La Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, consolida la especial vulnerabilidad como un factor que activa el funcionamiento de mecanismos específicos para la tutela de las personas que se hallen en tal situación. Entre esos mecanismos destacan los que modulan los procesos judiciales de desahucio, dado que dejan de vincularse a coyunturas de crisis financiera o pandemia. Al contrario, adquieren autonomía normativa, ayudados por las tendencias de interpretación constitucional que se han ido consolidando en la última década y que realzan la efectividad del derecho a la vivienda como principio rector. Este artículo indaga en los desarrollos hermenéuticos que han contribuido a afianzar dichas tendencias desde  el derecho constitucional, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho de la Unión Europea, evaluando su impacto sobre los procesos civiles de tutela de la posesión.