Ana M. Jara Gómez. Profesora de Filosofía del Derecho en la Universidad de Granada.
En lo que se refiere a personas que retornan a sus lugares de origen tras un conflicto armado, los casos de Kosovo y Bosnia Herzegovina son marcadamente diferentes y a la vez parecidos y son relevantes por el elevado número de personas que fueron desplazadas por los conflictos, por el carácter identitario de los desplazamientos y porque sus cambios políticos, tras esos conflictos, son enormes y reconfiguran el mapa de Europa.
En ambos caso era imposible retornar a una sociedad yugoslava que no volvería a existir, a los seres que una vez la habitaron o a los lugares y edificaciones que conformaban el paisaje antes de la guerra. Este hecho causa en los desplazados y retornados un sentimiento de nostalgia y tensión asimilable a vivir en el limbo, sin saber dónde estarán en el futuro, si encontrarán su hogar tal y como lo entendían y sin control ni poder sobre ninguno de estos elementos, que resultan para ellos impredecibles.
Se había de volver, en casi todos los casos, a las penurias propias del tiempo de posguerra, y, en otros muchos casos, a un territorio ahora conquistado y ocupado por el enemigo tras innumerables masacres, campos de violaciones brutales y crímenes de toda clase.
Las penurias propias de este tiempo de posguerra en los Balcanes eran, y siguen siendo, sobre todo, económicas.
Es difícil retornar a una situación económicamente tan penosa y difícil. Y, sin embargo, a pesar de estos datos, no todos los retos para el retorno son económicos, existe un listado importante de factores relevantes que tienen que ver con dos factores: el trauma y el odio.
Los traumas causados por los conflictos y la violencia, aunque difíciles de discutir desapasionadamente o de medir en términos comparativos, provienen de 1) ser testigo del asesinato de otros, a veces familiares cercanos, amigos y vecinos; 2) de la amenaza de violencia y el miedo a la violencia, tenga esta lugar o no; 3) del desgarro de los ideales y la fe en una nación, una ideología, o el valor de la amistad entre vecinos; y 4) del conocimiento de que las cosas normales y cotidianas que se aprecian, dan sentido a la vida y se dan por sentadas se han disuelto en la nada.
En este sentido, el trauma del conflicto es omnipresente en Bosnia Herzegovina y más leve, comparativamente, en Kosovo. Ambas sociedades miran al futuro de manera extraordinariamente diferente: Bosnia con la pesadumbre de tener que compartirlo con su verdugo y Kosovo con la esperanza del bienestar, el progreso y la completa pertenencia a Europa en un futuro a medio plazo.
La Constitución que los Acuerdos de Dayton establecieron para Bosnia Herzegovina, disponía una estructura de instituciones comunes del Estado basadas en la equidad y paridad de representación de bosnios, croatas y serbios, definidos colectivamente como comunidades. Una presidencia colectiva de tres presidentes, uno bosnio, uno croata y uno serbio, una Cámara de Representantes y una Cámara de los Pueblos deben tomar decisiones sobre cuestiones relevantes para todo el país, aunque en la práctica no pueden, porque no pueden consensuar nada.
El Anexo VII de los Acuerdos de Dayton establece que “(t)odos los refugiados y las personas desplazadas tienen derecho a regresar libremente a sus hogares originarios. Tienen derecho a que se les restituya la propiedad de la que se les privara en el curso de las hostilidades desde 1991 y a que se les compense por cualquier propiedad que no les pudiera ser restituida”.
Fueron necesarios tres planes sucesivos, mediante los cuales las autoridades locales pudieran ir asumiendo el control del retorno de forma progresiva. Sería, sin duda, interesante, tomar en consideración las motivaciones potenciales que se hallan detrás de la insistencia en la importancia del retorno de los refugiados, que, a menudo, ha obligado a dejar de lado toda consideración individual. Tal vez las razones humanitarias son imperativas, o quizá los países receptores de refugiados quieren potenciar la salida de estas personas de sus propios Estados por motivos económicos, políticos o incluso raciales, tal vez es la manera de evitar regímenes totalitarios en Estados que tras la guerra han quedado políticamente frágiles. O tal vez se pretendía revertir lo irreversible: deshacer la limpieza étnica.
El primer plan dio lugar al regreso de más de 500.000 personas a sus lugares de origen en los cinco años posteriores a la guerra, hasta el 2000. Estos retornados se dirigieron principalmente a zonas en las que su colectivo étnico era el predominante (este fenómeno se conoce como regreso de las mayorías), con el resultado de que pasaban a ser desplazados internos permanentes. Los regresos de las minorías ‒personas desplazadas que ahora serían una minoría étnica en sus lugares de origen‒ solo repuntaron a principios de la primera década del s. XXI y no muchos años después estaba claro que la mayoría de los retornos no eran tales. La gente regresaba a su lugar de origen y se censaba allí sólo para reclamar sus bienes inmuebles con el fin de luego venderlos, o mantenerlos como segunda residencia, o para ejercer sus derechos políticos con la finalidad de cambiar el desequilibrio étnico institucional.
Cuando se comprobó que principalmente se había producido retorno de las mayorías, se esbozó el segundo plan. Las condiciones para el retorno a menudo estaban lejos de ser propicias y, en algunos casos, había que superar la resistencia violenta de las autoridades locales. En esta fase, unas 470.000 personas regresaron o se les devolvieron o reconstruyeron sus propiedades, también mediante el mecanismo del Plan de Implementación de la Ley de la Propiedad. Esta es una cifra donde debemos pararnos, una cosa es regresar y otra diferente que la propiedad sea reconstruida o restituida. No dudamos de que la devolución de las propiedades a sus dueños originales fuera bien, sin embargo, el regreso de la gente a sus hogares no lo fue tanto. Y el principal problema de regresar era la reconstrucción y la reintegración de las personas en el conjunto de la ciudadanía, no la reposesión.
El tercer y último plan comenzó con la formulación de una Estrategia Revisada para la implementación del Anexo 7, que incluía la aceptación de que muchas de las familias desplazadas más vulnerables no podían regresar y debían recibir asistencia para llegar a una solución en su actual lugar de desplazamiento.
Respecto a Kosovo, cuando terminó la guerra, la encargada de su gobierno y administración, como un protectorado, sería la misión de Naciones Unidas UNMIK. La administración UNMIK tuvo que hacer frente a un listado ingente de problemas, entre ellos el retorno de los refugiados y los desplazados internos. Especialmente relevante, por sus dimensiones y complejidad, la cuestión del destino de las propiedades abandonadas por los serbokosovares, que habían huido de Kosovo en 1999. Éstas habían sido, a menudo, ocupadas por albaneses, vendidas a precios ridículos o puestas bajo control de la fuerza de la OTAN (KFOR) para prevenir su ocupación. UNMIK ha sido muy criticada al respecto por su gestión de este asunto, pero ha de reconocerse que su acción estaba seriamente obstaculizada por la destrucción de los registros de propiedad.
Naciones Unidas nombró a Martti Ahtisaari como Enviado Especial para dirigir el proceso político sobre el futuro estatus jurídico de Kosovo y a Albert Rohan como adjunto en 2005. En 2007 Albert Rohan entregó al Secretario General la Propuesta Integral Final para el Establecimiento del Estatus Jurídico de Kosovo (Plan Ahtisaari). Se trataba de un plan para que Kosovo se independizara, protegiendo al mismo tiempo a la minoría serbia. Este documento nunca fue aprobado pero se convirtió en parte de la Constitución de Kosovo. En ella se reconoció el carácter multiétnico del Estado y se proporcionaron garantías especiales a la población serbia de Kosovo, incluida la creación de nuevos municipios donde existían mayorías serbias. Dado que el gobierno municipal es la única instancia de organización política aparte del gobierno central, esto permitió a las comunidades minoritarias un control sustancial y poder político y social. También se adoptaron medidas de protección a nivel nacional, como la reserva de escaños en el Parlamento para las comunidades minoritarias y un compromiso para permitir el uso del idioma serbio en las oficinas y documentos gubernamentales.
Los municipios del norte del país están muy cercanos física y políticamente a Serbia, tienen mayoría de población serbia (Leposavić, Zubin Potok, Zvecan y Mitrovica norte) y no proporcionan datos sobre sus índices de retorno. Sin embargo, hay otros municipios serbios de Kosovo de los que sí se dispone de datos: Novo Brdo, Gracanica, Ranilug, Partes y Klokot. Todos ellos son municipios de mayoría serbia creados por el Plan Ahtisaari que están bajo el control del Gobierno de Kosovo.
Un porcentaje de la población serbia ha decidido regresar a Kosovo y lo ha hecho a algunos de los municipios menos poblados del país, donde hay pocas oportunidades de empleo, pero un número significativo de miembros de la misma etnia. Esta demostrada preferencia por el retorno a enclaves étnicos es un hallazgo importante.
Casi desde el final de la guerra, y desde múltiples organizaciones internacionales relevantes, se afirma que la libertad de movimientos de los serbios de Kosovo se ha ido ampliando y la seguridad ha mejorado aunque, a pesar de esto, no se ha logrado gran cosa a nivel de integración social y cultural, ni existe comunicación fluida entre los ciudadanos ni los representantes de las dos comunidades. La conclusión parece ser, invariablemente, que una mejor interacción entre albaneses y serbios mejoraría el sentimiento de seguridad. Redactado con técnicas más elaboradas o con mayor o menor reproche, puede encontrarse esta fórmula en múltiples documentos e informes internacionales referentes a otros tantos conflictos. Se da por sentado que la interculturalidad de la vida social y política es útil y necesaria en cualquier periodo de posguerra, entre las partes que se enfrentaron en el conflicto. Esta es una afirmación que podemos tratar de combatir, al menos como verdad autoevidente y generalizable.
La seguridad y la sociedad disponibles en los enclaves étnicos aísla a los miembros de la experiencia política más amplia y en Kosovo, donde algunos de esos enclaves tienen reconocimiento político y liderazgo minoritario, los enclaves permiten una experiencia local muy diferente de la política a nivel nacional. Si bien el aislamiento puede no ser deseable en lo que respecta a la reconciliación entre grupos étnicos, permite a las personas sentirse seguras en su entorno cotidiano. Las comunidades de enclave fomentan el retorno mediante la promesa de estar rodeadas de miembros de la misma etnia, abordando la doble necesidad de sociedad y seguridad.
Ya Hannah Arendt había explicado que las personas sin derechos no son aquéllas privadas de la vida o la libertad. Las personas sin derechos son, para Arendt, las que ya no tienen comunidad.
En este sentido, no solo la seguridad sino también el poder político, aunque sea tan pequeño como la representación de un enclave, significa la posibilidad de controlar los mecanismos de cambio y luchar por los beneficios de la comunidad de retornados. Se trata de neutralizar la ruptura de las relaciones con las nuevas instituciones de gobernanza y normalizar lo que el conflicto y el exilio hizo casi impensable: el juego político y económico.
La batalla contra la diversidad no tiene lugar exclusivamente en la separación cultural rígida entre facciones, se produce también en otros ámbitos que deben visibilizarse y a los que no conviene restar importancia. El empobrecimiento generalizado y el desempleo son fuente constante de identidades excluyentes, la ausencia de protección social –pensiones, sanidad- y de cultura educativa –teatros, bibliotecas, cines, museos etc.- fomenta la discriminación y el odio. La batalla contra la diversidad se libra en las escuelas, la muy escasa inversión en capital humano e infraestructuras para escuelas e institutos impide que las nuevas generaciones superen los viejos odios y, por último, la construcción de democracias que generan corrupción, parálisis y confusión no sirve para favorecer la coexistencia pacífica. La fragmentación de la organización institucional ya sea nacional o internacional, ralentiza la toma de decisiones y entorpece la coordinación.