José María de Luxán Meléndez
Administrador Civil del Estado.
Vocal Asesor en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC)
Durante los meses del Estado de Alarma de 2020 el empleo en la sanidad pública ha crecido de forma muy considerable, prácticamente ha reclutado a todos los profesionales de la salud disponibles, pero este incremento ha estado lastrado por el alto número de sanitarios afectados por el COVID-19.
Frente a la idea del fracaso de las instituciones públicas (Casals & Ramió; El País 12/6/2020), puede señalarse que, dadas las restricciones de las políticas públicas, la sanidad pública ha demostrado una notable capacidad organizativa para movilizar los recursos disponibles y enfrentar una emergencia de salud de enormes proporciones. Por el contrario, en los meses de la pandemia, en materia laboral, la respuesta de la sanidad privada ha sido una disminución del empleo. Y, además, pese a sus carencias, el sistema de información sobre el empleo, específicamente la estadística de la Seguridad Social ofrece una serie relevante para valorar la variación mensual del empleo público.
En febrero de 2020, antes de la crisis ocasionada por el COVID-19, la sanidad española contaba con 1.005.558 empleos, de ellos un 67% en el sector público. Dos meses después, en abril, durante las semanas más agudas de la pandemia, con respecto a febrero, la sanidad pública contó con 34.041 empleos netos adicionales, mientras que, la sanidad privada redujo sus efectivos en 7.292. Al mes siguiente en mayo, la sanidad pública redujo la plantilla en 4.590 empleos, al tiempo que la privada, con 3.827 empleos menos, siguió disminuyendo.
Para valorar el alcance de la expansión del empleo en la sanidad pública, un 5%, y de la reducción en la privada, -2%, debe tenerse en cuenta que, en la serie de la Seguridad Social, si se exceptúan los fallecidos, se contabilizan los profesionales sanitarios con COVID-19, fueran de la sanidad pública, de la privada o de centros sociosanitarios, que el 10 de mayo eran 40.961 (Equipo COVID-19. RENAVE. CNE. CNM (ISCIII). Análisis de los casos de COVID-19 en personal sanitario notificados a la RENAVE hasta el 10 de mayo en España. 29-05-2020). Una parte de ellos durante una o dos semanas, y otros más tiempo, entre marzo y abril, estuvieron de “baja laboral” por incapacidad temporal, o en todo caso en cuarentena en su domicilio. Una situación que implica una reducción del número “efectivo” de empleados, y aunque el volumen de sanitarios con COVID-19 que recogen los informes del Ministerios de Sanidad, no sea directamente deducible del promedio mensual de afiliación diaria a la Seguridad Social, indirectamente, esta cifra aporta información sobre el número efectivo de sanitarios, de manera que, en abril pese al notable incremento del empleo público, este pudo no ser significativamente superior a la plantilla del mes de febrero.
Sin embargo, si se tiene en cuenta la evolución previa del empleo en sanidad, cabe plantear que, entre marzo y abril de 2020, el sistema sanitario no tenía capacidad real de incorporar, de manera inmediata, muchos más profesionales sanitarios de los que efectivamente incorporó.
En primer lugar en los años anteriores, entre 2014 y 2019, se ha producido un incremento sostenido del empleo. La sanidad pública ha pasado de 593.552 empleos en octubre de 2013 a 689.962 en diciembre de 2019, un incremento del 16%, mientras que en la sanidad privada fue del 26%. Este crecimiento le ha permitido absorber una parte importante de la demanda de empleo sanitario, piénsese que en el cuarto trimestre de 2019 el paro en este ámbito (Actividades sanitarias y de servicios sociales en la EPA) era del 4,6%, una tasa inferior en casi dos puntos a la del primer trimestre de 2014 y mucho más reducida, menos de la mitad, que la del segundo trimestre de 2012, cuando llego al10%. En este periodo se ha incrementado el peso de la sanidad privada, medido por el volumen de empleo, que ha pasado de un 30,4% a un 32,4%.
En segundo lugar, en la sanidad, sobre todo en el ámbito público, el empleo evoluciona conforme a una pauta temporal que se ajusta según el calendario laboral. Mediante contratos de corta duración se incorpora, en una actividad continua, cierta proporción de trabajo estacional. Una pauta de conducta que encuentra justificación en razones organizativas y eventualmente en una reducción de costes laborales. De manera que, hasta febrero de 2020, en los primeros meses del año, la variación mensual del empleo ha sido reducida, una tendencia que, al compás de las vacaciones laborales, contrasta con la expansión del empleo sanitario en verano y su inmediata contracción en otoño.
En un contexto de crecimiento del empleo, en los meses de vacaciones, entre junio y agosto, de media la sanidad pública se venía incrementando en 61.000 empleos, un 10%, un volumen que se reduce entre septiembre y octubre, meses en los que de media disminuye en 45.000 empleos, un 7%. Mientras que, en el ámbito privado se acumula una ampliación de 8.454 empleos, un 2,9% de la plantilla de mayo, que se reduce, en septiembre y octubre, meses que cuentan con 3.315 empleos menos.
Si tenemos en cuenta exclusivamente los meses inmediatamente anteriores a la pandemia del COVID-19, el número de profesionales sanitarios que salió del empleo público entre septiembre y octubre de 2019, fue de 33.469, cifra muy semejante a los 34.041 empleos netos adicionales con los que conto en abril de 2020.
En los próximos meses veremos si en el empleo público sanitario se mantiene la línea descendente anunciada en mayo o si se consolida la contratación extraordinaria realizada durante la pandemia, e igualmente podremos observar si continua la estacionalidad sanitaria y de nuevo en verano, con las vacaciones laborales, otra vez se incrementa el empleo para reducirse inmediatamente en septiembre-octubre.
La Encuesta de Población Activa (EPA) y los de la Seguridad Social son semejantes. En promedio entre 2014 y 2019 la EPA cuenta trimestralmente con 1,4% adicional al número de empleados sanitarios recogidos en el Régimen General de la Seguridad Social. En esta nota se considera la serie del promedio mensual de afiliación diaria al Régimen General de la Seguridad Social, lo que excluye a los profesionales sanitarios del sector público del ámbito de la MUFACE o de ISFAS, y tampoco se incluye el Régimen Trabajadores Autónomos.