La ejecución de sentencias de los tribunales de lo contencioso-administrativo siempre ha estado salpicada de conflictos. La Administración está tentada a resistirse a dar el debido cumplimiento del fallo judicial que le resulta adverso. Los tribunales cuentan con sobrados poderes para vencer la resistencia. Está en juego un derecho fundamental, el de la tutela judicial efectiva, que se extiende hasta la efectiva realización del fallo judicial. En el caso que versa este trabajo, nos encontramos con una dificultad añadida. La política lingüística aplicada por la Generalitat de Cataluña durante muchos años ha desplazado el castellano como lengua vehicular de la enseñanza, impidiendo que conviva con el catalán en la docencia. Algunos padres han reclamado el derecho a la reintroducción. Así ha sido reconocido por el Tribunal Supremo, en numerosas sentencias, y por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. La realización plena y efectiva de tal derecho se ha topado con la resistencia de la Generalitat. En este trabajo describo esta resistencia y las decisiones adoptadas por los tribunales para vencerla, así como analizo los problemas estructurales con los que se enfrenta nuestro sistema de justicia administrativa cuando se trata de la ejecución de sentencias que obligan a la Administración a adoptar decisiones como la de garantizar que el castellano sea la lengua vehicular en la docencia en un 25 % de las horas lectivas.