La STC 81/2020, de 15 de julio, ha puesto de relieve nuevamente el conflicto competencial que existe en relación con el alcance de la regulación autonómica en materia de Derecho de obligaciones y contratos. En este caso, el debate se ha planteado desde la perspectiva de la protección animal, al introducir las normas autonómicas limitaciones que afectan tanto al objeto de los contratos, como a los sujetos de los mismos. A partir de tales premisas, el presente estudio tiene por objeto la determinación competencial de los elementos esenciales del contrato que afectan a la protección animal, así como el tratamiento que se ha venido dando por las Comunidades Autónomas. Asimismo, se analizan las novedades que emergen de la reciente legislación estatal sobre la materia, así como sus implicaciones en el ámbito de la distribución de competencias legislativas sobre protección animal.