En un contexto social de crisis ambiental acuciante, la institución de la responsabilidad jurídica aplicada al daño ambiental constituye un importante instrumento de reacción en manos de la administración y la ciudadanía. El trabajo sitúa su punto de atención en el estudio de la posición activa que desempeña la administración dentro del sistema de responsabilidad ambiental y cuyo efectivo desarrollo ha de corresponder a los ciudadanos controlar, con el fin de que todo daño ambiental sea provisto de una solución, incluso en situaciones de incertidumbre alrededor del sujeto responsable del mismo. Se trata en esencia de aunar las bases que posibiliten una administración eficaz en la aplicación de instrumentos normativos idóneos, junto con un cuerpo ciudadano comprometido, concernido y capacitado en la fiscalización de la actuación administrativa, para dar así solución a uno de los problemas que han lastrado el despliegue del Derecho ambiental desde sus inicios: su difícil y nunca completa aplicación práctica.