El derecho a una buena administración, su exigencia judicial y el privilegio de ejecutoriedad de los actos administrativos. A propósito de la Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo 1421/2020, de 28 de mayo de 2020, recurso de casación 5751/2017

Palabras clave
buena administración
control judicial
ejecución de actos administrativos.
Resumen
El principio y el derecho a la buena administración han sido reconocidos a nivel internacional, europeo y español. El Tribunal Supremo español ha desarrollado una consistente jurisprudencia, siguiendo a la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, afirmando su rango constitucional, la obligación derivada de debida diligencia y debido cuidado administrativo y su incidencia transversal en el derecho administrativo del siglo XXI, incluyendo la autotutela ejecutiva. Precisamente, la Supreme Court decision de 28 de mayo de 2020 se ocupa de esta, realizando una interpretación conforme a la Constitución de la legislación administrativa y fijando un nuevo supuesto de suspensión de la eficacia de los actos administrativos por violación del derecho a una buena administración por ausencia de respuesta a un recurso previamente presentado. Pese a algunas críticas recibidas, creemos que esta sentencia se sitúa en línea con la consistente jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la buena administración y profundiza en el cambio de paradigma que esta supone en el derecho público.
Keywords
Good administration; judicial review; execution of administrative acts.
Abstract
The principle and the right to good administration have been recognized at international, European and Spanish level. The case law of the Spanish Supreme Court has developed a consistent jurisprudence following that of the Court of Justice of the European Union affirming its constitutional rank, the obligation derived from due diligence and due administrative care and its transversal incidence in the administrative law of the XXI century, including the executive paradigm. Precisely, the Supreme Court decision of May 28, 2020, deals with the latter, making an interpretation in accordance with the Constitution of the administrative legislation and setting a new case of suspension of the effectiveness of administrative acts for violation of the right to good administration for lack of response to a previously filed appeal. Despite some criticism, we believe this ruling is in line with the consistent case law of the Supreme Court on good administration and deepens the paradigm shift that this implies in public law.