La posición constitucional de los consumidores

Palabras clave
Consumidor
garantía institucional del mercado
libertad de consumo
directriz de actuación
mandato de protección de los consumidores
límites constitucionales
Resumen
El propósito de este trabajo es extraer las piezas básicas que permiten identificar la posición constitucional de los consumidores. La primera de estas piezas —lo que podemos llamar garantía negativa de los consumidores— es el mercado como institución garantizada en el artículo 38 de la Constitución. La garantía institucional del mercado provee a los consumidores como colectivo de un mínimo de libertad de contratación allí donde existe mercado.
La segunda de las piezas —lo que podemos llamar garantía positiva de los consumidores—es el artículo 51 de la Constitución. En los dos primeros apartados de este artículo se contiene una directriz de actuación en defensa de los consumidores, dirigida a todos los poderes públicos (cada una en el ámbito de sus competencias). Como toda directriz, deja libertad a los poderes públicos en el cómo concretar esa defensa.
La libertad de los poderes públicos en desarrollo de la directriz del artículo 51 de la Constitución no es ilimitada. Tampoco lo es la libertad de consumo que protege el mercado. Señalar los límites en uno y otro caso es también propósito de este trabajo.
Keywords
Consumer; institutional guarantee of the market; consumer freedom; action guideline; mandate to protect consumers; constitutional boundaries
Abstract
The purpose of this work is to extract the basic pieces that identify the constitutional position of consumers. The first of these pieces —what we call negative consumer warranty— is the market as an institution guaranteed by Article 38 of the Constitution. As institutional guarantee, the market provides to consumers as a group a minimum of freedom of contract where there is market.
The second of the pieces —what we call positive consumer warranty— is Article 51 of the Constitution. In the first two paragraphs of this article contains a guideline for action in consumer protection, addressed to all public authorities (each in its fields of competence). Like any guideline, leaves the public authorities freedom on how to realize that defense.
The freedom of public authorities in developing the guidelines of Article 51 of the Constitution is not unlimited. Nor is consumer choice that protects the market. Identify the boundaries in both cases is also purpose of this work.