Tradicionalmente, la financiación de infraestructuras fue considerada como una medida general de política económica que no podía ser controlada por la Comisión Europea. El comportamiento de las Administraciones en la gestión de sus infraestructuras genera un cambio de criterio. Ahora es necesario analizar las inversiones públicas bajo las reglas de las ayudas de Estado. Ello se debe a que la gestión y construcción de infraestructuras públicas es una actividad económica desarrollada por una empresa. El presente trabajo describe esa transformación, así como los requisitos y excepciones que se reconocen.