La concurrencia de Estados de América Latina y el Caribe como partes de la Convención Americana de Derechos Humanos y del Acuerdo de Escazú exige explorar las interacciones entre estos instrumentos y las implicaciones para la interpretación de las obligaciones estatales en materia de medio ambiente y derechos humanos. Este artículo analiza los solapamientos, las sinergias y los conflictos entre ambos instrumentos y muestra que, a pesar de no estar explícita o formalmente vinculados, comparten un enfoque común para la protección de los derechos humanos ambientales. Concluye que ambos instrumentos constituyen el marco de derechos humanos ambientales para América Latina y el Caribe, cuya principal característica es su pilar de condiciones de equidad para las personas y grupos vulnerables. La búsqueda por la justicia ambiental en la región hace visible que los instrumentos y políticas internacionales sobre desarrollo sostenible y democracia ambiental que no son coherentes con su premisa normativa de igualdad por no compensar la discriminación en la participación son incompletos.