Autor
Palabras clave
jurisdicción contencioso-administrativa
nuevo Código Procesal Contencioso-Administrativo
nueva justicia administrativa
control de legalidad función administrativa.
Resumen
El nuevo Código Procesal Contencioso-Administrativo de Costa Rica (Ley núm. 8508, de 24 de abril de 2006, que entró en vigencia el 1 de enero de 2008) es un instrumento legislativo que introduce una serie de innovaciones en la justicia administrativa de ese país para lograr un control plenario y universal de la legalidad de la función administrativa. Asimismo, las herramientas que incorpora ese instrumento legislativo pretenden humanizar, flexibilizar, acelerar y hacer efectiva la justicia administrativa en la tutela de las situaciones jurídicas
sustanciales de los administrados frente a los poderes públicos. El objetivo fundamental de esta legislación ha sido su adecuación al paradigma constitucional, suprimiendo privilegios formales de las Administraciones públicas y procurando establecer un proceso simétrico.
sustanciales de los administrados frente a los poderes públicos. El objetivo fundamental de esta legislación ha sido su adecuación al paradigma constitucional, suprimiendo privilegios formales de las Administraciones públicas y procurando establecer un proceso simétrico.
Keywords
contentious administrative jurisdiction; new Code of Contentious Administrative Procedure; new administrative justice; control of the legality of the administrative function; action under administrative law.
Abstract
The new Costa Rican Code of Contentious Administrative Procedure (Law 8508 of April 24, 2006 which came into force on January 1, 2008) is a legal instrument, which introduces a number of innovations in the administrative justice of the country to achieve a whole and universal control of the legality of the administrative function. It also incorporates tools that seek to humanize, ease, speed up, and enforce the administrative judiciary in the protection of substantive legal situations of citizens against public authorities. The fundamental objective of this legislation has been its alignment with the constitutional paradigm, removing procedural privileges of the government and seeking to establish a symmetrical process.