El Derecho ambiental ha experimentado un espectacular desarrollo desde sus orígenes a mediados del siglo XX y, sin embargo, puede afirmarse que es un ordenamiento «en crisis», en cuanto no ha conseguido detener el proceso de degradación de nuestro ecosistema derivado del potencial destructivo de la civilización moderna. Los signos de alarma han dado paso a las evidencias y, entre ellas, el cambio climático se ha convertido en un problema acuciante a escala global. Los instrumentos jurídicos internacionales, lastrados por la falta
de medidas para la aplicación coactiva de sus prescripciones, resultan inoperantes para resolver estos problemas, lo que ha llevado a que, en determinados sectores productivos cuyos recursos naturales sufren un riesgo cierto de colapso (como la madera o la pesca), sean las propias empresas quienes apliquen instrumentos de autorregulación empresarial que hoy están cada vez más extendidos y son fomentados por los poderes públicos. El Derecho medioambiental de la Comunidad Europea ha conseguido mejoras en algunos sectores puntuales, pero no ha logrado tampoco que el desarrollo de esta región se cohoneste con la
preservación de sus recursos naturales, y sufre de un grave déficit de aplicación por parte de los Estados miembros. Actualmente, en países como España los poderes públicos están realizando un encomiable esfuerzo para lograr un cumplimiento efectivo de las normas ambientales, pero falta todavía la suficiente conciencia ciudadana sobre la necesidad y la urgencia de acometer las medidas necesarias para invertir la tendencia actual hacia la degradación progresiva de nuestro ecosistema.