Palabras clave
nulidad de actuaciones
tutela de derechos fundamentales
infracciones procesales.
Resumen
En la STC (1.ª) 43/2010, de 26 de julio, se otorga el amparo porque el Juzgado de Primera Instancia había producido una clara indefensión a los recurrentes, consistente en la imposibilidad de éstos de conocer y comparecer en un proceso ejecutivo en el que resultaban afectados directamente sus intereses, pues se subastó y adjudicó una vivienda de su propiedad pese a haber sido advertido el Juzgado, por diferentes conductos, de que ellos eran los titulares registrales de dicho bien inmueble. La especial relevancia de la STC (1.ª) 43/2010, de 26 de julio —con claras concomitancias con la STC (2.ª) 40/2005, ya que ambas tienen su origen en actos procesales del mismo procedimiento judicial de ejecución, aunque los demandantes de amparo fueran distintos—, radica en resaltar el reforzado protagonismo, en aras de la defensa del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, que ha adquirido el incidente de nulidad de actuaciones, tras la reforma operada en el art. 241.1 LOPJ por la LO 6/2007, de 24 de mayo, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. En efecto, afirma el TC que el incidente de nulidad de actuaciones se ha erigido en el instrumento clave para la tutela del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin indefensión, como última vía que permite la reparación ante la jurisdicción ordinaria, máxime si se tiene en cuenta el nuevo sistema, mucho más restrictivo, de admisión a trámite del recurso de amparo ante el TC (sólo si concurre una «especial trascendencia constitucional»).
Keywords
nullity of procedural acts; protection of the fundamental rights; procedural infringements.
Abstract
This work analyzes a judgment of the Spanish Constitutional Court of 26 July 2010 (No. 43/2010) ruling the case in favour of the petitioner, whose dwelling had been sold in the context of an enforcement procedure, without giving them prior notice of the auction and although they were not the debtors and the Court had been made aware that they were the owners of the housing according to the public registries. This judgment is especially relevant due to the special role granted to a specific procedure, the so-called incidente de nulidad de actuaciones, which is aimed to seek the nullification of judicial decisions and whose prior use before lower Courts is nowadays —after the Amendment to the Spanish Constitutional Court Act that came into force in 2007— a strict condition to those trying to access to the Constitutional Court seeking relief for their fundamental right to access to justice and to a fair trial.