Este trabajo examina las posibles afecciones, directas e indirectas, positivas y negativas, al honor, dignidad, fama y propia estima que pueden derivar de la acción de los poderes públicos. Tras analizar la bidimensionalidad y evanescencia del honor como objeto del Derecho, se examina la actividad insitucional de enaltecimiento social, encuadrable entre las técnicas de fomento honorífico, y se intenta una clasificación de las figuras premiales a partir del extenso corpus normativo que las regula. Se analizan los tratamientos protocolarios y la regulación de las órdenes civiles y medallas de ámbito estatal, autonómico y local, afirmándose su naturaleza jurídico-administrativa discrecional, y su plena fiscalizabilidad por la jurisdicción contencioso-administrativa. Posteriormente, se examinan las modalidades de la intervención pública negativa sobre el patrimonio honorífico, consistentes en la retirada de distinciones concedidas, las declaraciones de persona non grata, los pronunciamientos incidentales de las resoluciones administrativas potencialmente lesivos del honor, las afectaciones al honor derivadas de actuaciones administrativas sancionadoras y las sanciones
específicamente dedicadas a tachar la reputación del infractor. Finalmente, se presta atención a la consecuencia de las lesiones irrogadas al honor por la actuación de los poderes públicos, el resarcimiento de los daños morales en virtud de la responsabilidad patrimonial de la Administración, criticándose la doctrina del Tribunal Supremo en la materia.