Lluís Subiela Investigador predoctoral en formación del departamento de Derecho Político de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
5 de mayo de 2026
El 30 de enero de 1933 el presidente del Reich, mariscal Paul von Hindenburg, designó a Adolf Hitler canciller. La República alemana llevaba años inmersa en una espiral de inestabilidad política, crisis económica y social y creciente violencia entre las organizaciones paramilitares. En menos de doce meses, Alemania pasó de ser una democracia multipartidista, con hasta 14 partidos representados en el Reichstag tras las elecciones de noviembre de 1932, a un régimen de partido único en el que el Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, NSDAP) y el estado quedaron plenamente identificados. Merece la pena abordar con cierto detalle cómo se llevó a cabo el desmontaje del sistema multipartidista y qué instrumentos jurídicos utilizó el nacionalsocialismo para ello.
De manera preliminar, conviene señalar que desde 1930 se habían sucedido distintos gobiernos nombrados por el presidente del Reich que no contaban con la confianza del parlamento y que solo eran capaces de sacar adelante medidas por medio del uso de los poderes de emergencia que la Constitución reconocía al jefe del estado. El art. 48 de la Constitución de Weimar (CW) autorizaba al presidente, en casos de perturbación grave o amenaza para la seguridad y el orden públicos, a adoptar las medidas necesarias para su restablecimiento, lo que incluía el recurso a las fuerzas armadas o la suspensión de determinados derechos fundamentales.
En 1932 se celebraron dos elecciones parlamentarias en las que resultó ganador el NSDAP, aunque sin mayoría suficiente. Ante la imposibilidad de formar una coalición sólida que diese apoyo estable al ejecutivo se mantuvo la situación de gobiernos nombrados por el presidente sin la confianza del parlamento. Finalmente, el 30 de enero de 1933 se formó una coalición entre el NSDAP y el Partido Popular Nacional Alemán (Deutsche Nationale Volkspartei, DNVP); aunque ambos partidos carecían de apoyos suficientes en el Reichstag, el presidente Hindenburg nombró a Hitler canciller del Reich. Comenzó entonces una actividad política y jurídica orientada a perseguir a la oposición.
El 2 de febrero de 1933, tan solo dos días después de la llegada de Hitler a la jefatura del ejecutivo, se aprobó un decreto de urgencia para la protección del pueblo («Decreto del Presidente del Reich sobre la protección del pueblo alemán») que restringió las reuniones políticas al aire libre y, con ello, dificultó enormemente las actividades de determinados partidos, especialmente del Partido Comunista de Alemania (Kommunistische Partei Deutschlands, KPD) y del Partido Socialdemócrata de Alemania (Sozialdemokratische Partei Deutschlands, SPD).
En el mismo mes, el día 27 se incendió la sede del parlamento en Berlín, el edificio del Reichstag. Aunque a día de hoy no se ha podido esclarecer quién provocó el fuego, en aquel momento se responsabilizó a un anarquista de izquierdas neerlandés, Marinus van der Lubbe. La adscripción ideológica del detenido sirvió de pretexto para que los nazis acusasen a los comunistas de estar detrás del incidente y lanzar una campaña de descrédito contra ellos. A consecuencia del siniestro, al día siguiente se aprobó el Decreto del incendio del Reichstag («Decreto del presidente del Reich sobre la protección del pueblo y del Estado»), que restringió numerosos derechos fundamentales.
Dado que el gobierno no contaba con mayoría parlamentaria, el presidente había disuelto el Reichstag tras nombrar a Hitler canciller. Las nuevas elecciones se celebraron el 5 de marzo, en un clima de tensión y con la mayoría de las libertades democráticas suspendidas a través del Decreto del incendio o comprometidas por el clima de tensión y violencia política. El NSDAP fue el partido vencedor de los comicios, aunque nuevamente falló en su intento de obtener la mayoría absoluta, por lo que Hitler tomó la determinación de gobernar sin el parlamento. Pero para lograrlo necesitaba reformar la Constitución, lo que –de acuerdo con el art. 76 CW- requería el voto a favor de dos tercios de los diputados. Tras negociar con el DNVP y con el Partido del Centro (Zentrumspartei), el Reichstag aprobó, con 444 votos a favor y 94 en contra, una ley habilitante («Ley para paliar la situación de emergencia del pueblo y del Estado») por la que transfería al gobierno la potestad legislativa y le permitía promulgar leyes y decretos sin la sanción del presidente. Además, según la ley habilitante, las leyes que aprobase el gobierno podrían contradecir la Constitución, siempre y cuando no afectasen al régimen del Reichstag, del Reichsrat y a los poderes del presidente.
Con respecto a los partidos, en primer lugar, tras el incendio del Reichstag miles de comunistas fueron detenidos (incluidos muchos de sus diputados) y sus actividades suspendidas en virtud del Decreto del incendio. De hecho, se impidió a los parlamentarios del KPD ocupar los escaños obtenidos tras las elecciones. Finalmente, se embargaron las propiedades del partido mediante la Ley de confiscación de los bienes comunistas de 26 de mayo.
Posteriormente, el 22 de junio se decretó la disolución del Partido Socialdemócrata de Alemania, al que se acusó de ser un partido enemigo del pueblo y del estado. También se ilegalizaron los sindicatos afines y la organización paramilitar del SPD, se prohibieron sus publicaciones y, además, sus bienes fueron incautados. El 7 de julio de 1933, mediante el Decreto sobre la seguridad del gobierno, los diputados del Partido Socialdemócrata perdieron sus mandatos parlamentarios.
Entre finales de junio y principios de julio tuvo lugar, bajo condiciones de amenazas, presiones, detenciones y terror, la disolución voluntaria del Partido del Centro, de los partidos liberales y de otros partidos de la derecha, cuyos miembros tendieron a adherirse al NSDAP. Finalmente, el 14 de julio de 1933 se aprobó la Ley contra los nuevos partidos («Ley contra la creación de nuevos partidos»), que –tal y como evidencia su nombre– prohibió la formación de nuevas organizaciones partidistas, castigándolo con penas de prisión. La Ley declaraba al Partido Nazi como el partido único de Alemania.
Por último, el 1 de diciembre de 1933 se aprobó la Ley de garantía de la unidad del partido y del Estado, que afirmaba el triunfo de la «revolución nacionalsocialista» y declaraba que el Partido Nazi era el único sujeto capaz de encarnar la voluntad del estado. En consecuencia, proclamaba formalmente la vinculación entre el NSDAP y este, lo que se reflejaba en el establecimiento de distintas medidas, como la constitución del partido como entidad de derecho público, la incorporación de distintos cargos nazis (como el jefe de las SA) al gobierno del Reich o el establecimiento de un fuero específico para los miembros del partido y de su organización paramilitar.
Así pues, en un período de menos de un año, Alemania pasó de ser una república parlamentaria multipartidista a convertirse en un régimen dictatorial de partido único, con una identificación plena entre el estado y el NSDAP. De la experiencia de Weimar llaman la atención muchos aspectos de los que tanto se ha escrito, pero, en lo que tiene que ver con la desaparición del pluralismo político, sorprende la rapidez con la que se produjo y cómo en dicho proceso el derecho sirvió para intentar legitimar la persecución del oponente y la aniquilación de la democracia de partidos. A pesar de que los nazis utilizaron todo tipo de artimañas para condicionar la competición electoral a su favor, no consiguieron obtener la mayoría absoluta en ninguna de las elecciones. Fracasados en su empeño y constatado que la democracia parlamentaria era un obstáculo para la toma del poder en su totalidad, no dudaron en deshacerse del parlamentarismo y de los actores que le insuflaban vida, los partidos. Estas organizaciones, si bien de alguna manera también habían sido responsables de que la democracia de Weimar no cumpliese las expectativas depositadas en ella, garantizaban un pluralismo social que obstaculizaba el control total de la sociedad al que aspiraban los nazis. Eliminados el parlamento y los partidos, en diciembre de 1933 el camino había quedado despejado para ello.
Los nazis consiguieron desmantelar la democracia alemana sin derogar formalmente la Constitución republicana de Weimar. Con ese hecho en la retina, cuando 16 años después los constituyentes se reunieron en Bonn para dotar a Alemania occidental de una nueva Ley Fundamental, estaban convencidos de que la nueva constitución debía contar con garantías que asegurasen el pluralismo político, reconocido en el art. 21.1.1 LF (que se refiere a los partidos en plural), y que evitasen la llegada al poder nuevamente de un partido totalitario. Así pues, la Ley Fundamental recoge la idea de que la democracia debe poder defenderse frente a sus enemigos, es decir, de que debe ser una «democracia militante» (wehrhafte o streitbare Demokratie) y la concreta en distintos instrumentos, como la prohibición de determinados partidos por el Tribunal Constitucional Federal (art. 21.2 LF) o la imposibilidad de eliminar el carácter democrático del Estado en una reforma constitucional (art. 79.3 LF).
En ese sentido, la constitucionalización de los partidos políticos, plasmada en el art. 21 de la Ley Fundamental, también puede entenderse como un instrumento de la democracia militante y como una garantía para asegurar que la formación de la voluntad política se da en un proceso libre y abierto y no como resultado de la identificación entre el Estado y un partido único. Ello no impide que la democracia militante sea, en cierto modo, una expresión contradictoria, pues supone aceptar la restricción de la libertad para determinados individuos u organizaciones en favor de la libertad de todos o de la mayoría. En concreto, en 75 años de vida de la Ley Fundamental y de la República Federal de Alemania solo se han prohibido dos partidos: en 1952 se ilegalizó el Partido Socialista del Reich (Sozialistische Reichspartei, SRP), de ideología neonazi; y en 1956 fue declarado inconstitucional el KPD. La protección del pluralismo y el recurso a la prohibición de organizaciones partidistas como garantía de la democracia siguen siendo cuestiones de actualidad en Alemania, especialmente en el contexto de los cambios en el sistema de partidos y la consolidación de formaciones radicales.
A pesar de las profundas transformaciones políticas, sociales y tecnológicas, conocer la historia, en general, y la experiencia de Weimar, en particular, puede seguir útil hoy para comprender cómo mueren o sobreviven las democracias.
Lluís Subiela ha sido entre febrero y mayo de 2026 ha sido investigador visitante en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto de investigación PID2021-124531NB-I00 “El Estado de partidos: raíces intelectuales, rupturas y respuestas jurídicas en el marco europeo”.