Fernando del Rey y Manuel Álvarez Tardío han escrito el análisis que la primavera de 1936 venía reclamando a la historiografía sobre la II República. Los autores insisten en su pretensión de llevar a cabo su investigación sin tener en cuenta la guerra civil que estallaría a partir del 18 de julio. Pero lo cierto es que se trata de un estudio fundamental para entender la crisis del régimen republicano y sus trágicas consecuencias.
Sobre la primavera del 36 ha sobrevolado un doble equívoco en su interpretación. Por un lado, se ha defendido que de febrero a julio de aquel año no se habría producido una conflictividad extraordinaria en relación a la sufrida a lo largo de la vida de la República. Incluso se ha matizado esta interpretación alegando que, una vez superado el impacto de los resultados electorales de febrero, la vida política española se encaminaba hacia una normalidad en términos propios de la agitada coyuntura de los años treinta. De otro, se ha querido ver la motivación de la violencia de esa primavera en la estrategia de la tensión propiciada fundamentalmente por los sectores de la derecha española comprometidos con la empresa de derribo del régimen republicano.
Los autores se enfrentan en su investigación a este doble equívoco con un movilización amplísima de la información en relación a los meses que preceden al estallido de la guerra civil. La violencia política aumentó en julio del 36, animada, además de por la estrategia de la izquierda radical y la extrema derecha, por la intensificación de los conflictos sociales y el aumento del paro obrero. Por otra parte, el intento de los Gobiernos republicanos por responsabilizar a la derecha falangista del aumento de la violencia infravaloraría la contribución a la misma por parte de la izquierda revolucionaria.
Del nivel de violencia presente en la vida española a partir de las elecciones de febrero serían testimonio iniciativas como las de I. Prieto, Sánchez Román y M. Maura en favor de Gobiernos de concentración republicana capaces de garantizar el orden público cuestionado con los Gobiernos del Frente Popular. El establecimiento de gestoras en ayuntamientos que no habían sido suspendidos con posterioridad a 1931 y que eran controlados por partidos de derecha y de centro sería, junto a los procesos de jubilación emprendidos en la judicatura y los despidos en la Administración municipal, manifestaciones complementarias del intento de los partidos del Frente Popular de imponer su hegemonía al margen de la observancia estricta de la legalidad constitucional.
Es cierto que el peligro de una revolución protagonizada por el movimiento obrero no se manifiesta con visos de realidad en la primavera del 36. El anarquismo español no parece recuperado de los levantamientos con que se ha manifestado en los inicios de la República. El socialismo ha tenido la experiencia de octubre de 1934 para medir sus posibilidades de éxito por la vía insurreccional. El Partido Comunista está a punto de poner en práctica la nueva estrategia antifascista dictada por Moscú. Sin embargo, el discurso del socialismo caballerista será suficiente para generar el miedo entre la derecha a un golpe de intención revolucionaria y alimentar así la tensión que vive la política española del momento. No se trata solamente de una retórica revolucionaria, sino de unas auténticas aspiraciones a la transformación radical de la vida española que no irían acompañadas, sin embargo, por una estrategia meditada cara a su realización. En este contexto, el asesinato de Calvo Sotelo tendrá un efecto multiplicador del clima de inseguridad que se ha apoderado de la vida española. Porque pocos indicadores de mayor fuerza expresiva de la crisis del orden cabe imaginar que el asesinato de un líder de la oposición por efectivos de las fuerzas regulares de orden público.
Los autores prestan particular atención a la actitud de la derecha respecto a este clima de violencia. En este sentido, señalan la conformidad de la CEDA con la amnistía respecto a los hechos de octubre de 1934, con la esperanza de calmar con ella las tensiones de signo revolucionario. Se refieren después al papel marginal de la CEDA y del propio Gil Robles en la conspiración antirrepublicana animada por los sectores más intransigentes de la derecha. No se produciría hasta última hora el alineamiento de Gil Robles con los impugnadores de la legalidad constitucional al calor de la división de la propia CEDA ante el régimen. La semilealtad que con carácter general caracterizará al partido hegemónico de la derecha con relación a la República, terminará decantándose mayoritariamente por el camino de la conspiración.
Pienso que el libro pone de manifiesto las debilidades y errores de los Gobiernos republicanos del Frente Popular en el tratamiento de la tensión que vive la sociedad española a lo largo de esta primavera. Un dato a tener en cuenta, junto a la actitud abiertamente conspiradora de un sector de la derecha y la enajenación revolucionaria de un amplio sector del socialismo, en el resultado final para la pervivencia de la República. Una crisis del régimen en que se dan la mano la debilidad de un consenso liberal-democrático en la España de los treinta con las limitaciones de un personal político que no supo estar a la altura requerida por una nada fácil coyuntura política y económica de carácter nacional e internacional.