Autor
Palabras clave
Inmigración, espacio de libertad, de seguridad y de justicia, retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular, derecho de la Unión europea y derecho penal interno de los Estados miembros, pena de prisión
Resumen
En esta sentencia, el TJUE aborda la cuestión de la compatibilidad con el Derecho de la Unión, y en particular con la Directiva 2008/115/CE, de una normativa nacional que prevé una pena de prisión para los nacionales de terceros países en situación irregular en caso de incumplimiento de una orden de salida del territorio de un Estado miembro. El Tribunal afirma la incompatibilidad en cuanto dicha pena podría perjudicar a la instauración de una política eficaz de expulsión y de repatriación de los nacionales de terceros países en situación irregular, objetivo pretendido por la Directiva. Sin embargo, el razonamiento del Tribunal no convence del todo, principalmente porque la misma Directiva, en su artículo 2, apartado 2, letra b), prevé que en presencia de una sanción penal dictada por el derecho nacional, la Directiva no se impone en sentido absoluto.
Keywords
Immigration, area of freedom, security and justice, return of illegally staying third-country nationals, European Union Law and national Criminal Law, prison sentence
Abstract
In this judgment, the CJEU examines the compatibility with EU Law, in particular with Directive 2008/115/CE, of a national legislation providing for a prison sentence for illegally staying third-country nationals in the event of refusal to obey an order to leave the territory of a Member State. The Court upholds that it is actually incompatible, because such a penalty risks jeopardising the establishment of an effective policy of removal and repatriation of illegally staying third-country nationals, which is the objective pursued by that directive. The reasoning of the Court does not convince completely, mainly because the same Directive, in its Article 2 (2) (b) states that in case of a criminal law sanction, provided by national law, Member States may decide not to apply the Directive.