Autor
Palabras clave
Electricidad
tarifa
déficit
desviación de poder
prestación patrimonial.
Resumen
La Administración fija la retribución o tarifa por el suministro de la energía eléctrica. Esta tarifa ha de ser «económicamente suficiente». El problema jurídico surge cuando la tarifa fijada por la Administración es económicamente insuficiente. Esta insuficiencia puede deberse bien a razones técnicas (déficit técnico) o políticas (déficit político). en este último caso, la tarifa sería ilegal. sin embargo, es muy difícil, como ha sucedido en el pasado, que un Tribunal acepte que el déficit es político. Siempre ha entendido que no se puede probar que la Administración ha fijado voluntariamente una tarifa insuficiente por razones políticas, económicas, sociales o equivalentes. Pero las últimas Ordenes ministeriales que la fijan reconocen el denominado déficit ex ante, o sea, reconoce que la tarifa que fija no es suficiente. A mi juicio, esto supone la prueba definitiva de que se incumple la legislación. Esta ilegalidad tiene un doble rostro. Por un lado, la tarifa insuficiente incurre en desviación de poder y, por otro, impone a las empresas suministradoras una prestación patrimonial obligatoria sin cumplir con los requisitos constitucionales. Así pues, este artículo está consagrado a los problemas jurídicos del déficit de la tarifa eléctrica, como reza su título.
Keywords
Electricity; energy; price; deficit; illegal.
Abstract
The Spanish Government has the power to decide electricity prices. This price needs to be «economically sufficient». A legal problem arises, however, when the price the government fixes, due eiher to technical or political reasons, is economically insufficient. If it is for political reason, then the price is illegal. Nevertheless, past experience shows that it is very difficult for a court to accept the the deficit is political. But the latest ministerial Orders that decide the price recognise that its price is “insuficient”. In my opinion, this is the definitive proof the the law has not been upheld. This illegal situation has two sides: on the one hand, it involves a misuse of power and, on the other hand, it imposes an obligatory loan upon the utility companies without following the constitutional requisites. This article therefore discusses the legal problems around the electricity price deficit, as its title indicates.