En España, la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas acaba de experimentar algunas modificaciones significativas, como consecuencia del proceso de reforma de los Estatutos de Autonomía. En este artículo se intenta demostrar que muchas de las críticas que han recibido tanto esas nuevas normas como la jurisprudencia del Tribunal Constitucional son, más bien, imputables al propio modelo de competencias que inspira nuestro ordenamiento territorial. Este parte de un reparto de poder que, entre otras dificultades, conduce a potenciar el papel del Tribunal Constitucional como guardián del pluralismo territorial. Para evitar este resultado es posible incorporar otro tipo de garantías, de naturaleza procedimental, que, sin perder su naturaleza jurídica, pueden desempeñar un papel integrador de la voluntad de las Comunidades Autónomas en el Estado, a través del Parlamento.