobiernos anteriores, se estructura un tratamiento bidireccional y simultáneo de las dos vías inscrito en un relato político particular sobre el pasado. De este modo, los derechos humanos constituyen un elemento articulador de fronteras políticas con consecuencias identitarias y organizativas dentro y fuera del peronismo (‍Piva, 2013: 146; ‍Rodriguez, 2014: 658; ‍Barros, 2009: 13-‍14)

2. La via judicial[Subir]

Se identificó como vía judicial todo el contenido a través del cual el presidente asume una visión legalista respecto del pasado y privilegia el juicio y castigo ante tribunales judiciales que den cumplimiento a las normas nacionales e internacionales en materia de derechos humanos (‍Roehrig, 2009). La búsqueda de la justicia se asoció a la «lucha contra la impunidad» del pasado, entendida como la anulación de todas las instancias legales que hasta ese momento habían permitido el «ocultamiento de la verdad». En este sentido, la vía judicial se definió como una condición indispensable para un cambio responsable que fortaleciera e incrementara la «calidad institucional» (‍Kirchner, 2004: 1 de marzo, ‍7 de diciembre).

Desde el primer momento de su gobierno, Kirchner lideró la revisión de todas las medidas adoptadas durante la transición democrática y se posicionó como la principal figura política en la lucha contra la impunidad, el juicio y la condena de quienes habían participado en las violaciones de derechos humanos. En este sentido, el 55,55 % de las referencias de la categoría «calidad democrática» se vinculan, fundamentalmente, con el avance de la vía judicial en esta materia. La articulación entre justicia independiente- consolidación de derechos humanos-mejora de la calidad democrática fue un elemento presente en los discursos de Kirchner hasta la finalización del 2005.

El presidente buscó activar la estructura legal necesaria a través de una doble estrategia. Por un lado, derogó el Decreto 1581/2001, que establecía el rechazo a requerimientos de tribunales externos para juicios sobre violaciones a los derechos humanos^[14]. Por otro lado, impulsó la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Hasta mediados del año 2003, distintas instancias procesales se habían pronunciado sobre la inconstitucionalidad de la Ley de Obediencia Debida y Punto Final. Todas estas sentencias habían sido apeladas ante la Corte Suprema y esta no estaba dispuesta a dar lugar a un fallo inmediato hasta tanto no culminasen los procesos de juicio político sobre alguno de sus miembros y se completase su composición^[15].

Hacia finales del mes de julio del 2003, el presidente reforzó sus intervenciones públicas contra estas leyes y comenzó a apoyar la posibilidad de que fuera el poder legislativo el encargado de anular esta legislación. No obstante, en cada una de las cámaras esta iniciativa generó divisiones dentro y fuera del bloque justicialista.

En agosto del 2003, cuando el Congreso de los Diputados había dado media sanción para la nulidad de las leyes del perdón y todavía se esperaban las negociaciones en el Senado, el presidente se adhirió a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad y envió al Congreso un proyecto de ley para darle rango constitucional. De esta forma, se adquiría la obligación de modificar todas las normativas que impidiesen el juzgamiento de acusados por este tipo de crímenes y se transmitía una señal inequívoca al poder legislativo, y también a la Corte Suprema, sobre la voluntad del presidente de reabrir los juicios por los derechos humanos^[16].

El 22 de agosto del 2003, el Senado dio la sanción definitiva para la anulación de las leyes y, consecuentemente, el 1 de septiembre la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires ordenó la reapertura de dos causas que involucraban a unos 700 militares para investigar los hechos ocurridos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y el Primer Cuerpo del Ejército^[17].

Nuevamente, la Corte Suprema pasaba a ocupar un lugar central en la estrategia del Ejecutivo debido a que todos los nuevos juicios terminarían acumulando apelaciones en su jurisdicción. Si bien la Corte había realizado pronunciamientos a favor de la revisión de estas normas^[18], no fue hasta el 14 de junio del 2005 cuando declaró la inconstitucionalidad de estas habilitando definitivamente el avance de las causas judiciales.

Entre el 2005 y el 2007 la vía judicial se fortaleció y hacia final de este período Argentina se había adherido a la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y anulado el beneficio de los indultos a treinta exintegrantes de las Fuerzas Armadas, permitiendo que se reanudaran 29 investigaciones penales sobre delitos contra los derechos humanos que se habían cerrado como consecuencia de los indultos^[19]. Si bien el fallo de la Corte no representaba una amplia variación de las acciones que las diferentes instancias judiciales venían realizando, históricamente configuró un hito histórico del proceso democrático frente al pasado autoritario.

Durante la primera mitad de su mandato, Kirchner había logrado desarticular los principales obstáculos del escenario jurídico para el procesamiento de todo aquel involucrado en delitos contra los derechos humanos durante la última dictadura militar. A comienzos del 2004, el único resabio que faltaba remover para lograr la máxima articulación de la vía judicial eran los indultos decretados durante el Gobierno de Menem. En marzo de ese año, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral declaró inconstitucionales diez decretos que otorgaron indultos a militares entre 1989 y 1990^[20]. Esta medida generó un efecto cascada como consecuencia de la apertura de nuevos casos; por ejemplo, a los imputados en el caso de la ESMA^[21].

3. Vía política[Subir]

Superadas exitosamente las elecciones legislativas del 2005 y habiendo logrado la anulación de los principales obstáculos legales para la revisión del pasado autoritario, la definición de la calidad democrática abandonó la perspectiva institucional para centrar su contenido en la «representación de la voluntad popular» (‍Kirchner, 2006: 1 de marzo). La defensa de la calidad democrática como criterio de legitimación perdió fuerza y referencia, adquiriendo mucho más peso en su retórica los contenidos morales y políticos orientados a la interpelación popular-nacional del proyecto del presidente

Para Kirchner, la defensa de los derechos humanos no se «reducía» exclusivamente a las instancias judiciales, sino que debía complementarse con «el impulso moral» «de la construcción de la memoria». Desde esta perspectiva, fomentó el debate público para la búsqueda indispensable de la verdad como requisito de la justicia. La determinación del presidente fue fundamental para unir la obligación de enjuiciar y sancionar a los responsables de la violación de derechos humanos con la reparación moral de las víctimas y, con ellas, de la sociedad en su conjunto (‍Kirchner, 2004: 24 de marzo, ‍6 de julio).

Durante 2003, la principal medida en materia de derechos humanos fue la creación del Archivo Nacional de la Memoria con el objetivo de «obtener, analizar, clasificar, duplicar, digitalizar y archivar informaciones testimonios y documentos sobre el quebrantamiento de los derechos humanos y las libertades fundamentales en que estuviera comprometida la responsabilidad del Estado» (Decreto, 1259/2003).

Asimismo, uno de los gestos más importantes fue el compromiso del presidente con las organizaciones de derechos humanos para recuperar la ESMA, lugar donde había funcionado uno de los centros de detención clandestinos más importantes de la dictadura militar, como centro para la creación del Museo de la Memoria (Ley 391/2000). El anuncio oficial no estuvo exento de simbología, dado que se produjo el 24 de marzo del 2004, coincidiendo con el 28 aniversario del golpe militar y días después de la declaración de inconstitucionalidad de los indultos a los militares.

Por otro lado, durante los actos llevados a cabo en el Colegio Militar, el presidente ordenó que se retiraran los retratos de los expresidentes de facto, Rafael Videla y Reynaldo Bignone. Bale (‍2022: 135-‍137) explica que en aquella ocasión el presidente pidió perdón en nombre del Estado nacional, marcando un punto de inflexión en la relación del Estado con los movimientos de derechos humanos y unificando a ambos en un mismo eje.

Durante 2006, por iniciativa del Poder Ejecutivo, el Congreso declaró feriado nacional el 24 de marzo al conmemorares el trigésimo aniversario del golpe de Estado y como homenaje a las víctimas de la dictadura. Por otra parte, el 23 de marzo de ese año el Gobierno ordenó el levantamiento del secreto militar y puso a disposición del Archivo de la Memoria toda la documentación de las Fuerzas Armadas que permitiese aportar información a las causas judiciales por los crímenes de la dictadura.

Ahora bien, como se ha mencionado, todos estos resultados se inscribieron en una vía política a partir de la cual el presidente construye su propio relato sobre el pasado. La articulación de esta lógica se identifica en los discursos en tres correlaciones simultáneas presentes en la muestra teórica.

En primer lugar, la identificación del continuo histórico entre «dictadura-los 90´- 2001». Balé (2022: 138-‍139) explica que esta continuidad ya era parte de la retórica de los movimientos de derechos humanos, pero Kirchner la retoma para marcar el inicio de un nuevo ciclo definido en los clivajes específicos de su propio proyecto político^[22].

Al presentar en un mismo frente externo la impunidad de la dictadura y las consecuencias sociales de la última década democrática, su discurso radicalizó el antagonismo constitutivo con el pasado a partir de la desarticulación de la imparcialidad democrática y la expansión de su frontera más allá de la impunidad de las leyes del perdón y los indultos (‍Kirchner, 2003: 21 de agosto, ‍18 de noviembre; ‍2004: 9 de noviembre; ‍2005: 3 de marzo, ‍3 de mayo; ‍2007: 23 de octubre)

La apelación a la dictadura como etapa constitutiva del pasado comienza desde el momento en que Kirchner queda consagrado como presidente electo. En aquella oportunidad identificó las condiciones de la renuncia de Carlos Menem al balotaje como un golpe a la democracia comparable con aquellos que ya había sufrido el país durante la década de los setenta. Para Kirchner, la dirigencia «claudicante» que había alterado el orden constitucional era comparable al intento del expresidente de «alterar la voluntad de cambio expresada en las urnas» (‍Kichner, 2003: 10 de septiembre; ‍2006: 24 de marzo).

En este proceso de expansión de la ruptura política más allá de la democracia, Kirchner también asume críticas sociales y económicas disponibles. Desde el estallido de la crisis del 2001, la figura de los organismos de crédito internacional se asociaba a las reformas económicas de los noventa y a la intransigencia de las políticas de ajuste. Siendo presidente en ejercicio, la primera vez que Kirchner identifica discursivamente el continuo dictadura-2001 es en la víspera de la firma de acuerdo con el FMI después de la crisis del 2001. El discurso por medio del cual se anunció el acuerdo estuvo caracterizado, casi exclusivamente, por la presentación de resultados en términos técnicos. Sin embargo, en el discurso pronunciado días previos a esta presentación el presidente definió la crisis del 2001 como el resultado de un proyecto político que se inició en 1976^[23].

La misma operación discursiva se construye en el último discurso antes de la celebración de las elecciones generales del 2007. De esta forma, la «vieja Argentina» que el nuevo Gobierno buscaba dejar atrás no solo representaba la ineficacia y la incapacidad de los gobiernos anteriores, sino también la impunidad, la injustica, la falta de dignidad imperantes durante la dictadura y en la etapa democrática por sectores financieros y organismos de crédito internacional^[24]. La principal consecuencia de la articulación de la dictadura como etapa constitutiva y definitoria del modelo del pasado es la extensión del liderazgo y del proyecto político del presidente, no solo en términos económicos, sino también políticos e incluso morales.

El segundo elemento de la vía política es la reivindicación de la generación del setenta como ejemplo histórico de un grupo de jóvenes idealistas que luchó contra la injusticia (‍Kirchner: 2004: 12 de marzo, ‍2004: 2 de junio). De esta forma, asimiló la lucha por los derechos humanos con la acción llevada a cabo por grupos militantes de izquierda, con los que se identificó^[25], defendiendo la oficialidad de una perspectiva no neutral y legitimando la acción revolucionaria. Asimismo, definió la lucha de esta generación como una causa contra la dictadura, pero también contra un sistema de exclusión cuyas raíces se encuentran en la década de los setenta y su máxima consumación en los noventa. De esta forma, los reclamos de «justicia, verdad y memoria» se vincularon con la lucha por la inclusión y la igualdad social (‍Barros, 2009: 15)^[26].

La interpelación al pasado en clave generacional define en sentido positivo la identidad kirchnerista y la incorporación, a través de una interpelación ideológica, de movimientos sociales y de derechos humanos al Gobierno (‍Balé: 2022: 142-‍144). La clave de esta estrategia está presente en los objetivos del Gobierno, como la operación política de la «transversalidad» que constituye el tercer objetivo político más importantes (ver tablas 3 y 4).

Para Kirchner, el partido debía recuperar la experiencia frentista del peronismo fundador en la construcción de un Estado de bienestar, con una alianza entre el empresariado nacional y los trabajadores y la defensa de los intereses nacionales (‍Kirchner y Di Tella, 2003: 125-‍142). En este nuevo escenario, los movimientos de derechos humanos constituyeron la imagen de un nuevo espacio con una clara intensión suprapartidista.

La clave de esta estrategia de construcción de poder político partidario desde el Estado fue responder y asimilar rápidamente las demandas insatisfechas para generar una amplia popularidad susceptible de trasladarse al ámbito partidario donde, gracias a la fluidez o escasa institucionalización de los partidos, existan fuerzas sensibles a los incentivos del poder que apoyen el nuevo liderazgo y lo resguarden de las modificaciones de la opinión pública^[27].

En sus discursos es posible identificar siete denominaciones diferentes de este nuevo ámbito de acción pública que buscaba construir. Durante la primera etapa de su gestión, es decir, hasta las elecciones legislativas del 2005, las referencias más destacadas fueron de carácter general a través de la noción de «espacio común». Para Kirchner, la comunión en este espacio se define en la consecución de objetivos comunes más allá de las diferencias en términos ideológicos y partidarios (‍Kirchner, 2003: 12 de junio, ‍2003: 11 de agosto; ‍2004: 20 de febrero, ‍2004: 28 de octubre, ‍2004: 26 de noviembre; ‍2005: 17 de agosto; ‍2006: 9 de julio; ‍2007: 7 de junio)^[28].

Para Kirchner, esta «concertación plural» se basaba en la construcción de un «proyecto policlasista» que reactivó la tradición movimientista del peronismo originario, pero en términos heterogéneos (‍Pérez y Natalucci, 2010: 98). Su alcance incluyó a los movimientos de derechos humanos, los piqueteros y diferentes tipos de organizaciones sociales^[29]. Todos ellos unidos en una misma cadena de equivalencias frente al pasado y sus agentes por medio de la inscripción identitaria en el proyecto político del presidente (‍Balé, 2021: 318; ‍Zelaznik, 2011)^[30].

A partir del 2005, este espacio común se traduce en un proyecto particular liderado por el propio presidente. Su decisión de contar recursos propios e independizar su liderazgo del PJ tradujo en términos políticos esta estructura en una «concertación plural del campo nacional y popular». Esta definición fue utilizada en el 68,96 % de las unidades de análisis en las que el presidente explica los fundamentos de su convocatoria, fundamentalmente, de cara a los procesos electorales del 2007.

La articulación concertación plural-proyecto nacional-pueblo construye un cierre hegemónico alrededor de su propio proyecto político, que se transforma en la única totalidad legítima (Kirchner, 2003: 11 de marzo; ‍2007: 6 de septiembre; ‍2007; 23 de octubre). Sobre el final de su gobierno, identifica ese espacio con su propia estructura partidaria («Frente para la Victoria») del presidente (‍Kirchner, 2007: 22 de mayo).

El lenguaje a partir del cual se define el empoderamiento de los sectores populares se estructura a través de elementos cuyo peso axiológico e histórico-cultural generan una identificación absoluta. Esta información se observa en la asociación entre las categorías «principios morales» y «transversalidad», que se encuentra presente en 21 de las 71 unidades de análisis codificadas con esta última. La convocatoria a todos los argentinos se realiza en nombre de la justicia, la dignidad, la solidaridad o el amor y utilizando símbolos nacionales como referencia de representación. La cercanía identitaria con los movimientos de derechos humanos se construye simbólicamente de dos formas en términos discursivos. En primer lugar, estas organizaciones forman parte de los largos exordios en los que el presidente nombra a los agentes políticos y sociales receptores directos de sus discursos.

Por otro lado, destacan dos casos en particular, ajenos a esta característica, en los cuales los movimientos de derechos humanos ocupan, más que un lugar social, una referencia política del Gobierno. En primer lugar, la inauguración del Museo de la Memoria en la ESMA^[31], en el 2004, y en segundo lugar la movilización de apoyo al presidente de mayo del 2006^[32]. En ambas oportunidades, la simbiosis entre ambos reconfiguró la demanda de los derechos humanos, fijando la interpretación de la historia argentina en una praxis ético-moral definida desde el Gobierno donde la década de los setenta constituyó la consigna de las grandes gestas políticas (Balé, 2022: 132, 143; ‍Sarlo, 2011: 188-‍189; ‍Dagatti, 2016; ‍Andriotti Romanin 2012; ‍Ballé, 2021: 318; ‍Piva, 2013: 148). Finalmente, el último elemento recurrente de la vía política es la defensa de la virtud de la memoria como antídoto frente al pasado. Este concepto presenta 141 referencias en 55 discursos pronunciados durante todo el período de análisis y se encuentra entre las cincuenta palabras más utilizadas. Teniendo en cuenta estas referencias, es posible identificar tres usos diferentes del término.

La apelación a la memoria como virtud y estrategia política frente al pasado está presente en los cinco mensajes pronunciados ante la Asamblea Legislativa durante todo su gobierno. En su sentido más primario, la noción memoria se identifica con el rechazo al pasado autoritario. Sin embargo, el pasado que se impugna resulta, como se ha mencionado, de una articulación de tres etapas históricas. Por ello, el presidente utiliza este concepto para referenciar indirecta, pero recurrentemente, las imágenes y representaciones de su propio relato sobre el modelo del pasado. Este último tipo de articulación de la noción de memoria constituye el 54,16 % del total de veces que el presidente utilizó este concepto, siendo el año 2007 donde se registran la mayor cantidad de referencias.

La alerta fundacional de la noción de memoria se activa en la representación antagónica de un tipo de agente particular que posibilita la porosidad y permeabilidad del antagonismo constitutivo (‍Aboy Carlés, 2013: 35-‍36). Desde las primeras lecturas se identificaron un grupo de agentes sin características particulares^[33], que se tipificaron como «indefinidos», cuya acción pública se define siempre en términos negativos^[34].

Esta relación entre memoria-enemigos indeterminados-perspectiva refundacional es recurrente y está presente en 68 discursos distribuidos en el período 2003-‍2007. En este sentido, no se identificaron períodos entre el 2003 y el 2007 donde Kirchner no mantenga activa la imagen que interpela al pueblo a recordar quiénes fueron los responsables fundadores de la Argentina que culminó en el 2001 y las características de su proyecto económico y social^[35].