La contratación administrativa ante la COVID-19

La crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 ha tenido especial incidencia en la contratación administrativa. Primeramente, porque ha debido solucionar el desabastecimiento de determinados suministros básicos para la protección de la salud ante el crecimiento exponencial de la demanda mundial, que en España se ha visto acrecentado por la inicial centralización de las compras y la previsión de requisas, que ha podido disuadir a potenciales contratistas. A tal fin, el legislador de urgencia ha optado por favorecer la tramitación de emergencia, opción que debe respetar los principios exigidos por el derecho de la Unión. Respecto de la contratación ordinaria, se ha debido reaccionar frente a la inicial interrupción de las nuevas licitaciones por la suspensión de plazos acordada con el estado de alarma, a la vez que para los contratos vigentes se han arbitrado medidas para compensar a los contratistas en el caso de que las medidas acordadas hayan imposibilitado cumplir con la prestación. Finalmente, en materia de recursos, se estudia la posibilidad de extender el recurso especial a todos los contratos con independencia de su cuantía, como medio para aliviar el previsible atasco judicial.