Palabras clave
Derecho de sufragio activo
discapacidad
Incapacidad
capacidad judicialmente modificada.
Resumen
El art. 3.1.b) de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General admite la posibilidad de que las personas incapacitadas judicialmente puedan ser privadas del derecho de sufragio activo en virtud de una sentencia firme de incapacitación que así lo determine expresamente, discutiéndose, en este trabajo, comentario al Auto del Tribunal Constitucional 196/2016, si ello es conforme a los arts. 23.1 Derecho Privado y Constitución, 31, enero/diciembre (2017), pp. 243-274 y 14 de la Constitución española, así como a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, firmada en Nueva York el 13 de diciembre de 2006, que ha de aplicarse en la interpretación de las normas relativas a los derechos fundamentales, como es el caso del art. 3 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, por exigencia del art. 10.2 de la Constitución española, tanto en sí mismo considerado, como en la aplicación que se haga de dicho precepto por los tribunales ordinarios en consideración a la situación concreta en que se encuentre la persona discapacitada cuya capacidad quede judicialmente modificada en atención a las circunstancias concurrentes en aquella y en su entorno.
Keywords
Right to vote; disability; incapacity; judicially modified capacity.
Abstract
This paper analyses, while commenting Resolution 196/2016 of the Constitutional Court, whether the deprivation of the right to vote of a citizen decided by a Tribunal on grounds of the incapacity judicially declared of that individual, envisaged by article 3.1.b) of Organic Act 5/1985, of 19th of June, on the General Electoral Regime, is compatible, in its wording and its application -with regard to the specific situation and background in which a disabled person may be found-, with articles 23.1 and 14 of the Spanish Constitution and the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, signed in New York on the 13th of December 2006, that has to be applied in the interpretation of norms related to fundamental rights —which is the case of article 3 LOREG-, in accordance with article 10.2 of the Constitution.