CONSIDERACIONES EN TORNO A LA ÉTICA JUDICIAL EN ESPAÑA^[1]

I. INTRODUCCIÓN[Subir]

Las redes sociales son una de las formas de comunicación entre personas que cada vez tienen más influencia entre distintos sectores o ámbitos, trascienden las fronteras y permiten intercambiar información en tiempo real. El propio Tribunal Constitucional ya puso de manifiesto como los usuarios de internet habían pasado de ser meros espectadores a creadores de contenidos, mostrando, a través de las distintas plataformas en red, sus gustos, aficiones, opiniones y todo tipo de informaciones tanto personales como ajenas (STC 27/2020 de 24 de febrero, FJ 3, ES:TC:2020:27).

Sin perjuicio de que no puedan obviarse las ventajas, la interacción entre los usuarios en la red no deja de suscitar ciertos interrogantes sobre cuál sea la finalidad, el alcance y los límites de los contenidos que se incorporan a esta.

En un primer término, y debido al entorno en el que se desarrolla esa interacción, cualquier persona que acceda a la red debería reflexionar sobre las opiniones que se expresen o que exprese, ya que pueden tener diferentes o diversas intencionalidades. De ahí que lo más sensato sería analizar, considerar, contener o medir, con prudencia, tanto lo que se lee como lo que se escribe. Con ello, se evitaría incurrir en actuaciones poco éticas que generen críticas, censuras, reproches, malentendidos, tergiversaciones, o caer en compasiones piadosas^[2].

Desde esta perspectiva, el trabajo que se presenta efectúa un análisis sobre un concreto sector profesional, los jueces^[3], cuya intervención en las redes sociales suscita distintos pareceres y consideraciones, bajo el prisma de los principios de ética judicial^[4] y la posible incidencia en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión de aquellos.

El tratamiento que se ha llevado sobre la materia, a pesar de que puede ser objeto de crítica, no tiene una base estrictamente jurídica, pues este campo de estudio excede del propio derecho positivo. Así, se han tomado algunas referencias que pertenecen al ámbito cultural, como son el cine y la literatura. La razón de ello obedece a la necesidad de dar un enfoque o una perspectiva más amplios y ofrecer ciertas reflexiones a lo largo del desarrollo de esta exposición. Por ello, se tratan aspectos parciales sobre el derecho fundamental a la libertad de expresión (arts. 20 CE, 10 CEDH y 11 CDFUE), pero sin entrar a profundizar ni sobre este, ni sobre la teoría de los límites de los derechos fundamentales, que, en todo caso, han sido tratados, con juicio y profundidad, por la doctrina (‍Solozábal Echavarría, 1992; ‍Aguiar de Luque, 1993, 2007; ‍Gabaldón López et al., 1997; ‍Díez-Picazo, 2005; ‍Requejo Pagés, 2006). En definitiva, se harán concretas referencias a esas materias, como se verá más adelante, pero sin incidir en ellas de forma autónoma, pues ello sobrepasa la finalidad pretendida en el presente trabajo.

De igual forma, la doctrina ha venido estudiando y analizando los ámbitos o esferas de actuación del juez en los que inciden las limitaciones al ejercicio de la libertad de expresión (el juez como parte de un poder del Estado, el juez como funcionario público y el juez como un ciudadano o particular —‍Requero Ibáñez, 2003: 1506-‍1507; ‍Aguiar de Luque, 2007: 17-‍22; ‍Núñez Martínez, 2008: 303—); sin embargo, se ha considerado que el hilo conductor para el desarrollo de esta temática se encuentra en las desconocidas y escasamente citadas decisiones adoptadas, a través de sus dictámenes e informes^[5], por la Comisión de Ética Judicial (en adelante, la Comisión)^[6].

La Comisión realiza una importante labor de interpretación de los principios de ética judicial, expresando su opinión y juicio sobre aquellos contextos, escenarios o circunstancias que incidan sobre los mismos y, a su vez, generen incertidumbre o duda entre los miembros de la judicatura de nuestro país (véase Dictamen de la Comisión, Consulta 10/2018, de 25 de febrero de 2019, III, 4). Desde esta perspectiva, debe advertirse que aquella no tiene, entre sus funciones, establecer o imponer sanciones; de ahí que, al margen de la responsabilidad disciplinaria —véanse, entre otros, los arts. 122 de la Constitución y 414 a 427 de la Ley Orgánica del Poder Judicial—, la estimación y ponderación ad casum de los principios de ética queda al arbitrio personal de cada juez (véase Dictamen de la Comisión, Consulta 10/2018, de 25 de febrero de 2019, III, 4)^[7].

Esta asimilación y asunción voluntaria de los principios por parte de los miembros de la judicatura es objeto de estudio, por primera vez y de forma amplia, por la Comisión en el Dictamen (Consulta 10/2018) de 25 de febrero de 2019, el cual servirá para llevar a cabo el desarrollo del presente trabajo, sin perjuicio de las referencias que se realizarán a otros dictámenes de la Comisión y del Consejo Consultivo de Jueces Europeos, que recogen aspectos parciales sobre esta materia

En ese dictamen se contienen tres concretos ámbitos de análisis sobre el acceso de los jueces a las redes sociales, los cuales se desarrollan a continuación: en primer lugar, el modo en que estos acceden a dichas redes; en segundo lugar, el alcance y repercusión que tienen sus intervenciones en estas; y, en tercer lugar, la interacción que realizan con el resto de usuarios.

II. EL ACCESO A LAS REDES SOCIALES[Subir]

La Comisión no opone excepción al uso de redes sociales por parte de los jueces, bien accediendo con su nombre y cargo o bien a través de seudónimo^[8]. Ahora bien, ello no obsta para que sus intervenciones puedan entrar en conflicto con la observancia de algunos principios de ética judicial y con el ejercicio del derecho a la libertad de expresión.

Desde la perspectiva de los principios de ética judicial, los jueces realizan una importante función como integrantes del Poder Judicial, lo que condiciona su actuación personal en ámbitos públicos y, en concreto, en las redes sociales. Por ello, deben valorarse los riesgos que comporta el acceso a dichas redes, pues la Comisión ha recalcado que todo juez está sujeto —tanto desde la perspectiva personal como profesional— a una serie de obligaciones éticas, que se concretan en los siguientes principios: la exigencia de un comportamiento acorde con la dignidad de la función jurisdiccional^[9]; el ejercicio de la libertad de expresión^[10] con la prudencia y moderación necesarios para preservar su independencia^[11] y apariencia de imparcialidad^[12]; y el mantenimiento de la confianza de la sociedad en la administración de justicia (Dictamen de la Comisión, Consulta 10/2018, de 25 de febrero de 2019, III, 5).

Me parece ilustrativo comentar las indicaciones de la Comisión narrando, brevemente, una parte de la película titulada El juez Priest^[13]. En ella, y a través de su protagonista, se da muestra (en mayor o menor grado) no solo de algunos de los rasgos específicos de la función jurisdiccional, sino también del conjunto de los mentados principios de ética judicial que se han señalado.

El actor Will Rogers da vida a un personaje, el juez Priest, que «define lo que es un juez» (‍Torres-Dulce et al., 1998). Si se tiene en consideración que «un buen profesional es mucho más que un buen técnico» (‍Sancho Gargallo, 2007: 118), en este filme Priest podría considerarse como un prototipo de coherencia y rectitud, con unos toques de humor, no solo como operador jurídico, sino también en el ámbito personal.

En una de las escenas de la película, Priest entra en la barbería y oye que el barbero hace algunos comentarios poco acertados sobre su propia novia. La mayoría de los hombres que se encuentran en la barbería ríen, salvo el juez y un hombre que se encuentra sentado a su lado, que se levanta, pega un puñetazo al barbero y, después, se marcha de la barbería. Priest, manteniendo una postura imparcial e inteligente, manifiesta al barbero y al resto de hombres: «Vaya, ese hombre no va a ser muy popular por aquí». A lo que el resto de los hombres y el barbero asienten: «Sí, tiene razón». Y el juez replica: «Si hay unos 2000 ciudadanos varones aquí, se van a enfadar mucho con él cuando se enteren de que él le dio un buen puñetazo antes que ellos». Priest coge el bol de afeitado y la brocha que llevaba su nombre, como muestra de que no volverá a la barbería, y antes de abrir la puerta dice: «Sí, va a ser muy popular por aquí ese hombre».

Traslademos esta escena a una red social (con un «puñetazo» virtual). A diferencia de lo que ocurre en la película, donde hay un concreto elenco de personajes, en la red social se desconoce el número de personas que pueden intervenir, lo que conlleva que se pueda producir un interminable número de «hilos», un sinfín de comentarios sobre lo sucedido. Si a ello le añadimos que pudiera existir «un juez Priest», la consecuencia más lógica es que el resto o una parte de los intervinientes en la red solicitasen de este una toma de postura. Llegados a este punto, el problema es cómo debería actuar aquel. Si se tiene en cuenta que la red no es la barbería de la citada película, un espacio concreto con un número definido y determinado de personas, la actuación del juez exigiría cierta reflexión y prudencia, pues se desconocen las consecuencias que pudieran derivarse de ella (Dictamen de la Comisión, Consulta 10/2018, de 25 de febrero de 2019, III, 7).

Desde esta perspectiva, cabe considerar que la intervención de los miembros de la judicatura en las redes sociales no conlleva una actitud pasiva en estas, pero su actuación debe estar enmarcada en un ámbito de ecuanimidad y prudencia^[14], pues la ética judicial, en principio, incide en los comportamientos que realiza un juez, lo que conlleva unos esquemas básicos de actuación que deberían ser asimilados por este (‍Atienza, 2003: 46).

Con todo, las consideraciones dadas por la Comisión quedan al arbitrio y valoración de cada juez. Así, algunos miembros de la judicatura son conocidos no solo en las redes, sino a través de las noticias que se publican en los periódicos digitales^[15]. Esta situación está provocando opiniones encontradas respecto a la intervención de miembros de la judicatura en dicho ámbito, pues existe un debate en el seno de la opinión pública y entre los propios jueces y otros operadores jurídicos sobre la trascendencia y eficacia de los principios de ética judicial y cómo estos pueden incidir en el ejercicio de la libertad de expresión de aquellos.

En otras palabras, los principios de ética judicial establecen criterios de conducta que no tienen carácter vinculante. De ahí que, el incumplimiento de los mismos, per se, no conlleve una sanción; ahora bien, ello no obsta, como ya se indicó, para que se pueda incurrir en una responsabilidad disciplinaria o una causa de abstención o recusación —véase art. 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial—. Sin embargo, cabe preguntarse si esos principios pueden suponer un límite al ejercicio del derecho a la libertad de expresión.

En este contexto, una postura contraria a que aquellos principios pudieran restringir el ejercicio del derecho fundamental es la del magistrado Portillo Rodrigo (‍2019), cuando afirma, de forma muy genérica y amplia:

Lo expresado debe ser objeto de una valoración crítica, tratada desde una doble perspectiva. Por un lado, debe considerarse que el problema subyacente en esta materia quizá no se encuentre en la posible o aparente limitación que los mentados principios ejercen sobre ese derecho fundamental (sin perjuicio de que desde un plano normativo existan, como más adelante se indicará), sino en cómo esos principios son asimilados por el juez. De tal suerte que, si existe una observancia de los mismos, la participación de aquel en una red social no provocaría situaciones claudicantes, pues el juez será «consciente de que su comportamiento o incluso sus críticas se atribuyen por los ciudadanos no solo al juez como un ciudadano más sino a la institución judicial, al poder del Estado del que forma parte» (‍Ordóñez Solís, 2016: 12). Con ello, se alcanzaría «un equilibrio entre el derecho fundamental de un juez individual a la libertad de expresión y el interés legítimo de una sociedad democrática por preservar la confianza pública en el poder judicial» (Consejo Consultivo de Jueces Europeos, Dictamen 25, 2022, apdo. 31).

De otro lado, si nos situamos en el ámbito del derecho fundamental a la libertad de expresión, conviene apuntar una serie de ideas marco o de referencia. En primer lugar, la unión estrecha de este derecho con la dignidad de la persona (art. 10.1 CE) permite que los jueces, como el resto de los ciudadanos, sean titulares de tal derecho (‍Díez-Picazo, 2005: 320). Ahora bien, el Tribunal Constitucional ha señalado que el ejercicio del mismo está limitado (art. 20.4 CE) en función del cargo que desempeñan (STC 81/1983, de 10 de octubre, FJ 3, ES:TC:1983:81; STC 69/1989, de 20 de abril, FJ 2, ES:TC:1989:69; STC 371/1993, de 13 de diciembre, FJ 3, ES:TC:1993:371), expresando que dicha restricción encuentra apoyo en la necesidad de salvaguardar otros bienes constitucionalmente protegidos (STC 81/1983, de 10 de octubre, FJ 3, ES:TC:1983:81).

En segundo lugar, la doctrina ha tratado y analizado el elenco de bienes constitucionalmente protegidos que pueden ser objeto de limitación a la libertad de expresión en la materia que nos ocupa (‍Aguiar de Luque, 2007: 27-‍33), destacando entre otros, y por lo que aquí interesa, los principios de independencia e imparcialidad. Y, en tercer lugar, desde una perspectiva internacional, el propio art. 10.2 del CEDH reconoce la necesidad de restringir el ejercicio de este derecho fundamental para «garantizar la autoridad y la imparcialidad del poder judicial» (‍Roca Trías, 2021: 17).

Con todo, ambas perspectivas (ética y normativa) muestran que existe una merma o una limitación en el ejercicio de aquel derecho fundamental. Aunque, desde una perspectiva ética, los principios conlleven una autoexigencia por parte del juez, cuando los trasladamos al plano normativo suponen una limitación, ya que los principios constitucionales de imparcialidad e independencia (que, a su vez, son principios éticos) tienen carácter vinculante, lo que conlleva que, si entran en conflicto con un derecho fundamental, se exigirá un juicio de proporcionalidad, y de ahí deriva una limitación del derecho fundamental.

Por ello, es importante recalcar la importancia del cumplimiento y asimilación de los principios éticos, pues ya muestran una línea de actuación que se «conecta» y puede tener trascendencia en el plano normativo; bien entendido que la ética judicial no «descansa» o concluye en el plano normativo (‍Atienza, 2001: 17). En línea con lo expuesto, el principio número 4 de Bangalore^[16] sobre la conducta judicial incide en la necesaria corrección al disponer que «la corrección y la apariencia de corrección son esenciales para el desempeño de todas las actividades de un juez». La trascendencia e incidencia de este principio en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión de un juez se concretan en el apdo. 4.5 de los citados principios de Bangalore, al establecer que cualquier miembro de la judicatura «se comportará siempre de forma que preserve la dignidad de las funciones jurisdiccionales y la imparcialidad e independencia de la judicatura». De ahí que se reclame una autoexigencia por parte del juez^[17].

En efecto, este principio de corrección exige «moderación para mantener la confianza del público en la imparcialidad e independencia de la judicatura»^[18]. Quizá, esta mesura o cuidado puede concretarse, parafraseando una expresión atribuida a Pedro Escartín^[19], en lo siguiente: «El mejor árbitro es el que pasa desapercibido». Por tanto, si la participación de un juez en una red social puede «socavar previsiblemente la confianza en su imparcialidad»^[20], o puede exponerle «a ataques públicos o ser incompatible con la dignidad de las funciones jurisdiccionales»^[21], aquel debería abstenerse de realizar aportaciones en esa red^[22].

En definitiva, puede concluirse que

III. ALCANCE Y REPERCUSIÓN DE LAS INTERVENCIONES EN REDES SOCIALES[Subir]

La Comisión ha destacado que las redes sociales son medios de comunicación que pueden servir a los miembros de la judicatura para realizar, en línea con el principio de ética judicial número 20, una importante labor pedagógica para explicar tanto la ley como los derechos fundamentales en el proceso (Dictamen de la Comisión, Consulta 10/2018, de 25 de febrero de 2019, III, 8).

Esta función didáctica, educativa o formativa es valorada positivamente en algún medio de comunicación^[24]. Sin embargo, esta labor que promociona la Comisión^[25] no parece que sea la que buscan algunos usuarios en una red social. Un ejemplo de ello puede ser lo expresado por Urías, en un artículo que publicó en un periódico digital en el mes de septiembre de 2018, respecto a la intervención de miembros de la judicatura española en la red social Twitter:

En principio, nada obsta a que puedan conocerse, públicamente, los gustos o aficiones de un juez; sin embargo, ello no queda justificado por una supuesta «humanización» de los miembros de la judicatura. Por lo que aquí interesa, el desempeño y ejercicio de la labor judicial no está vinculado con que el titular del órgano judicial sea más o menos humano, pues lo determinante y característico es que dicha persona, que ostenta una posición cualificada, lleva a cabo un concreto y específico trabajo que está sujeto a unos principios éticos. Además, como señala el Consejo Consultivo de Jueces Europeos (Dictamen 25, 2022, apdo. 72),

Desde esta perspectiva, la Comisión reitera la necesaria prudencia y cautela en el uso de las redes sociales en aras de no comprometer determinados principios de ética judicial ya mencionados: la imparcialidad, la independencia y la integridad, con el fin de que no sea menoscabada la percepción que el ciudadano tiene sobre la independencia del Poder Judicial y la Administración de Justicia (Dictamen de la Comisión, Consulta 10/2018, de 25 de febrero de 2019, III, 9).

Esto conlleva una vigilancia exquisita respecto de las declaraciones públicas que se puedan realizar por parte de un juez, de ahí que resulte poco prudente exteriorizar opiniones de ámbito personal o jurídico en una red social que puedan conllevar un menoscabo, una pérdida, un perjuicio, en la apariencia de la imparcialidad. En definitiva,

No obstante, Urías parece apoyar unas aparentes líneas intermedias, o solapadamente opuestas, que favorecen un «interesado» diálogo con los miembros de la judicatura en detrimento de la imparcialidad del juez, al expresar lo siguiente:

Posiblemente, estas declaraciones obvian lo que Pármeno aconsejaba a Calisto en La Celestina, la obra de Fernando de Rojas, cuyo texto reproducimos para una mejor comprensión (‍De Rojas, 1987: 134)^[27]:

IV. INTERACCIÓN ENTRE MIEMBROS DE UNA RED SOCIAL[Subir]

Una pauta de lo que, en principio, podría ser el objeto de las redes sociales se encuentra en la interacción que se produce entre las personas, como manifestación de una necesidad humana: hay un «deseo de estar en contacto» y, a su vez, un instinto de comunicación (‍Benedicto XVI, 2009). Ello especifica, en un primer término, el leitmotiv de aquellas personas que acceden a esas redes e interactúan con otras.

Sin embargo, la utilización de estas redes requiere delimitar los términos, el alcance y las consecuencias de su uso, en aras de evitar contrariedades o conductas inapropiadas. Es conveniente establecer criterios o líneas de actuación que permitan concretar un comportamiento moral o ético, y hacerlo mediante unos parámetros de actuación que no deban obviarse: el diálogo requiere de una «forma honesta y correcta de expresión», de «una escucha atenta y respetuosa», con el fin de «potenciar el desarrollo en la comprensión y la tolerancia» (‍Benedicto XVI, 2009).

De ahí que los riesgos que subyacen al utilizar las redes no deben ser subestimados. Por lo que aquí interesa, la necesidad de buscar esos espacios públicos para realizar críticas a instituciones, personas, decisiones judiciales o actos de naturaleza política puede conllevar un cierto afán de protagonismo o una forma inapropiada de mostrar disconformidad, que deben ser objeto de crítica. Debe observarse que tales publicaciones, revelaciones, declaraciones o testimonios tienen una trascendencia social y ética, pues, como señala la Comisión, «la actuación del juez en las redes sociales debe tener en cuenta lo previsto en el principio n.º 3 que compromete al juez con la promoción en la sociedad de una actitud de respeto y confianza en el Poder Judicial» (Dictamen de la Comisión, Consulta 10/2018, de 25 de febrero de 2019, III, 11)^[28].

Incluso se puede incurrir, sin intención espuria, en el riesgo de ser malinterpretado, lo que exige una mayor aptitud, habilidad, destreza y contención en el uso de las redes. En definitiva, cualquier persona que realiza un comentario en ese ámbito debe ser muy consciente de la exposición a la que se somete; permítasenos recordar lo que Miss Lunatic, en la obra Caperucita en Manhattan, decía a Sara: «Mira, Sara —le contestó la anciana en voz baja—, cuando se desea mucho una cosa, no hay que decirlo tanto. Disimula» (‍Martín Gaite, 1999: 130)^[29].

Desde esta perspectiva, la Comisión pone de manifiesto que

Los medios de comunicación recogen noticias en las que aparecen supuestos miembros de la judicatura —pues, aparentemente, utilizan seudónimos— en las que, por ejemplo, opinan sobre la política lingüística en la comunidad autónoma de Cataluña^[30] o sobre las actuaciones políticas de partidos políticos que defienden la independencia en dicha comunidad^[31].

Sobre esta materia, la Comisión tuvo ocasión de pronunciarse en el Dictamen (Consulta 3/22) de 26 de abril de 2022^[32]. En él, se realiza una consulta en la que se cuestiona la trascendencia que tiene, desde la perspectiva de la ética judicial, la apreciación por parte de los ciudadanos sobre la Justicia y la apariencia de imparcialidad, el hecho de que un juez realice, mediante las redes sociales, afirmaciones y comentarios en apoyo a políticos condenados pertenecientes a partidos independentistas catalanes, y que, además, declare su oposición a normas estatales, avivando su incumplimiento. La Comisión responde que, en el contexto planteado, aquellas manifestaciones pueden afectar «a la confianza de los ciudadanos en el derecho a ser juzgados según parámetros jurídicos» (Dictamen de la Comisión, Consulta 3/2022, de 26 de abril de 2022, II, 1).

Además, la actuación de todo juez debe estar enmarcada en el campo de la neutralidad política, pues las opiniones en redes sociales sobre sucesos políticos suponen una vulneración de los principios éticos de independencia, imparcialidad e integridad^[33], lo que coloca

El derecho a la libertad de expresión del juez debe ejercitarse con prudencia y moderación, en línea con el principio de integridad. Las manifestaciones vertidas a favor de determinados políticos o la incitación a la inobservancia de nuestras normas «de ningún modo pueden quedar amparadas por la libertad de expresión en quienes ostentan la condición de integrantes de un poder del Estado, y por tanto sujetos con mayor rigor a los deberes del cargo que juraron o prometieron en su día, cuando accedieron a la Carrera Judicial» (Dictamen de la Comisión, Consulta 3/2022, de 26 de abril de 2022, III, 7), y que se concretan en el sometimiento a la Constitución y nuestro ordenamiento jurídico (‍Carrillo López et al. 2019: 19).

Esas declaraciones pueden «constituir un riesgo contra el Estado de Derecho, el orden constitucional y la propia democracia» (Dictamen de la Comisión, Consulta 3/2022, de 26 de abril de 2022, III, 10) y conculcan el principio de imparcialidad en la medida en que, como expresa el principio 21 de ética judicial, «cuando la democracia, el Estado del Derecho y las libertades fundamentales se encuentren en peligro, la obligación de reserva cede en favor del deber de denuncia»^[34].

Por otro lado, existen noticias en las que, supuestamente, miembros de la judicatura expresan su parecer crítico sobre resoluciones dadas por los tribunales de justicia^[35]. En este sentido, la Comisión puso de manifiesto que cualquier divulgación jurídica puede servir para impulsar la labor pedagógica de los jueces «siempre que la misma se encuadre dentro de los límites de la sana crítica que, en ningún caso, ampara los ataques a las resoluciones judiciales por el simple hecho de disentir de la opinión emitida» (Dictamen de la Comisión, Consulta 21/2019, de 10 de febrero de 2020, III, 6).

Con todo, las redes están sirviendo para que algunos jueces realicen críticas sobre decisiones adoptadas por sus superiores jerárquicos^[36], o sobre los propios órganos de gobierno del Poder Judicial^[37], o sobre la corrupción^[38].

Ahora bien, estas actuaciones no deben ser tomadas como una generalidad, pues existen otros miembros de la judicatura que también están en las redes y critican dichas declaraciones y comportamientos^[39]. Esta actitud nos recuerda otra escena de la película de John Ford que citamos más arriba. La sala del juzgado está llena de personas, casi todo el pueblo está presente, hay bullicio, unos hablan con otros. El juez Priest entra en la sala y toma asiento. En ese momento, el fiscal, que ansía ocupar su puesto, recusa al juez, alegando que este ha colaborado con el acusado en una agresión al demandante. Toda la sala enmudece. Se trata de una recusación sin fundamento fáctico ni jurídico. La sala sigue enmudecida. El juez Priest, pensativo, confundido y abrumado, da muestra de la rectitud, dignidad e integridad de un juez, abandona la sala del juzgado y declara ante todos su actitud imparcial: «Creo que siempre he respetado el espíritu de la ley». En definitiva, un ejemplo y una defensa de la imparcialidad de un juez «a la hora de defender los valores en los que cree» (‍Torres-Dulce et al., 1998), después de veinticinco años de ejercicio: aun siendo falsa la causa de recusación del fiscal, Priest prefiere dar ejemplo ante toda la sala.

V. CONSIDERACIONES FINALES[Subir]

La Comisión, en el ya citado Dictamen de 25 de febrero de 2019, aborda la participación de los jueces en las redes sociales. Las contribuciones o intervenciones de los miembros de la judicatura en ellas han dado lugar a un examen y una valoración, desde la perspectiva de la ética judicial, sobre la forma y condiciones de acceso de los miembros de la judicatura, los términos que deben ser considerados respecto al contenido de las publicaciones y opiniones vertidas por los mismos y las consecuencias que pueden derivarse cuando se interactúa con otros usuarios en aquellas redes.

Los criterios asentados por la Comisión sobre estos ámbitos muestran el alcance, la repercusión y, en definitiva, la virtualidad de los principios de ética judicial y su incidencia en el ejercicio del derecho fundamental a la libertad de expresión de los jueces en las redes sociales. Ciertamente, los principios de ética judicial no pueden ser exigidos, en un plano ético, a los miembros de la judicatura, pero, si nos trasladamos al ámbito del derecho, algunos de esos principios, como son la imparcialidad e independencia, suponen una limitación en el ejercicio de aquella libertad.

De ahí que no debe subestimarse la inobservancia de los principios de ética judicial por no conllevar una responsabilidad legal, ya que ello no es óbice para que los principios deban ser apreciados y considerados por los miembros de la judicatura. Estos principios influyen en los comportamientos que lleva a cabo un juez, algunos de ellos con trascendencia en el ámbito del ejercicio de la libertad de expresión, estableciendo unas directrices o esquemas básicos de actuación que deberían ser asimilados por este.

Por tanto, la participación de los jueces en las redes sociales debe estar presidida por una valoración y ponderación de los principios de ética judicial. La observancia de estos supone una autoexigencia por parte del juez, como medio para evitar situaciones que menoscaben la dignidad de la función jurisdiccional y la imparcialidad, independencia e integridad de los miembros de la judicatura. Ayudará a robustecer la confianza de los ciudadanos en la justicia, pues la asimilación de dichos principios, su observancia, puede servir para evitar que se generen situaciones claudicantes: con ello se alcanzaría un equilibrio entre el ejercicio de ese derecho fundamental y el deber de neutralidad que es exigible a un juez al ostentar una posición cualificada dentro de uno de los poderes del Estado.

En este orden de ideas, la praxis observada en los distintos pronunciamientos de la Comisión muestra que, de un lado, la utilización de seudónimos por parte del juez en las redes sociales no le exime de mostrar la diligencia debida, en aras de preservar los principios de independencia, imparcialidad e integridad. De otro, que las redes sociales no deben servir de vehículo a los jueces para realizar críticas a instituciones, personas, decisiones judiciales o actos de naturaleza política, pues ello puede estar revestido de un posible afán de protagonismo o ser una forma inapropiada de mostrar disconformidad. Tales conductas comportan un deterioro en el fomento de la confianza y respeto en el poder judicial.

Finalmente, debe destacarse muy positivamente la indudable y necesaria función que los jueces pueden llevar a cabo en las redes sociales al desarrollar una labor pedagógica, en línea con lo establecido en el principio de ética judicial número 20, con el fin de explicar «la ley y el modo en que los derechos fundamentales operan en el seno del proceso».