El procedimiento para la protección de los derechos fundamentales. Evolución y disfunciones bajo la Ley 29/1998

Palabras clave
derechos fundamentales
jurisdicción contencioso-administrativa
procedimientos especiales
Ministerio Fiscal
cuestión prejudicial
cuestión de inconstitucionalidad
Resumen
El presente estudio, tras un breve examen de su evolución constitucional y legislativa, examina los principales problemas que en la actualidad plantea el procedimiento especial parala protección de los derechos fundamentales. En particular, además de cuestiones específicas como la posición del Ministerio Fiscal en este proceso, expone las dificultades que encuentra el recurrente para obtener una resolución sobre el fondo, debido a la restrictiva interpretación judicial de los requisitos de admisibilidad establecidos por la Ley 29/1998, así como las dilaciones que en ocasiones sufre su tramitación, lejos de los principios de preferencia y sumariedad que han de inspirar su regulación. Como soluciones se proponen la adopción de una forma eminentemente oral, similar a la del procedimiento abreviado, y la introducción de procedimientos específicos allí donde la mayor urgencia de los derechos así lo requiera, aproximando, en cambio, la tutela de los demás a los mecanismos ordinarios. El trabajo se cierra con un vistazo a la incidencia de procedimientos incidentales, como el de medidas cautelares, la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la cuestión de inconstitucionalidad.
Keywords
Fundamental rights; administrative jurisdiction; special procedures; Public Prosecutor; preliminary question; question of unconstitutionality
Abstract

This study, after a brief review of its constitutional and legislative developments, examines the main problems currently posed by the special procedure for the protection of fundamental rights. In particular, as well as specific issues such as the position of the Public Prosecutor in this process, explains the difficulties encountered by the applicant to obtain a decision on the merits —due to restrictive judicial interpretation of the admissibility requirements laid down by Act 29/1998— and the delays that sometimes suffers its passage, far from the principles of preference and quickness that must inspire their regulation. As solutions we propose the adoption of a predominantly oral form, similar to the abbreviated procedure, and the introduction of specific procedures where the urgency of the rights so requires, while the protection of the others is approached instead to the ordinary mechanisms. The work closes with a look at the incidence of incidental proceedings, as precautionary measures, the question before the Court of Justice of the European Union and the question of unconstitutionality.