La proyección del Derecho comunitario sobre el ordenamiento jurídico interno es una proyección que abarca aquella esfera material nacional delimitada por las competencias atribuidas a las Comunidades, y se articula a través de la aplicación estatal de la normativa comunitaria. No obstante, en determinadas ocasiones, el Derecho comunitario llega a incidir también sobre la esfera interna delimitada por las competencias no atribuidas o retenidas por los Estados, una esfera que a priori se encuentra fuera del radio de acción propio del Derecho comunitario. Esta incidencia ultra vires del Derecho comunitario puede producirse por diversas vías o cauces, entre las que se encuentra la tutela de la igualdad de trato. El presente artículo trata de describir, precisamente, la influencia de carácter «comunitarizante» que ejerce la tutela del principio de igualdad sobre aquella parte del ordenamiento interno que es «ajeno» a la aplicación del Derecho comunitario, una influencia que consiste, dicho ahora de forma resumida, en obligar a los Estados a reconocer o a asumir una serie de contenidos normativos comunitariamente establecidos, particularmente derechos subjetivos.