Autor
Palabras clave
Talidomida
daños
prescripción
amparo constitucional.
Resumen
A través de un Auto de 22 de julio de 2016, el Tribunal Constitucional desestimó el recurso de amparo presentado por la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España, integrada por las personas que nacieron con malformaciones como consecuencia de la ingesta de talidomida por sus madres en los primeros meses de gestación hace más de cincuenta años. En primera instancia, dicha asociación había conseguido una sentencia condenatoria contra Grünenthal Pharma, la distribuidora en España de la compañía alemana que había sintetizado y patentado el principio activo de la talidomida. Sin embargo, tanto la Audiencia Provincial de Madrid como el Tribunal Derecho Privado y Constitución, 31, enero/diciembre (2017), pp. 275-316 Supremo consideraron que la acción estaba prescrita cuando se planteó respecto de los daños permanentes cuya indemnización se solicitaba. Según el Tribunal Constitucional, era manifiesta la inexistencia de una vulneración del derecho a la tutela judicial, pues se había producido una desestimación de la pretensión de fondo y no una denegación del acceso a la justicia.
Keywords
Thalidomide; torts; statute of limitations; constitutional protection.
Abstract
By means of an order dated July 22, 2016 the Constitutional Court dismissed the constitutional appeal for protection of rights lodged by the Association of Victims of Thalidomide in Spain. This is composed of people born with malformations as a result of the intake of thalidomide by their mothers during the first months of gestation more than fifty years ago. In the first instance, the Association of Victims of Thalidomide in Spain had obtained a conviction against Grünenthal Pharma, the distributor in Spain of the German company that synthesized and patented the active substance of thalidomide. However, both the Provincial Court of Madrid and the Supreme Court considered the statute of limitation had lapsed in respect of the permanent damages for which compensation was sought. According to the Constitutional Court, there has been no violation of the right to judicial protection, for there has been a dismissal of the merits of the appeal and not a denial of access to justice.